Estos dos factores se unen en los lugares llamados asentamientos, como se pudo comprobar de nuevo en un censo efectuado por la organización Techo Guatemala, para el que se tomó en cuenta a 150 de estas comunidades precarias en cinco municipios del área metropolitana.
En la ciudad de Guatemala se tomaron datos de 57, además de Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales, en los cuales se detectaron entre 19 y 26 asentamientos en cada municipio.
El censo se realizó durante el 2021 y se estimó que en los asentamientos incluidos viven alrededor de 60 mil familias.
Los datos de la miseria
Entre las principales precariedades detectadas está el hacinamiento ya que en el 32.7% de viviendas habitan tres familias; en el 12.7% viven cuatro familias; y en otras, la cantidad supera las cinco. Además, el 60.7% de las áreas estudiadas indica que en la mayoría de las casas habitan de 6 a 10 integrantes. Mientras que en el 12%, cohabitan entre 11 y 20 personas, explica Rodolfo Argueta, coordinador del censo.
A esto se unen otros problemas, ya que solo el 60.7% indicó que tener acceso a una red pública de agua para cada vivienda, pero reciben el servicio de forma permanente: el 42% dijo que tiene acceso al agua todos los días, pero no durante las 24 horas; y un 22% indica que les llega un día sí y otro no; el 18% la recibe entre dos y tres veces por semana.
En cuanto a drenajes, 52.7% de casas tiene conexión a uno, pero el 14% reporta que los desechos se vierten en un río, lago o barranco. El 6% simplemente tira este tipo de desperdicios a lo que llaman calle (en muchos casos son callejones).
- En accesibilidad a escuela primaria 28.7% refieren que hay dentro del asentamiento, y 48% a un kilómetro, pero alrededor del 5% refieren que estarían a más de 3 kilómetros.
- Solo en el 6% se reporta que hay clínica pública dentro del asentamiento; 37%, a un kilómetro. En el 57% restante la clínica pública está entre 1, 3, 5 o más kilómetros de distancia.
También se detectaron diversos problemas comunitarios, como que el 80% de las viviendas están en malas condiciones, insalubridad, inseguridad ciudadana y ambiental. Entres estas, 68% de caminos en mal estado; 55.3% reportan inseguridad ambiental; 88% cree que uno de los principales problemas es el desempleo. Se agrega falta de acceso a educación, a salud, a alimentos, y hay inseguridad ciudadana.
Sin embargo, en varios asentamientos hay algún tipo de organización y participación comunitaria por medio de Cocodes, asociaciones de vecinos, grupos religiosos, equipos deportivos y grupos de mujeres, en busca de soluciones.
Cemento o tierra
Entre otras condiciones de salubridad, se encontró que en 5 de cada 10 viviendas de estos asentamientos, aún tienen piso de tierra. Según Argueta es un tema que se debe analizar desde diferentes visiones y una es la precariedad, pero también se ha detectado que más hogares tienen piso de algún otro material, como torta de cemento.
Según el Censo del INE del 2018, unos 844 mil hogares aún tienen pisos de tierra, citó Ernesto Castro, vicepresidente de Área Hábitat para la Humanidad para América Latina, al comentar que los problemas derivados de esta situación son de salud, pues son frecuentes las infecciones respiratorias, estomacales y otras, aparte de la proliferación de parásitos e insectos.
En busca de dotar de pisos de cemento a más hogares, dicha organización y la Federación Interamericana del Cemento (Ficem), firmaron un Acuerdo Latinoamericano y del Caribe, para dotar de pisos de concreto a unas 100 mil viviendas que aún no lo poseen, de aquí al año 2028.
En Guatemala ya inició un plan piloto con el que ya se construyeron alrededor de 200 pisos de concreto en comunidades de San Juan Sacatepéquez y el número que se alcance para todo el país, dependerá de la adhesión al convenio de empresas y entidades de gobierno.
Con títulos de propiedad
A pesar de lo anterior, el 74% de los encuestados afirmó contar con un título de propiedad por el terreno donde se ubica su vivienda, mientras que el 26% no lo tiene, lo que representa una carta parte de los censados. El dato varía en cada municipio, porque de los analizados, en San Miguel Petapa solo el 36% posee uno, el más bajo de los cinco.
Un dato curioso recabados por la organización es que el 55.1% de los asentamientos tiene una venta de lotes, incluyendo la vivienda actual. De ese total, el 59.14% se trata de vecinos que venden su propio lote; el 25.37% tiene más de un lote; y el 15.48% son grupos de personas ajenas al asentamiento.
Respecto al precio promedio de estos lotes, el 57.7% indica que vale de Q100 mil a Q250 mil; y el 35.3% entre Q10 mil y Q100 mil.
Conclusión
En resumen, los entrevistados afirmaron que los asentamientos dejaron espacios para atender la necesidad de vivienda ante una emergencia (como ocurrió tras el terremoto de 1976), para convertirse en una solución a la necesidad habitacional de miles de familias de escasos recursos.
Y eso se evidencia en el hecho de que poco tiempo después de invadir algún terreno o área, en los que se construyen “champas” o “covachas”, se comienzan a edificar construcciones más formales. Eso refleja que las familias ya no ven la formación de un asentamiento como un espacio provisional, sino que ya no piensan moverse de ahí y estos se convierten en sus comunidades habitacionales permanentes.
Diferentes mediciones
- En el 2015/2016 se efectuó el primer Censo de Asentamientos Informales, y según la organización, se logró trabajar en 318 de ellos, distribuidos en los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Chinautla, con recolección de datos solo por visitas a esas comunidades.
- En el Censo del 2021/2022 se trabajó en 150 asentamientos. En lugar de Chinautla se trabajó en Villa Canales y por el contexto de la pandemia del covid-19 se combinó entre visitas y recopilación por llamadas telefónicas a los líderes comunitarios.
- En el 2016, el 22% de los asentamientos respondió haber pasado por un intento de desalojo, y en el del 2021 lo reportó el 34%.
- En la primera medición, el 62% de los asentamientos contaba con acceso al agua a través de una red municipal, pero en la segunda, el dato bajó a 60%.
- El 68% dijo que tenía acceso regular a energía eléctrica en el 2016, y en el 2021, la cifra subió a 89.3%.
