Municipalidades podrían construir plantas para gestionar desechos en alianza con empresas
Reformas que se discuten en el Congreso a ley de alianzas público-privadas daría autonomía a alcaldías para grandes obras. Expertos ven desafíos en ejecución de recursos para contratar estudios técnicos y personal calificado.
Plantas de desechos sólidos podrían sumarse a los proyectos realizados entre munucipalidades y privados, si pasan las reformas a la ley respectiva. (Foto Prensa Libre: Amsa)
Aunque las municipalidades han trabajado poco con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) desde que esta última cobró vigencia, con las nuevas reformas que se están planteando en el Congreso podrían originar un portafolio que incluya obras como las plantas de gestión de desechos sólidos.
Según Cecilia Pivaral, directora del Fondo Privado para la Preinversión de proyectos de infraestructura (FIP), uno de los mayores desafíos para las municipalidades para contratar proyectos en alianza con privados sería la creación de los estudios necesarios para ejecutarlos.
El 11 de enero pasado los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso dieron el dictamen favorable a las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, conocida también como Ley de Anadie. Aprobada en 2010, esta normativa cuenta con un único proyecto vigente, la obra de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la cual se encuentra aún en proceso de construcción.
Actualmente, la mayoría de los proyectos que se encuentran dentro del portafolio de la Anadie se ubican en el área metropolitana, según explicó Kevin Valencia, director ejecutivo en funciones de la Anadie. No obstante, a partir de las reformas, se tiene como propósito encontrar nuevas oportunidades en el interior del país a partir del apoyo de las municipalidades. “Hay una oportunidad latente en que la Anadie pueda apoyar a los equipos de las municipalidades y de ahí, comenzar a estructurar y darle forma a diversos proyectos que se tienen”, declaró Valencia.
A pesar de que las reformas facilitarían mayor autonomía a las municipalidades para aprobar proyectos que califiquen como alianzas público-privadas, también otorga un mayor compromiso en la estructura de los proyectos, explicó Pivaral, es decir, deberán hacer estudios para que los proyectos se encuentren bien planteados y permitan el repago. Además, deben contar con un buen conocimiento de causa para cualquier ejecución a partir de un raciocinio técnico, indica la experta.
¿Qué necesitarán las municipalidades?
El desafío se profundiza, según Pivaral, en cómo se generarán los estudios necesarios para convocar procesos licitatorios competitivos. Para esto, aseguró la directora del FIP, las municipalidades tendrían que invertir en personas con los conocimientos necesarios para trabajar en los estudios, esto, para tener la claridad del alcance y de lo que quieren llegar a lograr.
“Esto es un enorme desafío a nivel nacional puesto que no todas las municipalidades tienen las capacidades técnicas para poder afrontar esto: Primero contratar los estudios y segundo al personal con las capacidades para darle seguimiento y evaluar todos los estudios que van a hacer para la licitación”, argumentó Pivaral.
Además de esto, las municipalidades deberán estar conscientes del repago que deben realizar a la empresa ejecutora. “El pago de los productos es, al final de cuentas, donde está el valor agregado de una Alianza Público-Privada. Es una manera en que el sector público (en este caso las municipalidades) puede adquirir la infraestructura bajo ciertas condiciones de repago”, señaló la directora del FIP.
Pivaral agregó que esos pagos se pueden realizar por disponibilidad o por costo de utilización de la infraestructura. Además, recalcó que en cuestión a proyectos sociales estos no pueden ser cobrados a los usuarios..
Nuevas formas de aprobación
En la actualidad, las alcaldías ya pueden solicitar proyectos en esta modalidad. No obstante, según Pivaral, pocas manifestaban interés puesto que el procedimiento de aprobación debía pasar por el Congreso, haciendo del procedimiento más extenso.
Lo que busca la reforma, explicó el director de la Anadie, es agilizar los procesos de aprobación de los proyectos. “Antes había rezago porque el Congreso aprobaba el contrato en un procedimiento que estaba enfocado más a la aprobación de un decreto y no en la aprobación de un proyecto”, sentenció Valencia.
En cambio, a partir de las reformas, se buscará que la aprobación de los proyectos sean más expeditos. En el caso de los proyectos provenientes de una municipalidad, podrán ser evaluados directamente por los directivos de Anadie para luego ser aprobados por las Junta Directiva de su respectiva municipalidad o el Concejo Municipal.
Para aumentar el número de proyectos e inversiones, dentro de las reformas se agregó la opción de “iniciativas no solicitadas”, las cuales pueden ser formuladas desde el sector privado. Según Valencia, para todos estos cambios, se requerirá de nuevas directrices y reglamentos, los cuales se comenzarán a formular en el momento en el que las reformas sean aprobadas.
Proyectos en portafolio
Para el director de la Anadie, enumerar la cantidad de proyectos que podrían agregarse a la cartera de trabajo es aún prematuro, pero menciona dos en particular.
- Centro Administrativo en San Marcos: Para este se están preparando los primeros pasos para los estudios de preinversión. “Esto es importante porque podríamos replicarlo en Aguacatán”, resaltó Valencia. Además de esto, recalcó que el centro servirá de base para tomar decisiones de los estudios y específicamente sobre los modelos de contratación.
- Plantas de desechos sólidos: En este tema, Valencia aseguró que se han incorporado varias municipalidades y mancomunidades y que actualmente cuentan con la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Añade que están trabajando las bases para lanzar los estudios por fases para poder conocer de mejor manera el proyecto y replicarlo en diferentes regiones del país. Argumentó que se están realizando planes piloto tomando en cuenta los entornos diferentes de los distintos departamentos.
Según una presentación publicada por Anadie llamada “La solución al problema de desechos sólidos a través de las APP”, se buscaría la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos que ayude a mitigar los impactos ambientales y de salubridad. Asimismo, esta contaría con una planta de biogás que apoya a la generación de energía, lixiviados que se pueden convertir en fertilizantes y los desechos inorgánicos podrán clasificarse y reciclarse.
Del mismo modo, una presentación proporcionada por Pivaral titulada “Iniciativa 6433: Reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”, señala que a partir de estas reformas, las alcaldías podrán solicitar la creación de centros de acopio y procesamiento, oficinas de gobierno, teleféricos, hospitales y escuelas.
Por otro lado, Valencia mencionó que se incorporaron dos proyectos que cuentan ya con sus estudios, los cuales son la terminal de cruceros y la terminal de graneles líquidos, ambos pertenecientes al Puerto Santo Tomás de Castilla.
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