Si se compara con el 2015, el porcentaje de rojo era cercano al 26%, es decir, uno de cada cuatro contenedores era sujeto a una inspección física con el fin de asegurar que la declaración aduanera correspondía a la realidad.
La otra buena noticia, es que la asertividad, es decir, hallazgos por inspecciones realizadas aumentó al 6.5%.
Lo anterior implica que, si se mejora la Gestión de Riesgo Aduanero, la SAT puede enfocarse en las empresas y productos que generan mayor riesgo de contrabando, poniendo menos controles en empresas confiables, que a lo largo del tiempo han demostrado que tienen un serio compromiso institucional por cumplir con sus deberes fiscales, a estos se les llama Operador Económico Autorizado (OEA).
Paradójicamente, los usuarios en puertos y puestos fronterizos, se quejan de que las revisiones por parte de Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), y del Ministerio de Agricultura y Ganadería se han incrementado del 5 al 20%. Generándose sobrecostos y cuellos de botella en los recintos portuarios.
Si bien es cierto la Aduana (SAT) ha dado grandes pasos por mejorar sustancialmente su gestión de riesgo, apoyados por iniciativas como CAPTCAC-FMI, el resto de las instituciones públicas con presencia en frontera, deben nivelar su capacidad de gestionar riesgos con plataformas modernas, automatizadas y basadas en modelos matemáticos, Información anticipada en formatos electrónicos e intercambio de datos a nivel local y con otras instituciones similares de países vecinos o socios comerciales.
Poco interesa al importador o al exportador o al dueño de una maquinaria que está esperando un repuesto, si el aumento de revisiones son culpa de fulano o de zutano. Tener un contendor retenido en un puerto puede costarle miles de dólares y perder un negocio.
Los compromisos adquiridos por Guatemala en el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, son de país y el grado de su cumplimiento no depende exclusivamente de la SAT, también del resto de instituciones públicas con presencia en frontera.
El concepto, nada teórico de la Gestión Coordinada de Fronteras, una buena práctica internacional puede servir para “nivelar la mesa” y facilitar que todas las instituciones ejerzan un control moderno, eficiente.
Parte del camino recorrido por SAT puede ser ahorrado a otras instituciones mediante cooperación interinstitucional.