El problema nace a partir de que algunos franquiciados implementaron algunas políticas en sus negocios que los empleados consideraron injustas y discriminatorias, así como otras iniciativas, como en Nueva York, en donde los empleados buscan un aumento del salario mínimo por hora y el derecho de sindicato. Los resultados de este juicio, como menciono antes, tienen a la industria de la franquicia muy pendiente, y no es para menos.
Hace algunos meses escribí en mi columna que hay una tendencia en varias países a legislar sobre el sistema. Debo mencionar que es buena cierta regulación para evitar fraudes y dar certeza jurídica a franquiciadores y franquiciados, eso es indudable, pero por otro lado, la sobrerregulación tiende a desestimular una actividad económica que genera cientos de millones de empleos en todo el planeta.
En ningún país de Centroamérica existe una legislación específica en materia de franquicias, y es recomendable dar un paso en este sentido, pero teniendo en cuenta que la ley que pueda crearse sobre todo debe enfocarse en que el que venda franquicias sea claro y tenga una responsabilidad legal sobre su promesa de venta para que el que compre no sea engañado impunemente; por otro lado, el riesgo de regular en sí la relación con aspectos como prohibir la exclusividad de compra de mercadería o insumos, o negar el establecimiento de acuerdos de precios, por otro lado, también pueden acabar con una industria joven pero pujante en nuestros países. De buenas intenciones y del debate sano y consenso entre los diferentes actores puede nacer una legislación de franquicias sanas para nuestros países.
*Director general de Francorp
