En su momento, los congresistas hicieron ver que Guatemala, es de los pocos países de América que no cuenta con una ley que regule este tema, lo que provoca el endeudamiento de miles de guatemaltecos. Según datos presentados por los legisladores hasta el 2022, el nivel de endeudamiento a nivel nacional rondaba en los Q21 mil 300 millones.
Este martes 6 de febrero de 2024, el proyecto será conocido en tercera lectura en el Pleno del Congreso de la República. La norma pretende que exista una mejor relación entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, asimismo, que se reestablezcan los mecanismos de protección del usuario financiero y el régimen sancionatorio.
La tarjeta de crédito es utilizada como un instrumento de pago por la compra de bienes y servicios en establecimientos dispuestos a aceptarla.
La propuesta de la iniciativa
El diputado del Parlamento Centroamericano, Carlos Barreda, hizo un resumen de los puntos relevantes que propone la iniciativa de ley:
- Los emisores no podrán capitalizar intereses de ninguna forma.
- No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.
- Si el usuario tiene un problema económico podrá cancelar su tarjeta de crédito y exigir un convenio de pago.
- La entidad emisora estará obligada a otorgarle al tarjetahabiente un convenio de pago y proporcionarle la capacidad de pagar la deuda cancelando la tarjeta; en la actualidad esto no es una opción.
- Cuando el cliente pague su deuda la entidad emisora tendrá la obligación de emitir un finiquito para evitar que años después la misma deuda vuelva a ser cobrada, como ya ha sucedido y ha sido denunciado por los tarjetahabientes.
- La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Dirección de Asistencia al Consumidor (Diaco) estarán obligadas a publicar cuál es la tasa de interés promedio, que bancos están arriba y abajo del promedio, con el fin de promover la competencia, transparentar el mercado y orientar al consumidor a que busque la tasa de interés más favorable y la tarjeta que le brinde mejores beneficios.
- En las tasas de interés se establecerán dos tipos de contrato: tasa de interés fija, que permanecerá durante el tiempo que dure el contrato firmado entre el emisor y el tarjetahabiente y tasa de interés variable: sujeta a variación y que el banco estará obligado a informar con 45 días de anticipación del cambio, en este caso si el usuario no está de acuerdo podrá cancelar la tarjeta y exigir un convenio de pago.
- Protección al tarjetahabiente a través de la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, dependiente de la Diaco.
Además:
- Faculta a las cooperativas a emitir tarjetas.
- Establece que el pago mínimo debe incluir algo a capital para que las deudas no se vuelvan eternas.
- Prohíbe a los bancos tomar sin permiso del cliente dinero de las cuentas monetarias.
- Se crea la feria para que las autoridades y los emisores promuevan información y educación financiera. La ley establecería que no se tratará de una feria con fines comerciales.
- Se crean los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos.
- Establece que el cliente tendrá la razón automáticamente si reclama que no hizo determinada compra a causa de sus fallas en seguridad del banco.
Barreda indico que “esta es una medida fundamental para evitar la usura y los abusos a los cuales son sujetos los tarjetahabientes cuando les cobran intereses sobre intereses, incluso sobre comisiones y recargos”
Por su parte, el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) Luis Lara, se limitó a decir que lo importante es que este tema se aborde desde el punto de vista técnico, “si es así, considero que la Ley es positiva para el país”, indicó sin profundizar más detalles.
Se intentó contactar a la Superintendencia de Bancos (SIB) pero no se logró comunicación.
