El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Sergio Recinos, hizo la salvedad de que algunas medidas ya se están ejecutando, como los subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, vigentes desde hace varios meses.
Luego se expusieron los componentes del programa y su costo, comenzando con gastos en infraestructura, por Q3 mil 191.2 millones para uso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), argumentando que el decreto 21-2022, tiene la finalidad de crear condiciones de competitividad.
Para infraestructura portuaria se asignan Q129.1 millones; a protección social, Q2 mil 881.5 millones; a políticas sectoriales, Q540 millones compuesto por Q450 millones para programas de seguridad alimentaria y Q90 millones para continuar subsidiando la tarifa social de energía eléctrica (tarifa social).
¿Contradicciones y más deuda?
En la conferencia de prensa se especificó que las subvenciones se cubren con saldos de la disponibilidad de caja que tenía el gobierno para este año, mientras que otras medidas se estarán ejecutando con otras fuentes de financiamiento.
No obstante, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que los Q12 mil 800 millones de los saldos de caja con que el gobierno comenzó el año, ya se agotaron, pues con ese dinero se sufragan los apoyos temporales (subsidios por alrededor de Q2 mil 500 millones), y estipendios a sectores más vulnerables del sector agrícola, además de Q3 mil 200 millones de la Ley de Infraestructura aprobada por el Congreso, entre otras medidas. E indicó que no se han tocado los fondos del presupuesto aprobado para este año, por lo que se mantienen los indicadores originales de deuda, déficit y otros.
Aunque el funcionario dijo que no se tiene contemplado solicitar nuevos préstamos al Congreso y se han efectuado los análisis correspondientes para que, con readecuaciones y contención del gasto, se pueda seguir financiando el plan de emergencia y los apoyos necesarios para finalizar el año, en el plan presentado se detalla que para la política fiscal del Estado se hará uso de diferentes fuentes de financiamiento y aparte de los saldos de caja provenientes del 2021, se menciona que se contemplan dos préstamos por US$590 millones.
- Uno de estos es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública, con el objetivo de mejorar la capacidad del gobierno para implementar un programa de gestión de riesgos de desastres y contribuir a amortiguar el impacto que los mismos tendrían sobre las finanzas públicas.
- Y el otro es el llamado tercer préstamo para políticas de desarrollo sobre gestión del riesgo de desastres con una opción de desembolso diferido ante catástrofes con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$190 millones.
Además, para fortalecer los ingresos públicos la SAT deberá continuar el combate a la defraudación aduanera y el contrabando, aparte de impulsar la aprobación de la Ley para la facilitación y fortalecimiento del sistema tributario.
Consultado el ministro de Finanzas, acerca de cuánto hace falta para cubrir los Q6 mil 741.8 millones que costaría el plan, indicó que en esa cifra ya van incluidos los subsidios a combustibles y energía que ya se están implementando, y la cifra de la Ley de Infraestructura de casi Q3 mil 200 millones aprobada este año, pero tienen el problema de la incertidumbre acerca de qué pasará en mes y medio respecto al comportamiento de los precios y la crisis por lo que es difícil predecir, sin embargo dijo que “considero que con readecuaciones y economías presupuestarias salimos, siempre y cuando la decisión sea técnica y no política”.
Seis ejes
Para ampliar lo anterior, se expuso que los seis componentes del programa persiguen el objetivo principal de mitigar los impactos sobre la población guatemalteca, garantizar la seguridad alimentaria y seguir atendiendo la pandemia, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
- Política fiscal
Contener y priorizar el gasto público, para crear una reserva adicional que permita financiar algunas de las medidas.
Prevenir el desabastecimiento de productos alimenticios para atender las necesidades de toda la población e incentivar la inversión física para contribuir a generar a generar más competitividad en mayor empleo en el país; es decir, priorizar el gasto de capital en la inversión, promover la utilización del Programa de fondo capitales (para créditos a las mipymes).
- Protección social
Acciones para mitigar esos impactos negativos en la población más vulnerable, entre estas que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene la capacidad de incorporar a 15 mil familias en la Transferencia Monetaria Condicionada (Q353 millones) para atender a familias en pobreza y pobreza extrema, lo cual requerirá de Q24 millones del presupuesto actual del programa para garantizar la atención durante el presente año.
La ampliación del programa de dotaciones de alimentos para 300 mil familias aproximadamente. El Fondo de Desarrollo Social (Fodes) tiene disponibilidad de Q25 millones que alcanzaría para 102 mil familias. El eje incluye ampliar el programa de alimento complementario fortificado llamado Nutriniños para infantes de 6 meses en adelante, que ya está en proceso de adquisición por Q30 millones y se realizará otra por Q70 millones para garantizar el abastecimiento este año. Y se menciona el apoyo temporal para consumidores de gas propano, gasolina y diésel, que es parte de otros componentes.
En este eje se propone que de ser necesario, el gobierno deberá instar al Congreso de la República para que apruebe apoyos sociales y la implementación de otros mecanismos para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo.
- Políticas sectoriales
Este eje incluye seguridad alimentaria y energía y combustibles, a cargo del Ministerio de Agricultura. Contempla implementar la Reserva Nacional de Granos Básicos, con inversión Q100 millones, para atención a 400 mil familias vulnerables a inseguridad alimentaria. En este caso, el presidente Alejandro Giammattei informó que hace dos meses se trasladaron Q100 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para garantizar granos básicos que esperan en octubre, para evitar desabastecimiento en el 2023.
También ampliar la cobertura del programa de Asistencia Alimentaria por Q50 millones e invertir en el programa de estipendios para el desarrollo agropecuario con Q300 millones para 300 mil agricultores, además de fortalecer el programa proveeduría de semillas mejoradas. Incentivar la diversificación de la producción de alimentos; promoción de materias primas alternativas para producir fertilizantes; y el fortalecimiento de la producción de granos básicos, son otras medidas mencionadas.
La otra propuesta es la activación de contingentes para la importación granos básicos en los casos necesarios y viabilizar un programa para la compra de alimentos para contar con una disponibilidad adecuada.
El ministro de Economía, Janio Rosales, informó que se han liberado contingentes con arancel cero por 100 mil toneladas métricas (TM) de maíz amarillo, 50 mil TM de maíz blanco; 65 mil TM de arroz; y 5 mil TM de frijol.
En el subsector eléctrico se mencionan el aporte económico ampliado a los usuarios de energía eléctrica que son beneficiarios de la tarifa social; proponer una iniciativa de ley de incentivos fiscales a la movilidad eléctrica; e incentivar la instalación de paneles fotovoltaicos para generación eléctrica para la industria y residencias.
Y en el subsector de hidrocarburos, la publicación en medios masivos de los precios de referencia de los combustibles y gas propano como una medida para evitar especulación; supervisión a los expendedores; reforzar el programa de verificación y Plan Centinela con la Diaco en expendios gas propano, centros de envasado, plantas de depósito y estaciones de servicio.
Respecto a estos apoyos temporales para gasolina, diésel y gas, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicó que la ampliación temporal del subsidio aprobado en el Congreso está vigente hasta agosto del 2022, pero que cuando se acerque la fecha de finalización, deberá analizarse el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles, pero por el momento se trabaja en otras medidas como las compras en bloque para buscar mejores precios. El de la electricidad, está vigente hasta diciembre.
Pero González Ricci, ministro de Finanzas, indicó que no es factible sostener por mucho tiempo el subsidio.
- Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera
Continuar apoyando el crecimiento económico en la medida en que la inflación lo permita. De ser necesario, el Banguat y la Superintendencia de Bancos, en materia de su competencia, evaluarían medidas adicionales de apoyo a la liquidez en moneda nacional como extranjera, así como de solvencia financiera. Esto, en caso de que las condiciones del entorno económico llegaran a deteriorarse, procurando mantener la disciplina fiscal.
- Cooperación internacional
Priorizar los proyectos de cooperación orientados a la inversión y generación de empleo en función de la evolución de los precios de los insumos más afectados y que tengan incidencia importante en la actividad productiva del país y en el bienestar de la población, considerando el surgimiento de nuevas variantes del covid-19. Además, en el caso de que la situación lo amerite, sería necesario decretar un estado Calamidad Pública.
- Otras acciones
Coordinar con el sector privado y otros, las acciones en materia económica y financiera que faciliten la implementación de Programa Nacional de Emergencia. Convocarlos para que colaboren con la estrategia de mejorar los precios y evitar la especulación. Reforzar los procesos de comunicación que permitan a la población conocer los programas que están implementando.
Para ejecutar el plan se ha creado una Comisión Ejecutiva de alto nivel que se integra con 10 entidades encabezada por la Presidencia de la República y un comité de crisis con nueve entidades.
“Comenzamos a resentir la prolongación del conflicto Rusia-Ucrania”
Giammattei indicó durante la presentación del plan que “la economía guatemalteca ha mostrado resiliencia y eso se ha visto reflejado en la mejora de categoría por parte de las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, pero comenzamos a resentir, como todo el mundo, la prolongación del conflicto Rusia-Ucrania”.
Agregó que por ello se lanzó el programa nacional en mención que incluye la instauración del Comité de Crisis, con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos que pudieran derivarse del conflicto bélico y prevenir desabastecimiento. Este “mantendrá de manera permanente un análisis de la evolución de las emergencias, con el fin de que se generen alertas tempranas y nos permitan hacer correctivos para mitigar las consecuencias de la crisis para el país”.
