Aguerri explicó que es un paro cívico nacional y pacífico que abarca a todo el país y todas las actividades económicas salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población.
La Alianza Cívica por la justicia y la democracia que aglomera a AmCham, Funides, Faganic, Costa Caribe, Cosep, Upanic, Sociedad Civil y el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía (Movimiento Campesino), también invitaron al Paro Nacional que se convocó para las 0 horas y que concluirá a la media noche de ese mismo día.
El comunicado reiteró la solicitud de retomar el Diálogo Nacional, para lograr una auténtica democracia y justicia e hicieron un llamado a que la manifestación se realice con órden y de manera pacífica.
El presidente de la patronal también instó a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a ese paro nacional y animó a los empleados públicos “cuya dignidad ha sido pisoteada” a que no acudan a sus puestos de trabajo de forma masiva.
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“Si lo hacen todos juntos no podrán tomar represalias en contra de ustedes”, consideró.
La representante universitaria de la alianza, Valeska Valle, dijo que el objetivo de ese paro nacional “es apoyar el diálogo nacional mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y demandar el cese inmediato a la violencia y la represión”.
La Alianza Cívica demandó al presidente Daniel Ortega “una respuesta inmediata” a la Conferencia Episcopal para reanudar el diálogo y “revisar el sistema político desde su raíz para lograr una auténtica democracia y justicia”.
La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, que aglutina al sector privado, la sociedad civil, los estudiantes y los campesinos, tiene como objetivos la democratización y la institucionalidad de Nicaragua para poner fin al Gobierno de Ortega.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, pidió públicamente el apoyo al paro nacional porque exigirá el cese de la represión, apoyo al cambio democrático y pacífico, y vuelta al diálogo.
“Apoyemos el paro nacional como acto de presión y protesta social”, señaló el líder religioso en su red social de Twitter.
El obispo recordó una cita del papa Francisco de 2017 en la que decía que “el cambio crucial en la vida de los pueblos, de las naciones y de los estados se realiza a través de una lucha pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia”.
La Conferencia Episcopal es mediadora y testigo del diálogo nacional, que fue suspendido el pasado 23 de mayo por la falta de acuerdo existente entre el Gobierno, los estudiantes, la sociedad civil y el sector privado en temas como la democratización o los bloqueos en las carreteras.
Ortega pidió el jueves pasado al Episcopado tiempo para “reflexionar” sobre si accede a la democratización del país, pero aún no ha dado respuesta alguna.
La vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, instó hoy a los nicaragüenses a recorrer “un camino para la vida”, para poner fin a esta crisis.
Mientras, la población de la ciudad colonial de León, al noroeste de Nicaragua, realizó ayer un paro general de actividades por 24 horas en protesta contra el Gobierno.
Con la suspensión de todas sus actividades sociales y comerciales, León, con sus más de 400 mil habitantes, se convirtió en la segunda ciudad en realizar un paro general, después de Masaya (sureste).
Durante la jornada, la Policía Nacional y fuerzas de choque oficialistas se enfrentaron con opositores en varias ciudades, dejando al menos tres muertos.
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En Jinotepe, un pueblo pintoresco al sur de la capital nicaragüense, se convirtió este martes en escenario de guerra y en una especie de estado de sitio por los enfrentamientos violentos contra el Gobierno, que dejaron al menos dos muertos por balazos.
En tanto, un hombre fue asesinado hoy en una zona céntrica de Managua tras ser tiroteado desde una motocicleta a plena luz del día.
Nicaragua cumple hoy 57 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
