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Las deudas fiscales ascienden con rapidez. Si ahora lo hacen como consecuencia de las medidas sociales tomadas para prevenir los contagios, en los 80 lo hicieron debido a las inversiones estatales. También en esta ocasión ha retrocedido la demanda global de mercancías y materias primas. Los ingresos por ventas de crudo, así como de productos agrarios y mineros han descendido. Para una región exportadora de energía y materias primas como América Latina, esa es una mala combinación, porque disminuye la solvencia de algunos países.
Una cuestión de dinero
Serán inevitables nuevas crisis de deuda. Ecuador y Argentina están ahora tratando de evitarlas con negociaciones. Habrá que esperar la reacción de los inversores financieros y de los bancos internacionales ante la crisis de endeudamiento. Los inversores privados ya retiran su capital de la región. China podría aprovechar la ocasión para prestar dinero a Estados insolventes a cambio de garantías en el sector agrario, minero y energético. Las mustias monedas nacionales de Latinoamérica también suponen un obstáculo para futuros préstamos en el extranjero. Los intereses y las amortizaciones en dólares estadounidenses se han encarecido para todos aquellos que no tienen sus propios ingresos en dólares. Por otro lado, los bajos tipos de cambio del peso y del real también tienen ventajas: los déficits por cuenta corriente se reducen más rápidamente porque los países importan menos.
Motor de crecimiento
Es de esperar que el control estatal de la economía aumente, con impuestos más elevados y empresas apoyadas por el Estado. El desempleo elevado y la creciente pobreza harán descender la renta per cápita y el consumo. De esa manera, junto con las menguantes exportaciones de materias primas, se tambaleará también el motor decisivo de crecimiento en América Latina: la demanda de 630 millones de habitantes.
En ese caso, es menos atractivo para los inversores poner dinero en la producción local de bienes de consumo. Hasta hace poco, el gusto por el consumo de los latinoamericanos era el aliciente más importante para instalar fábricas en la región. Este argumento ya pierde potencia.
Algunos Gobiernos no resistirán la tentación de conservar e incluso ampliar la nueva autoridad ganada durante la crisis del coronavirus. Eso es algo que ya se observa en todos los países. En México, Andrés Manuel López Obrador saluda los balsámicos efectos de la pandemia, que reduce “la desmedida influencia de las empresas en el país”. Al mismo tiempo, extiende el control estatal sobre la economía, como también sucede en Argentina y en Brasil.
Tendencia autoritaria
Tanto el Estado de derecho como la democracia se encuentran bajo presión en muchos países, sean del color político que sean. La independencia de la Justicia se ve socavada, los medios de comunicación son tutelados y los legislativos son acosados cuando los Gobiernos no tienen en ellos mayoría. La tendencia autoritaria podría mantenerse, porque acechan nuevas zozobras sociales, como las de Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia el pasado año. Las protestas podrían continuar en la era post-coronavirus, posiblemente con un ímpetu mayor, porque las consecuencias sociales de la crisis serán duras.
Si la llama de las protestas vuelve a prender a finales de este año, muchos Gobiernos latinoamericanos seguramente no dudarán en reprimirlas con el argumento de un estado de emergencia nacional o de una grave crisis. Los Gobiernos se dieron cuenta a principios de la pandemia de que el liderazgo autoritario es bienvenido en gran parte de la población en tiempos de crisis. Es tentador recurrir a este nuevo instrumento.
* En alianza con Forbes Centroamérica
