Mónica Monge, vocera de la CGC, expuso que las inconsistencias detectadas fueron: requisitos fundamentales de la emisión de la constancia de visita de la obra; deficiencias de la base de licitación al cronograma del proceso y el incumplimiento de la normativa legal en la apertura de las plicas (ofertas).
Aclaró que, aunque ya pasó el proceso de adjudicación, se están realizando los análisis legales por no haber atendido esta suspensión temporal que implicaría a los responsables sanciones administrativas y penales.
La junta directiva de la EPQ deberá conocer en los siguientes días si aprueba o imprueba el contrato del rompeolas, pero la Contraloría hizo ver los resultados de la auditoria preventiva.
Durante el proceso se recibieron 10 inconformidades, las cuales fueron rechazadas por la EPQ, pero que ahora la CGC estaría sustentando las inconsistencias detectadas.
Transparencia
Representantes del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), se manifestaron sobre el proceso y apuntaron varios aspectos que tiene que ver con el puerto, desde el punto de vista estratégico.
Juan Suárez, presidente de Cutrigua, declaró que como sector privado siempre están interesados en que se realice inversiones en infraestructura que ayuden a mejorar la competitividad de los procesos, y en este caso, se habla de mejorar la eficiencia de un puerto internacional de exportación e importación.
Expuso que, como Cutrigua, no cuentan con los detalles de la contratación, y lo que se espera es que se hayan tomado todos los criterios técnicos para hacer un rompeolas, y “un rompeolas no es un muro de contención, sino un filtro que absorber la energía del mar, y son parte de los criterios técnicos que hay que respetar, ya que contamos con uno que ha funcionado bien durante 30 años”.
Además, recordó que había un estudio que decía que podría estar funcionando unos diez años más.
El proyecto debe estar en el manto del cumplimiento de las leyes de compras, y “esperamos que se haya cumplido”.
Ingrid Barillas, directora ejecutiva de Cutrigua, manifestó que el principal interés es que esto no afecte las operaciones portuarias, e insistió en que se respeten los criterios técnicos.
Barillas recordó que en 2018 una compañía holandesa realizó un estudio sobre el rompeolas y concluyó que le daban 10 años de vida a la infraestructura y que en ese momento no era el momento de hacer esa mejora.
Sin embargo, como sector privado, se indicó en esa ocasión a las autoridades del puerto que tenía que revisar sus planes de inversión para que el mismo se pudiera considerar, en el momento cuando se llegara a esa etapa, hacer la obra con las condiciones claras.
“Esperamos que se respeten los criterios técnicos y que se realicen los procesos adecuados al marco de la ley de existen y que los aspectos financieros y técnicos sean los acordes para que tenga un final feliz y algo que no perjudique al puerto”, destacó.
Suárez comentó que la intervención que se realiza cumpla con el eje transversal que debe pasar en toda contratación pública que es la transparencia y el apego a las normativas.
Sistema rezagado
Por otro lado, Suárez reconoció que se están esperando los planes de inversión de todos los puertos, “porque preocupa, que nos podamos quedar atrás, y ya nos quedamos rezagados en infraestructura portuaria y nos interesa recuperar ese terreno, avanzar y ya tenemos puertos cercanos que nos han ganado que impacta en la competitividad del país”.
Barillas remarcó que cualquier obra de infraestructura portuaria es importante, por la misma necesidad que hay de mejorar la capacidad del sistema, para ser más competitivos no solo en la región sino en Latinoamérica.
Dijo que esperan que en el plan maestro de inversión de EPQ, estén planteadas las prioridades de las necesidades del puerto, como la ampliación del muelle, sino la ampliación del calado.
El presidente de Cutrigua agregó que uno de los problemas es que los buques trasatlánticos con mercancías para Guatemala tienen que hacer entre uno o dos transbordos.
Descapitaliza
Javier Reyes Navarrete, del sindicato de trabajadores organizados de EPQ, dijo que se oponen a esta licitación, ya que se reducirá el monto de las reservas de la portuaria, aunque reconoció que es necesario hacer trabajos preventivos y de mantenimiento sobre todo de dragados a la dársena.
Explicó que las reservas de la portuaria ascienden a unos Q890 millones a diciembre del 2020, pero con una inversión de Q477 millones habrá una reducción del 50% del capital en las inversiones financieras y que no existen planes sobre las tasas de retorno.
“Habrá un escenario delicado con respecto a la situación financiera, si no se logra clarificar la tasa de retorno de la inversión podría haber problemas”, precisó al recordar que esa baja de las inversiones puede afectar ingresos y utilidades y hasta la indemnización de los trabajadores que equivalen a unos Q275 millones y el respecto a la reserva legal de la portuaria.
Mencionó que en el estudio del 2018 se identificaron daños a la infraestructura, pero no es necesario desarrollarlos, sino en la parte en que se debe dragar, y añadió que si no se hace puede afectar las proximidades de los canales de acceso en las dársenas de maniobra y los puestos de atraque.
