De acuerdo con la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (Aprodica), este problema ha logrado diversificarse, partiendo de la forma como los delincuentes obtienen el contenido que “piratean”.
Por ejemplo, la primera de cinco clasificaciones está relacionada con una oferta ilegal de contenidos robados por vía de la retransmisión, sin pagar los derechos correspondientes; es decir, canales que no tienen permiso para transmitir en Guatemala. La segunda clasificación implica la venta de anuncios no certificados que se incluyen en los canales de la cablera ilegal.
La tercera es cuando los cableros adquieren los derechos de un canal internacional que sí se puede ver en Guatemala, pero ese mismo canal tiene dos señales, y adquieren solo el canal internacional. “De igual forma, incluyen el canal local y lo justifican en el contrato de un canal internacional. O sea, dos canales por el precio de uno”, explicó Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de la Aprodica.
Otra modalidad es a través de las páginas de internet, cuando se ofrecen videos bajo demanda, películas, series y eventos deportivos. También, los “en vivo” en perfiles personales en páginas de redes sociales en las que se retransmite contenido no autorizado.
Y por último a través de IPTV, que es Televisión por Protocolo IP, que cae en ilegalidad cuando ofrece cientos o miles de canales a bajo costo, indicó Mendoza.
Aumenta impacto en pérdidas
La retransmisión no autorizada de señales y contenidos ya sea por cable o mediante la captura ilegal de los mismos desde los satélites o servidores que los alojan, incluyendo su retransmisión no autorizada a través de internet, es un problema que afecta desde hace mucho tiempo a la industria del entretenimiento, pero desde hace cinco años se ha intensificado.
Las pérdidas para la industria en el 2019 se estimaban entre Q230 millones a Q240 millones anuales, pero al sumar la falta de pago de impuestos más el contenido y los derechos que no se pagan, el monto total se calculó, en ese entonces, en unos Q400 millones. Sin embargo, ahora hay que sumarle unos Q54 millones más, indicó Mendoza, para un total de Q454 millones.
Luis Mauricio Torres, coordinador del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, expuso que, en la región, aproximadamente la mitad de los contenidos audiovisuales que se reproducen salen de sitios piratas. Países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala tienen una proporción mayor de contaminación y demanda ilegal a la registrada en la media de la región.
Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza Contra la Piratería, consideró que este delito es, sin duda, un fenómeno pujante, y combatirlo requiere de la articulación público-privada y la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos.
“Hay que sumar esfuerzos porque este problema desincentiva la inversión y sin esta, no hay desarrollo económico posible. En una región como Latinoamérica es fundamental que la economía formal crezca, que haya más empleos y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos”, afirmó cuando fue nombrado presidente de la Alianza.
Luego recordó que se ha demostrado que la prevalencia y el impacto de la piratería se filtran, afectando a las economías locales a través de la reducción de empleos, a los gobiernos debido a la imposibilidad de recaudar sumas millonarias de impuestos, y a los consumidores al comprometer su información personal y financiera.
Mendoza agregó que “donde hay piratería, la creatividad no abunda”, porque no proporciona servicios de calidad y no se reinvierte en innovación o mejores contenidos, impactando a quienes aportan su talento para la creación de contenido, así como a las empresas que invierten en tecnología para generar programas que contribuyen a promover la cultura local, ofrecer entretenimiento, información y deportes, entre otros. Al mismo tiempo, socava los esfuerzos de quienes buscan proteger y promover la industria audiovisual nacional y los derechos de los artistas y trabajadores, enfatizó.
Entidad y leyes son obsoletas
Aprodica observa con preocupación que la Unidad de Control y Supervisión (Uncosu), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, que es la encargada de cumplir con la Ley Reguladora del uso y captación de las señales vía satélite y su distribución por cable, está quedando obsoleta y por lo tanto, es urgente fortalecerla, actualizarla y capacitar a su personal ante las nuevas clasificaciones.
“La industria no cuenta con una fuerte supervisión por parte del Estado y deja la puerta abierta para que pueda operar el crimen organizado. Además, se ha prestado para que cableoperadores busquen alianzas con políticos a cambio de protección y exclusividad para la transmisión de sus contenidos y anuncios”, enfatizó Mendoza.
El directivo explicó que hay más de mil empresas que prestan el servicio del cable, pero en la Uncosu solo están registradas unas 414 y se proyecta que solo el 40% de las compañías está en la formalidad. De ella, solo un 24% genera contenido propio y el 76% es contenido ilegal, por lo que la entidad estatal deja de percibir por lo menos unos Q20 millones anuales.
Los números reflejan la urgente necesidad de actualizar la Ley de Cable, Decreto 41-92, para poder incluir cualquier contenido, que no solo vaya a través de cable físico, sino que a través de cualquier otra plataforma como el internet, que no está incluido, recomendó Mendoza.
Por otro lado, consideró que en Guatemala hay una excelente Ley de Derechos de Autor, que es el decreto 33-98, por lo que no hay que cambiarla, sino “cumplirla”, pero hay poco conocimiento sobre la misma desde la parte judicial y por esa razón, son importantes las capacitaciones.
En ese sentido, en octubre pasado, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) organizó el foro: “Los Derechos de Propiedad Intelectual en Plataformas Digitales”, con el objetivo de abordar la creciente problemática de la retransmisión ilegal de contenido audiovisual en las diferentes plataformas digitales.
Una de las conclusiones es que la protección de la propiedad intelectual es un derecho que las personas tienen para proteger sus creaciones digitales. El crecimiento de los servicios de este contenido en las plataformas digitales, a su vez aumentan los servicios ilegales y el robo de señales junto con la competencia desleal, por ello, significa un gran riesgo para los programadores dueños de contenidos y para las empresas legales que operan en el mercado.
Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, resaltó la importancia de proteger el contenido que se publica, comprendiendo el valor que representa para sectores como la industria audiovisual, entretenimiento, programación y desarrollo; telecomunicaciones, redes sociales, medios de comunicación, generadores de contenido y público en general.
