Todo para frenar un negocio mundial que cada año puede llegar a mover hasta 26 millones de toneladas y US$23 mil millones (unos €20 mil 600 millones).
El llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, adoptado por la FAO en 2009 y que requería la adhesión de 25 Estados para entrar en vigor, ya es realidad después de que se hayan comprometido 29 países y la Unión Europea.
Todos ellos representan un 62 % de las importaciones mundiales de pescado y un 49 % de las exportaciones, un buen punto de partida pero no suficiente.
La especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Lori Curtis explica a Efe que “la efectividad del acuerdo aumentará sustancialmente cuantos más países formen parte”.
“Muchos países ya han puesto en marcha las medidas, no es nada nuevo que puedan hacerlo. Lo que cambia es que se vuelve una obligación para ellos”, afirma Curtis, que agrega que, mientras algunos han tratado de adaptar su legislación, otros se han asegurado de que lo tenían todo en orden antes de adherirse.
Los países firmantes deben designar puertos específicos para los buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la inspección a bordo.
“El acuerdo no dice que haya que inspeccionar todos los barcos. Los países deberán definir ellos mismos un nivel de controles suficiente para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de forma efectiva” , destaca Curtis.
Si a un puerto llegan varios barcos de golpe y no pueden inspeccionar todos, las autoridades realizarán una evaluación a partir de la información recibida y, si una embarcación es sospechosa de participar en la pesca ilegal, le pueden negar su entrada u obligarla a ser revisada.
En caso de prohibir el acceso o inspeccionar la nave, los países deben comunicárselo al Estado al que pertenece la bandera y tienen la posibilidad de informar a otras partes, como otros países a los que pueda dirigirse luego el barco en cuestión.
Existe el riesgo de que países como Mozambique o Sudáfrica sean partes del tratado y sus vecinos, al no serlo, pasen a hacer de muelle alternativo para la pesca ilegal.
“Por eso es importante que todos los países con puertos se sumen a ese acuerdo y este se pueda universalizar. Tenemos que asegurarnos de que se implementa”, sostiene Jessica Battle, experta de la ONG conservacionista WWF.
Battle remarca que este tratado para barcos extranjeros nació ante la “frustración” generada porque los países no controlan efectivamente la actividad de las embarcaciones que están bajo su bandera.
Y así sucede en un país firmante como Tailandia, con serios problemas de pesca ilegal y abusos laborales, sobre todo de inmigrantes sin papeles, en sus propios barcos.
El representante tailandés ante la FAO, Sompong Nimchuar, señala que desde mayo del año pasado tienen 28 centros de control para inspeccionar los buques tailandeses, que deben reportar cada vez que entran y salen si pesan más de 30 toneladas brutas, al tiempo que han designado 27 puertos para los extranjeros.
En ese sentido, Tailandia “está desarrollando sistemas electrónicos de trazabilidad para productos pesqueros y animales acuáticos, y para la monitorización de las medidas del Estado rector del puerto con el fin de evitar la entrada de capturas ilegales en la cadena de valor del pescado” .
Importante será que los países compartan información sobre cualquier barco involucrado en prácticas ilegales a través, por ejemplo, de un registro mundial que está en elaboración.
También está previsto que los países en desarrollo que no tengan capacidad para aplicar el acuerdo reciban asistencia técnica.
