Sin embargo cambió de opinión y el lunes en el Legislativo, explicó que luego de que se conociera públicamente el caso empezaron a publicarse documentos por diversas personas, por medio de las redes sociales, en los cuales se indicaba que la deuda ya estaba pagada. Por ello, dijo, inició una investigación al respecto y concluyó que no es procedente incluir en este momento el monto en mención en el presupuesto.
Son “documentos ya concluyentes con relación a que esa deuda fue saldada en su momento por las personas obligadas”, agregó Donado.
Es una conclusión preliminar la cual espera confirmar la próxima semana, les explicó a los diputados.
Cómo surgió el caso
El monto se deriva de una demanda por US$15 millones entablada por el Banco BNP Paribas, Sucursal Panamá, contra el Estado de Guatemala en 1984 por daños y perjuicios por la falta de pago de la deuda de empresa privada Administración Central, Industrial y Agropecuaria, S. A., propiedad de la familia García-Granados.
El crédito se originó en 1978 y se amplió en 1980 entre dos entes privados, según datos brindados por el Minfin.
El banco decidió demandar tanto al juez séptimo de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, que emitió una orden que permitió a la empresa vender la cosecha de algodón puesta como garantía de la deuda y por la falta de pago del préstamo en esa época, y al Estado de Guatemala.
Dentro del proceso se intentó el embargo a bienes del juez, pero no se logró y posteriormente dicho juzgador murió, según los datos divulgados por el Minfin.
El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, explicó que el caso pasó por al menos 30 instancias judiciales hasta que en enero del 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) sentenció que se debía cumplir con el pago de la deuda basados una orden judicial.
Luego de eso, agregó el ministro, consultaron a la PGN si aún quedaba recursos legales que plantear y al indicárseles que no, procedieron a incluir el monto en mención en un artículo para el Presupuesto del 2020 como un aporte extraordinario al Organismo Judicial, con el fin de cumplir con lo ordenado por el juzgado.
Quién debe aprobar y pagar
La orden judicial va dirigida al Ministerio, expuso Donado. Mientras que Martínez dijo que al incluirlo en el presupuesto el Minfin está cumpliendo.
El Ministro agregó que quedaba en manos del Congreso la decisión de aprobar, improbar o modificar el artículo en mención según el procedimiento que establece la legislación nacional.
Surgen otras dudas
Sin embargo, los parlamentarios de la Comisión de Finanzas solicitaron al Procurador informarles de la conclusión del caso luego de analizar los nuevos documentos. También le solicitaron que analice si la orden judicial a la que se refiere el Minfin también le aplica a dicha Comisión y al Congreso.
Algunos diputados de dicha sala legislativa son de la idea que no se debe incluir en el presupuesto, mientras que otros piden analizar esa implicación para no caer en desobediencia.
Respecto a postura que han surgido acerca de que el reclamo del banco no es la deuda sino el agravio por haber vendido la garantía y no haber pagado a tiempo, el Procurador dijo el juicio que se promovió en su momento fue por el daño que se ocasiona al levantar el gravamen sobre la garantía y sobre eso se ocasiona el daño, pero “si ellos (la empresa) pagaron, porqué nosotros (el Estado) tenemos que pagar el valor que constituía esa garantía”, agregó.
Expuso que hay extremos que deben verificar y comprobar respecto a que si se pagó la deuda y porqué cantidad.
OJ en desacuerdo
Representantes de la asesoría legal del Organismo Judicial, también asistieron a la Comisión de Finanzas del Congreso, y expresaron su desacuerdo se proponga establecerse en el presupuesto los recursos como un aporte extraordinario, además que fijaría un mal precedente para la independencia de ese organismo, entre otros detalles legales.
Agregaron que no se puede demandar al OJ por las resoluciones que emiten los jueces, y que se está recayendo en actos ilícitos.
Además, que PGN debe reclamar la nulidad de este fallo contra el Estado
El procurador por su parte se mostró en contra de los manifestado por los representantes del OJ.
Antes de esta ocasión ya en el 2013 se había ordenado al Ministerio de Finanzas integrarlo al presupuesto como deuda pública, pero se impugnó esa decisión por ese ente indicando que ese caso no entraba en el rubro de deuda pública. Por ello en esta ocasión se decidió colocarlo como un aporte extraordinario al OJ.
Cuestionan sobre Q6 mil millones para APP
Los parlamentarios de la Comisión de Finanzas también cuestionaron tanto al ministro como al director interino de Anadie, acerca de los Q6 mil millones incluidos en la propuesta de presupuesto del 2020 para proyectos de infraestructura con inversión público privada.
En general se propone, con el capítulo 11 de la iniciativa de ley del presupuesto del 2020 agilizar el portafolio de siete proyectos: Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, el Metro Riel, la Modernización, eficiencia y seguridad del aeropuerto Internacional La Aurora, Centro Administrativo del Estado (CAE), Sistema de Transporte Público Masivo y Vía Exprés Nor-Oriente, en los cuales se invertirá US$1 mil 550 millones (unos Q11 mil 261 millones).
El monto incluido en el presupuesto solo va dirigido al proyecto del Metro Riel y la Vía Exprés de Oriente.
Sin embargo, ni el ministro ni el director de Anadie explicaron en la Comisión cuál es el monto que se destinaría para cada uno de estos. La información la enviará posteriormente a los parlamentarios Anadie, agregó Martínez.
El funcionario dijo que se propone emitir Bonos del Tesoro con el fin de financiar los dos proyectos, pero colocarlos y ejecutarlos hasta que el proyecto esté en operación.
Se usan dos modalidades, en el caso del Metro Riel Anadie analizó que el costo por pasajero si la inversión es estatal sería de Q11 por viaje, pero la intención adjudicar a la empresa que proponga menor necesidad de recursos del Estado y menor costo para que ese monto por pasajero llegue a Q4, indicó.
En el caso de la Vía Exprés de Oriente se trabajará con peaje.
Diversos parlamentarios cuestionan que con el capítulo 11 en mención se pretenda buscar por adelantado la aprobación del Congreso de las concesiones que se efectuarán posteriormente.
La ley de APP establece que luego de licitado y adjudicado el proyecto debe pasar por la aprobación o improbación del Congreso.
Martínez dijo que, en casos como el primer proyecto, la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que ya fue adjudicado y que tiene un año de estar en el Congreso, se corre el riesgo de que la empresa demande al Estado, o ejecute las garantías.
Aunque la Ley no establece un plazo en estos casos, las garantías tienen plazo de un año, y de ejecutarla el Estado tendría que pagar. Se arriesgaría a una demanda de Q35 millones, dijo el ministro.
Los diputados cuestionaron que para Anadie también se pide un presupuesto, en el cual se incluye Q25 millones para estudios de factibilidad, por lo que solicitaron más información al respecto.
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