Fanny D. Estrada, directora de competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señaló ayer en una reunión con Prensa Libre que han recibido inquietudes de los capitalistas sobre el avance de la normativa y la certeza de la vigencia del proyecto para el 2015.
“Los empresarios realizan sus evaluaciones de decisiones de inversión y, si Guatemala no cuenta con esa normativa, es muy probable que las mismas se retiren a países vecinos”, indicó.
D. Estrada confirmó que se ha creado un ambiente de desinformación, sobre el proyecto, lo que provoca inquietudes.
Juan Carlos Prato, directivo de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrita a Agexport, manifestó que hay preocupación en el sector, ya que los clientes están analizando colocar encargos de ropa a países vecinos.
“Si no contamos con ese marco legal, fabricar una prenda de vestir en el país se elevaría”, dijo.
Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, rechaza la iniciativa y los argumentos presentados por la Agexport.
Refirió que la iniciativa no generará aislamiento en los inversionistas y que las empresas que han gozado de estos beneficios fiscales están en capacidad de ser competitivos a escala mundial.
“Es falso que se vaya la inversión. Estamos claros de generar empleo y riqueza, pero no de esa forma que está planteada en la referida iniciativa de otorgar privilegios”, expresó.
Briz sugirió que lo ideal es la creación de una ley específica para las maquilas que amplíe los beneficios que reciben, pero por tiempo limitado.
Piden legalización
Rolando Paiz, vicepresidente de Agexport, reitero la solicitud al Congreso de la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa, es decir, con 105 votos.
“La ley fomentará la inversión y será una herramienta para generar empleo, por lo que no está en riesgo los ingresos del fisco”, puntualizó.
Antonio Ralda, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, informó que para la próxima semana se escuchará a representantes del sector sindical para conocer sus posturas.
“Una vez percibido a todos los sectores, esperamos que en la reunión de jefes de bloques se programe la iniciativa”, indicó.
Briz afirmó que si la ley es aprobada tal como está, analizarían interponer un recurso de inconstitucionalidad.
“Cómo sector privado no estamos confrontados, y esto es parte de la democracia”, afirmó.
Paiz recordó que los países centroamericanos ya cuentan con una ley que fomenta la inversión, y lo que se busca es retener los 544 mil puestos de trabajo que generan las empresas calificadas en la actualidad.
El martes último, los ministerios de Finanzas y Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) agregaron nuevas herramientas de control a los usuarios que califiquen para gozar de beneficios en esta ley.
Estas herramientas consisten en un mecanismo informático que controlará los flujos de importación, exportación y ventas locales por medio de una cuenta corriente que será auditada.
Además, el mecanismo de sanciones contra los usuarios que incumplan.
El 7 de julio, la misión del FMI, en la evaluación al país, advirtió de que la propuesta de ley de inversión podría amenazar los ingresos fiscales.
El 20 de marzo del 2014, el Directorio de la SAT se pronunció en contra del proyecto al indicar que se dejarían de percibir unos Q1 mil 400 millones, por lo que hicieron 30 enmiedas de control.
