El reporte de Análisis de Transacciones Financieras al 23 de diciembre indica que hay una disminución de monto de millones de quetzales denunciados por lavado de dinero, con respecto al 2021 que marco una cifra histórica de Q6 mil 134 millones.
Es decir, que bajó en Q2 mil 256 millones, con las estadísticas presentadas en ese reporte.
Comparativo anual
Al hacer un cotejo con respecto al 2019 (año prepandemia), el monto fue de Q3 mil 119 millones, pero en 2020 disminuyó a Q2 mil 538 millones que representó una caída del 18%; en 2021 aumentó a los Q6 mil 134 millones, y repuntó en 75%, pero con las cifras actualizadas a la última semana, la tendencia marcaría una caída del 36%, ya que aún no se cierra el año fiscal y hacer la comparación interanual.
Para el analista Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación, este comportamiento mostrado en el período de análisis sobre los montos denunciados tiene una explicación que estaría asociado directamente a la pandemia.
Por la crisis sanitaria, explicó, hubo una disminución en los salarios, la pérdida de ingresos y paralelamente un cierre de micro y pequeños negocios, que todo esto obligó a que las personas que tenían las capacidades de blanquear dinero lo hicieran con más facilidad.
A la vez, posterior a 2020, se incrementaron todos los delitos relacionados patrimoniales, entre estos el lavado de dinero. Por otro lado, el monto se disparó en 2021 por que se relajó la persecución y en 2022 se empezó a entender que se “estaba sumamente relajados, se estaban produciendo un montón de delitos y que se tenían que seguir persiguiendo”.
En todo caso, lo que se está observando es que se retomaron los procedimientos operacionales en la IVE que está brindando los resultados, enfatizó.
La punta del iceberg
Las estadísticas oficiales indican que en cuatro años por monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q15 mil 670 millones, pero es en 2021 cuando se alcanza la cifra más alta de Q6 mil 134 millones (que equivale al 39% del total) y en 2020 la más baja con Q2 mil 538 millones (16%).
En promedio significa que cada año el monto denunciado por la autoridad competente es de unos Q3 mil 917 millones.
Rivera Clavería es de la idea que esta cifra es la “punta del iceberg”, no son números determinantes y “todavía hace falta mucho por ver hacia abajo”, que es la otra parte del trabajo que debe hacer la unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía de Lavado de Dinero.
“Lo que uno ve es lo que se logra detectar, pero debemos imaginar cuánto no se descubre”, precisó.
El analista consideró que el monto de lavado de dinero en Guatemala puede ser mucho mayor al recuento de los últimos cuatro años, y ejemplificó que solo por contrabando el importe puede ser unos Q40 mil millones anuales.
Prevención a futuro
El experto Rivera Clavería remarcó que, a futuro, se debe fortalecer la IVE, la parte de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el sistema bancario, sobre todo por ser un año electoral y es cuando más se mueve el financiamiento ilícito para las organizaciones políticas.
“El propio evento electoral va cubriendo una nebulosa en el territorio nacional y es cuando más controles se deben implementar, porque el lavado de dinero no va disminuyendo”, apuntó.
Recuentos
En cuanto a los reportes de transacciones sospechosas (RTS), en 2022 se han contabilizado cinco mil 485 y en 2021 fueron cinco mil 473; las denuncias y ampliaciones (de las ya existentes) fueron 235 similar al año pasado.
Mientras en el número de personas involucradas es de dos mil 195 este año, mayor a los mil 995 del año pasado o sea 10% más; en informes de extinción de dominio fueron reportados 16 y por monto Q88 millones, según las estadísticas oficiales.
Ganancias por extorsiones
El informe “Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero” cuantificó que las ganancias que perciben las organizaciones criminales que se dedican a este flagelo en el país que es de US$40 millones como escenario bajo hasta los US$57 millones como alto, que equivale a un rango de Q310 a Q440 millones anuales.
El documento que elaboró la organización Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C., presentado en septiembre pasado, detalló que la cifra puede incluso ser mayor, debido a la poca disponibilidad de información, y parte de esas ganancias que reciben los grupos criminales, se podría destinar para el pago de salarios, inversiones, ampliaciones de operaciones de las empresas y la creación de nuevos negocios y se calcula que afecta unas 78 mil personas que equivale al 38% de la población.
Para El Salvador, GFI calculó entre US$190 millones y US$245 millones, y para Honduras entre US$30 millones y US$50 millones anuales, que impactan a unas 330 mil personas víctimas de extorsión en la región.
Una de las conclusiones del informe es que la extorsión deriva de delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y la corrupción.
