Abelardo Medina Bermejo, Coordinador del Área Macrofiscal de Icefi comentó que el nivel de gasto público actual es suficiente para cumplir sus promesas electorales, así como determinar las fuentes de financiamiento que serán necesarias, identificando si se requerirán aumentos en los ingresos tributarios o en el endeudamiento público.
El profesional advirtió que es necesario fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Además, en el futuro es necesario establecer algunos cambios legales para combatir los flujos ilícitos de capitales muchos de ellos originados por los precios de transferencia y que son “elusión” que utilizan algunas empresas.
“Es pertinente que tomen en consideración que la legislación hace que los impuestos sean altamente dependientes de la facturación, porque el 84% de los impuestos derivan de la facturación, hay que buscar mecanismos para hacer más flexible la administración tributaria”, destacó Medina.
Los 6 desafíos que planteó el Icefi:
- Priorizar el bien común: Alcanzar el bien común y garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política debe ser el criterio que el próximo gobierno utilice para el diseño de la política fiscal. Sin olvidar el carácter transversal de las finanzas públicas en temas diversos como la mejora de la infraestructura vial, solidez del sistema financiero, erradicación de la pobreza y de las desigualdades, empleo, seguridad ciudadana, educación, desnutrición infantil, salud pública, migración, recursos naturales, matriz energética, entre otros.
- Vigilar el gasto público: Actualmente es el más bajo de Centroamérica, y que es insuficiente para atender las demandas de la población, decreciente y rígido. Los indicadores de transparencia fiscal muestran deterioro en los últimos años, un desestímulo al apoyo ciudadano a un incremento en el gasto público que profundiza la desconfianza en las autoridades.
- Fortalecer a la SAT: El nuevo gobierno deberá realizar un esfuerzo importante en mejorar la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que el porcentaje de incumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha venido creciendo desde 2012 y se desconoce el del Impuesto Sobre la Renta y de otros impuestos, en tanto que la tendencia de la productividad del IVA es de pérdida. El gasto tributario conformado por exenciones de impuestos no se evalúa, por lo que no se conocen cuáles son los resultados de esos tratamientos tributarios diferenciados.
- Mejorar los ingresos: Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento corriente del gasto público, los cuales también son insuficientes debido principalmente a una carga tributaria demasiado baja, rígida y en caída, desplomándose al 10% en 2018, con lo cual retrocedió al nivel de 1998. El sistema tributario padece de fallas estructurales como: es insuficiente para financiar el gasto público; crea problemas financieros como la acumulación de devoluciones de crédito fiscal pendientes de pago; y, dificulta el combate en contra de los flujos ilícitos de capitales.
- Reducir el déficit fiscal: Este se redujo durante el periodo 2010-2016, pasando del 3.3 % al 1.1% del PIB, tendencia decreciente que se revirtió en 2017 al registrar 1.3% del PIB, en 2018 con 1.8% del PIB, en tanto que el presupuesto vigente para 2019 contempla 2.4% del PIB. Según el Icefi, aunque este déficit fiscal es bajo al compararlo con el del resto de Centroamérica, la tendencia creciente desde 2017 se refleja en algunos rasgos de insostenibilidad fiscal al realizar un análisis cuantitativo de la deuda pública.
- Contener nivel de endeudamiento: Respecto a la deuda pública, el nuevo gobierno deberá enfrentar desafíos para mejorar la capacidad de pago, cambiar la estructura de la deuda y reducir las tasas de interés implícita.
Señales de alerta
Aunque el saldo de la deuda pública de Guatemala continúa bajo al compararlo con el del resto de países de Centroamérica (24.3% del PIB en 2018), existen signos de preocupación como: La tendencia creciente leve en años recientes; el cambio su estructura por origen, ya que la deuda pública interna pasó de ser el 26.7% del total en 2002 al 53.8% del total en 2017; y, con un costo elevado, con una tasa de interés implícita en 2018 de 6.5%, superior al 3.0% de Nicaragua y al 4.9% de Panamá, e inferior al 7.6% de Costa Rica, al 7.2% de El Salvador y al 6.6% de Honduras.
Esta combinación de factores incide en que las calificaciones de riesgo país de Guatemala en general son buenas, pero no muestran tendencia a mejorar. Sin una política fiscal adecuada, el nuevo gobierno podría enfrentar deterioro adicional en estos indicadores relativos al crédito público.
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