El jueves por la noche, mediante una carta enviada a Mario Taracena, presidente del Congreso, Morales pidió la devolución de la iniciativa Ley de Recuperación de la Capacidad Fiscal del Estado, mientras diversos sectores afirman que esta acción demuestra debilidad e improvisación del Ejecutivo.
Justificación
En su cuenta de Facebook, ayer por la mañana, el mandatario afirmó que se pidió la devolución “temporal” para incluir sugerencias que surgieron en el “debate social”, con el fin de financiar salud, seguridad, infraestructura vial y educación.
Más tarde y luego de participar en una actividad en la Academia de Bomberos Municipales Departamentales, Morales afirmó que se analiza retirar el incremento al tributo sobre combustibles e incluir un impuesto para armas y municiones.
Postura
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, expuso las razones del porqué se retiró la iniciativa de reforma fiscal.
¿Cuáles fueron las razones que motivaron retirar el proyecto?
Escuchamos la interacción con diversos sectores que se ha dado luego que se presentó la iniciativa.
Por un lado, escuchamos que el Estado necesita más recursos, pero por el otro, que se necesita una reforma más integral que incluya normas de gasto, presupuesto multianual, normas de ejecución presupuestaria y destino específico.
La reforma era sencilla y práctica, ahora lo que buscamos es retomarla e incluir cosas que habíamos trabajado.
¿Qué se puede incluir?
Otros capítulos que estrictamente no son impuestos para hacer un plan más integral que genere más confianza en la población.
¿Ese plan fiscal saldría para este año?
Existe una buena parte del trabajo que ya está realizado y lo queremos validar con diferentes sectores.
La meta es plantearlo en este período para que cobre vigencia en el 2017, pero vamos analizar los tiempos.
¿Hay desgaste?
Sí, pero por eso también estamos siendo más transparentes.
“Se ha planteado la inclusión de, por ejemplo, el tema de armas y municiones, que no se había incluido. El tema del combustible es un tema sensible, que estamos analizando y verificando”, informó el mandatario.
Para trabajar los cambios, agregó, el Ejecutivo se tomará “el tiempo que sea necesario”, y lanzó varios mensajes al sector empresarial.
“Los impuestos son impuestos, o sea, eso no podemos sacarlo a una discusión, porque lo único que sacaríamos es enfrentar a distintos grupos, y no es esa la función del gobierno”, manifestó.
Agregó: “Yo quisiera que desapareciera el discurso, más por parte de la empresa, como amenaza, de que —como— sube el combustible, suben los productos, porque entonces podríamos decir ‘va, no vamos a subir pues, pero que bajen los precios, porque el combustible bajó, ¿entonces’?”.
El mandatario defendió el hecho de haber presentado la propuesta sin una discusión previa.
“Antes, lo que se hacía era negociar con la empresa y en base a esa negociación se hacían los planteamientos. Hoy, lo que hicimos fue plantearlo ante el Congreso, y la reacción fue una reacción que nunca se había dado, en donde se abre (sic) la discusión con distintos sectores”, afirmó el presidente.
Falta de seriedad
Integrantes del G-40 —grupo de expertos en finanzas— que ayer sostuvieron una reunión con Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), coinciden en que la decisión de retirar la propuesta es positiva, ya que esta carecía de análisis y de fundamento técnico.
Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó, sin embargo, que una de las consecuencias de esa medida será la falta de credibilidad y seriedad del Gobierno en el manejo de la política fiscal.
“Es un golpe duro a la credibilidad, por las posibles enmiendas que se puedan presentar”, dijo.
Maul explicó que el proyecto de la reforma fiscal no contaba con una estructura que la hiciera ideal, además de que no fue discutida.
Eduardo Velásquez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos (Ceur), explicó que tal como se había planteado la reforma, tendría un impacto en la clase media, sobre todo por la intención de gravar a los derivados del petróleo.
“Fue un proyecto mal diseñado, que estaba en detrimento de la clase media, sobre todo cuando hay signos de una baja en la economía”, señaló.
El proyecto que se presentó el 12 de agosto pasado incluía incrementar el IDP en Q3 al galón de gasolina, regular y diésel; además, subir de Q1.50 a Q5 la distribución de cemento e incrementar de 1% al 10% a las regalías por la extracción de oro, plata y platino, así como modificar las tasas del impuesto sobre la renta (ISR).
El plan fiscal tenía un potencial de recaudo de Q5 mil 869.2 millones, además de ofrecer una amnistía fiscal.
Solórzano Foppa dijo que será el Directorio de la SAT el que deberá pronunciarse en los próximos días sobre el retiro del proyecto de reforma fiscal.
El Directorio brindó una opinión favorable a la reforma retirada y que generó oposición de diversos sectores sociales.
Pacto fiscal
Maynor Cabrera, analista de la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes), consideró que el Gobierno deberá de trazar una ruta para abordar la reforma tributaria.
El primer punto, resaltó el investigador, es hacer una revisión integral del gasto público y el destino del dinero y combatir la corrupción estatal.
Luego de ese diálogo, explicó, se deberá evaluar cuáles serán los posibles escenarios en los que se puede gravar, además de propiciar un fortalecimiento de la SAT.
“El Gobierno y el Ministerio de Finanzas entran en una fase de relajación, pero deberán, por lo menos, convocar a un diálogo”, afirmó.
