“Para cuando termine mi doctorado, habré estado ya diez años en Estados Unidos realizando investigaciones en lo que me apasiona: llevar a la gente a Marte y la exploración espacial”, comentó Nasr, libanesa de 23 años. “En verdad me gustaría quedarme aquí y trabajar en ese campo”.
Sin embargo, últimamente ha estado muy preocupada de que la crisis económica que ha dejado desempleados a millones de estadounidenses pueda afectar el programa de visas que le permitiría trabajar en Estados Unidos como extranjera cuando se gradúe. “Si tuviera que irme, pensaría en Canadá, el Reino Unido o Europa, pero Estados Unidos es lo mejor”, señaló.
Este lunes se confirmó que el gobierno de Donald Trump extenderá las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020, incluidas las visas temporales usadas por la industria tecnológica, con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus, anunció este lunes la Casa Blanca.
Temor en los sectores
El decreto ha suscitado una respuesta extraordinaria por parte de una coalición heterogénea que incluye universidades y sectores que abarcan la manufactura, la tecnología y la consultoría, la cual ha estado llenando la Casa Blanca con cartas y llamadas telefónicas.
El 22 de abril, Trump firmó un decreto para suspender durante 60 días la emisión de green cards para los solicitantes fuera del país, el cual describió como una protección para los estadounidenses desempleados en medio de la pandemia del coronavirus. Pero estuvo a punto de suspender las visas y los programas que permiten que los empleadores estadounidenses contraten trabajadores extranjeros.
Ahora están en marcha otras restricciones para los trabajadores extranjeros calificados o temporales, dijeron muchas personas que se han estado comunicando con el gobierno para intentar reducir el alcance de las nuevas limitaciones propuestas. “Lo que se está proponiendo es considerable, pero no sabemos hasta dónde llegará”, comentó Shev Dalal-Dheini, director de relaciones gubernamentales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Se cree que un blanco central será la visa H-1B, que por lo general se otorga a programadores de computación y otros trabajadores calificados quienes, según los críticos, a menudo les quitan esos puestos a los estadounidenses. También se cree que el decreto suspenderá de manera temporal la emisión de otras visas que incluyen la L-1s, para los ejecutivos transferidos entre las empresas; la H-2Bs, para trabajadores temporales que casi siempre trabajan en arquitectura paisajista y hotelería; y la J-1s, que se otorga a au pairs, estudiantes para programas de trabajo y estudio en el verano y otros.
También se puede congelar el popular programa de Capacitación Práctica Opcional que le permite a los egresados de universidades estadounidenses, como Nasr, trabajar en el país hasta por tres años si laboran en los campos de la ciencia, la tecnología o las matemáticas. Cuando ya están en el programa, sus empleadores por lo general apoyan a los egresados para que obtengan la visa H-1Bs y, a la larga, casi siempre les ayudan a obtener su green card.
En el año fiscal de 2019, se aprobaron casi 139,000 nuevas solicitudes para la visa H-1B; se emitieron 77,000 visas L-1, así como 66,000 visas H-2Bs para trabajadores no calificados que Trump ha usado a menudo para proveer de personal sus centros turísticos. Según los últimos datos disponibles, en 2018 se contrataron cerca de 200,000 trabajadores nuevos con visa J-1. Aproximadamente 225,000 egresados de universidades estadounidenses recibieron autorización para quedarse a trabajar en el país.
“Desempleo justifica restricción”, defienden
De acuerdo con personas que están al tanto de la planeación, es probable que la suspensión de visas se prolongue hasta el próximo año fiscal que comienza el 1.° de octubre.
Las personas que se oponen a la inmigración sostienen que quienes reciben visas de no inmigrantes se disputan los empleos con los estadounidenses y que el nivel actual de desempleo justifica una restricción.
“El presidente debe insistir en que algunos empleadores para los que resulta más barato y más sencillo contratar a trabajadores con visa aprovechen primero lo que hay aquí y se acostumbren a volver a contratar trabajadores estadounidenses”, comentó Jessica Vaughan, directora de políticas en el Centro para Estudios de Inmigración, el cual propugna por contener la migración. También señaló que con frecuencia los asesores de la Casa Blanca la consultan sobre este tema.
Las nuevas restricciones podrían dificultar la capacidad de las empresas para reubicar a su personal, lo que afectaría tanto a las empresas multinacionales estadounidenses que transfieren empleados del extranjero a Estados Unidos como a las compañías extranjeras que envían trabajadores a pasar algunas temporadas en ciudades estadounidenses.
La Asociación Nacional de Manufacturas, la cual representa a 14,000 pequeñas y grandes empresas, envió una carta a la Casa Blanca el 1.° de junio en la que advierten que las restricciones a la inmigración que se plantean dificultarían los esfuerzos de recuperación.
Incertidumbre y altos costos
“Los exhortamos a no tomar medidas sobre inmigración, ya sea temporales o de largo plazo, que provoquen incertidumbre y representen grandes costos para nuestro país en estos momentos difíciles”, decía la carta firmada por el presidente de la asociación, Jay Timmons.
La semana pasada, dos grupos asociados con el industrialista Charles Koch enviaron una carta a Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, y a Jared Kushner, alto asesor de Trump, para invitar al gobierno a “abstenerse de imponer más obstáculos” a las visas.
La carta de Americans for Prosperity y Libre Initiative decía que las investigaciones han demostrado que los inmigrantes son fundamentales para contribuir a una recuperación económica.
Los demás cambios regulatorios que se están analizando ahora afectarían a muchas otras personas que ya están en Estados Unidos.
Entre estos se encuentran la eliminación de la visa H-4, que autoriza que trabajen los cónyuges de quienes tienen una visa H-1B; la cancelación del programa de Capacitación Práctica Opcional, o la reducción del tiempo que pueden trabajar en Estados Unidos los egresados; y la exigencia de más requisitos para la visa H-1B junto con una cuota de 20.000 dólares por cada solicitante auspiciado para obtener la visa.
Pese a que algunos legisladores republicanos han instado a cancelar el programa de Capacitación Práctica Opcional, este mes 21 congresistas republicanos pidieron que se quedara intacto en una carta al gobierno de Trump en la que decían que este era como un imán para los estudiantes extranjeros, una fuente importante de ingresos para muchas universidades cuyas cifras han estado decreciendo.
La Asociación de Universidades Estadounidenses emitió un mensaje de alerta a los presidentes y rectores en el que los exhortaba a que la directiva interviniera en el decreto.
“El mensaje que están enviando a los estudiantes extranjeros que están aquí, y a los que piensan venir, es que no los valoramos”, señaló Benjamin Lane, vicepresidente de la junta de relaciones exteriores del consejo de estudiantes de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los estudiantes extranjeros representan el 45 por ciento de los alumnos de posgrado del MIT.
c.2020 The New York Times Company
