Normas constitucionales
Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la rigidez o inflexibilidad presupuestaria se origina en normas constitucionales, así como en disposiciones de leyes específicas, como es el caso del 10% de los ingresos ordinarios, que debe asignarse como aporte a las municipalidades; el 5% a la Universidad de San Carlos de Guatemala; 4% al Organismo Judicial; 5% a la Corte de Constitucionalidad; 1.5% al deporte federado, 0.75% al no federado y 0.75% al deporte escolar y educación física.
Por otro lado, en leyes específicas, se establecen porcentajes para cubrir el financiamiento de varias instituciones como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para citar algunas. Además, otros compromisos consisten en destinar fondos a la compra de insumos básicos para programas educativos, de salud y de seguridad.
Rolando del Cid Pinillos, exministro de Finanzas, declaró que el presupuesto presentado en esta ocasión está mejor estructurado, en el sentido de que se identifican las fuentes de financiamiento ejecutables.
Reconoció que los montos son altos, precisamente por la rigidez, pero es lo que establece la ley y el ministerio de Finanzas establece el presupuesto que el marco jurídico le permite. Es así como solo un 16.3% se puede destinar a las políticas públicas, mientras que el 83.7% mantiene la rigidez mencionada.
“En todo caso, es un momento oportuno para hacer un llamado al Legislativo para que inicie un proceso de análisis y discusión sobre temas estructurales, sobre todo en leyes ordinarias que siguen vigentes, pero ya no son útiles”.
Citó como ejemplo, el destino del IVA Paz para los fondos sociales como Fonapaz o Fodigua, entre otros, que a su juicio ya no ofrecen los resultados para los que fueron creados, de manera que se deben manejar bajo otra estructura y dejar que formen parte de la ejecución de las políticas públicas del Estado.
“Este es un análisis jurídico que debe realizar el Congreso para ir eliminando rigideces y liberando espacios. Se debe empezar por leyes ordinarias que no tienen rango constitucional que permitirían un mejor manejo”, expresó.
La cuota más alta
Sobre la masa salarial, Del Cid Pinillos apuntó que sobre eso no existe una ley específica, aunque hay pactos colectivos que tienen un estatuto fundamental de trabajo y, mientras estén vigentes, se tendrán que cumplir. No obstante, también deben analizarse porque hay negociaciones que sobrepasan las condiciones financieras del Estado.
Las remuneraciones abarcan el 36.9% del destino presupuestario en el proyecto para el siguiente año, con Q26 mil 107 millones, y aventajan en monto a los otros programas, lo que se debe a que incluye a los maestros, médicos, personal de enfermería y agentes de la Policía Nacional Civil, que constituyen personal esencial en la prestación de servicios públicos. Así lo indica el documento “Presupuesto Ciudadano”, del Minfin.
El economista Fredy Arizmendy Gómez, dijo que estos Q26 mil millones tienen una explicación y es que, como en toda organización productiva, hay una estructura de trabajadores que tienen derechos adquiridos, por lo que los sueldos y salarios se mantienen.
Esta situación implica una rigidez del presupuesto, ya que debe continuarse pagando a los servidores públicos. “El presupuesto posee una tendencia gradualista y solo hay pequeños incrementos de gastos y beneficios, sin cambios paradigmáticos. “La idea es que la burocracia siga su curso normal durante varios años y escale como cualquier entidad”, puntualizó.
Citó como ejemplo, que ahora con los efectos de la pandemia, se incrementó el personal para aplicar vacunas, como enfermeras, médicos, especialistas y otros profesionales de la salud y lo más importante es el recurso humano.
Entre las actividades que tienen un requerimiento alto de personal en el aparato estatal están Salud, Educación y Seguridad, por lo que tiene sentido que sea ahí donde estén contratadas más personas y por lógica, se destine más a remuneraciones. Para el 2022, este rubro se incrementa en Q3 mil 204 millones, ya que el monto vigente era de Q22 mil 903 millones.
Otros destinos fijos
A los aportes institucionales se asignan Q8 mil 947 millones en el proyecto de presupuesto del próximo año, con una participación de 12.7% del total y un aumento de Q2 mil 74 millones.
Luego están las municipalidades con Q8 mil 771 millones (12.4%) lo que incluye un aumento de Q1 mil 151 millones respecto a los Q7 mil 619 millones actuales. En este monto se incluye el aporte constitucional, el de varios impuestos y el del IVA Paz.
Para clases pasivas, se proponen Q4 mil 509 millones que equivalen un incremento de Q113 millones al vigente y los aportes constitucionales sumarán Q4 mil 551 millones con un aumento de Q739 millones. En ambos casos, la participación en el total es de 6.4%
En cuanto a los Consejos Departamentales de Desarrollo, se les asignaron Q2 mil 975 millones con un incremento de Q338 millones; y para otros destinos específicos se agregan Q3 mil 221 millones, con un aumento de Q269 millones.
El programa castigado será inversión física, con Q227 millones, lo que implica una reducción de Q504 millones al vigente, que es de Q732 millones.
Para los aportes constitucionales la rigidez presupuestaria será de Q8 mil 281 millones, y se propone un incremento de Q1 mil 345 millones respecto al monto actual que es de Q6 mil 936 millones.
Para las municipalidades -vía aporte constitucional- se destinarán Q3 mil 730 millones; a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Q1 mil 865 millones; al Organismo Judicial, Q1 mil 492 millones; a la Corte de Constitucionalidad, Q74.6 millones; al deporte federado, Q559 millones; al no federado, Q279 millones; y a educación física, recreación y deporte, Q279 millones.
Honrar la deuda
Para el pago de la deuda, se están proponiendo Q4 mil 19 millones, con un incremento de Q2 mil 125 millones. Gómez enfatiza que esto se refiere a la amortización de capital e intereses con los acreedores nacionales e internacionales, en lo que Guatemala se distingue, por lo que no será excepción cumplir con esa obligación en el 2022. “Este es un compromiso que se debe cumplir y nadie se atreverá a no hacerlo”, sentenció.
