“Efectivamente, hay reportes que se están estudiando y la información se ha compartido con la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público”, aseguró el funcionario, luego de haber participado en el Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo (Cladit).
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De León expuso que los reportes de personas expuestas políticamente (PEP) constantemente han ingresado a la IVE y que se analizan para determinar si llega alguna denuncia a la fiscalía correspondiente.
El intendente recordó que las personas obligadas, es decir bancos del sistema, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, inmobiliarias y ventas de carros, entre otras, deben determinar quiénes son las PEP y ellos evalúan si se presenta una transacción calificada como sospechosa en la IVE.
Protocolo y costos
Esa institución, por su parte, mantiene los canales de comunicación con la Fiscalía y con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el momento en que se requiera colaboración inmediata. “Están identificados los protocolos de comunicación y los convenios de colaboración basados en la Ley Electoral y las modificaciones del 2016, para poder actuar”, puntualizó.
Según los cálculos, se espera que el costo de la campaña política ascienda a Q1 mil 400 millones, que incluyen el gasto que hará el TSE, además de la inversión de los partidos políticos, que tienen como techo de gasto Q29 millones.
En marzo último, German Geovanni Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE, declaró que con los cambios a la mencionada ley se creó el Libro de Financistas, que propiciará mayor transparencia y facilitación de los estados de cuenta de las agrupaciones políticas.
Al 17 de mayo recién pasado, la IVE había detectado mil 709 reportes de transacciones sospechosas (RTS). Además, había presentado y ampliado 40 denuncias, con 655 personas involucradas.
También se proyecta que el monto por lavado de dinero sea de Q1 mil 393 millones.
Propuesta de reformas
Durante el foro se conoció parte del proyecto de las reformas a la Ley de Lavado de Dinero, la cual, según las autoridades, ya está desactualizada en cuanto a las normas que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
De León enfatizó que está por finalizar una iniciativa de ley que agrupará en un solo cuerpo legal las normativas relacionadas con este campo.
Lo que se busca, expuso, es que los estándares del Gafi, que se encuentra en su cuarta revolución, estén plasmados en la legislación ordinaria del país.
Esto significa que se plantea consolidar en un solo cuerpo legal la normativa, que está dispersa. Por ejemplo, la Ley de Lavado de Dinero, la de Financiamiento al Terrorismo, la de las Personas Expuestas Políticamente y la normativa basada en riesgo está encaminada a la unificación en un solo cuerpo legal.
El intendente explicó que sería una nueva norma de lavado de dinero, pero que consolidará todo lo que hace la IVE, así como toda la nueva normativa de Gafi, para ejercer mayores controles y prevención.
“Son estándares que se manejan en el contexto internacional y Guatemala deberá actualizar sus leyes”, subrayó.
La actual normativa, dijo, funciona con base en las 40 recomendaciones del Gafi en 2001, y Guatemala ha hecho esfuerzos en el cumplimiento de la normativa. “Se necesita en un solo cuerpo legal y consolidar en una sola ley todo lo que se ha realizado”, enfatizó.
La ley sería presentada al Congreso en un plazo no mayor de 90 días, según De León.
En esos mismos términos se expresó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), quién reiteró que el país ha venido fortaleciendo su normativa de lavado de dinero.
Recinos señaló que en los próximos días se reunirá un grupo ad hoc de oficiales de cumplimiento de los bancos centrales de Centroamérica, a fin de buscar la vía para contrarrestar estos ilícitos en los sistemas de pago regionales.
Auditoría al sistema
El superintendente de Bancos, Érick Armando Vargas, abogó por la reforma que se prepara para atender los requerimientos de organismos internacionales relacionados con la supervisión financiera.
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Dijo que Guatemala está adscrita al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y en la evaluación del Capítulo IV que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió a la supervisión del sistema financiero.
“Constantemente estamos siendo objeto de visitas, y lo que hace falta es modernizar la ley actual”, afirmó el superintendente.
Por aparte, Vargas agregó que los bancos del sistema habilitaron las cuentas de los partidos políticos, y es el TSE el que está fiscalizando los fondos
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