La PGN recurrirá ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la resolución del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con la cual este denegó el jueves pasado la solicitud del Estado.
Lucrecia Pineda, abogada de la PGN encargada del caso, dijo que el criterio de ese ente es que el servicio no puede retomarlo el Estado, ya que no se ha finalizado el revertimiento de bienes porque se encontraron anomalías.
La empresa, que tiene un criterio diferente, dejó de operar el 19 de agosto y las agencias ya no abrieron el lunes 22.
La Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT) está a la espera de que la PGN le informe si puede operar de forma parcial y temporal algunas agencias, indicó Ángel de León, encargado de Relaciones Públicas de ese órgano público.
El contrato permite prórroga sin aprobación del Congreso. La empresa debe operar hasta mayo del 2019.
No se finiquitó el proceso de revertimiento por anomalías detectadas y falta de entrega oficial.
Problemas: situación de agencias, prohibición de transferir ni enajenar bienes del Estado y otros.
Por ahora no les han dado ninguna indicación en esa vía, pero en el escenario de que se apruebe una decisión como tal, la DGCT estaría en capacidad de empezar a operar 31 agencias.
Empezarían por las agencias capitalinas y de cabeceras, pero para ello necesitan tres días para coordinarse y tener al menos a dos personas por agencia, dijo De León.
Durante la semana se acumularon en las bodegas de Combexin 800 sacos de correspondencia del extranjero y 28 mil piezas —paquetes y sobres— en la sede central y de la zona 1.
Criterio de la empresa
Criterio de que la prórroga necesita aprobación del Congreso y que hay una sentencia de la CC.
Ya no es concesionaria del Estado desde que el Congreso la aprobó.
En 90 días, cumplidos el 19 de agosto, se finalizó el revertimiento de bienes y cumplió con entrega de bienes.
