El programa de formación tiene un plazo de hasta cuatro meses y es dirigido a los colaboradores de las empresas: Por cada uno, la inversión es de Q150 y se imparte a través de una plataforma digital de e-learning que está disponible para todas las empresas y cámaras empresariales que deseen capacitar a su personal.
El programa se integra con cuatro módulos cuyo objetivo es brindar conocimientos para implementar una estrategia de integridad empresarial y promover que los colaboradores aprendan a identificar, monitorear y reportar los riesgos en materia de corrupción.
Ello, aparte de implementar mecanismos de control adecuados y desarrollar políticas que promuevan un actuar transparente, ético y legal dentro de la corporación, explicaron Enrique Font, director de CIG y Guateíntegra, y Pablo Cordón, director de Plataformas GRC de Valorum Ethics.
Certificación
La Certificación GuateÍntegra está basada en acciones anticorrupción y antisoborno como los requerimientos de la norma ISO 37001:2016 (norma internacional para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno) y otros estándares internacionales, expuso Paola De La Torre, directora de Compliance de Valorum Ethics.
“Esta certificación cumple con los más altos estándares internacionales en materia anticorrupción”, comentó al agregar que las herramientas de GuateÍntegra cuentan con el aval de la International Chamber of Commerce (ICC).
Y explicó que los programas de cumplimiento incluyen una metodología de sistemas de gestión antisoborno, que se debe implementar por riesgos de corrupción y como consecuencia de peligros reputacionales, ya que el riesgo no solo está al interior de las organizaciones, sino que también en la interacción con grupos externos como la relación con dependencias del Estado, proveedores y socios comerciales.
El primer reto es mitigar el riesgo de la corrupción y el segundo es cumplir con los desafíos legales y comerciales que se enfrenan hoy en Guatemala y el resto del mundo, pues la mayoría de jurisdicciones exige este tipo de programas y lo establecen como un incentivo. “Este tipo de acciones se ha vuelto un requerimiento y no un lujo También constituyen un requerimiento comercial” y es el pasaporte para el mercado, añadió De La Torre. Para certificarse, es necesario cumplir cinco pasos:
- Interés en la certificación: La empresa debe firmar una minuta de declaración de compromiso para iniciar el proceso.
- Diagnóstico: Se recogen los datos e insumos necesarios para realizar un análisis y diagnóstico, definición de objetivos, estrategias y la elaboración del plan de acción por parte de la empresa.
- Programa o Curso preparatorio para la certificación (PPC): La empresa se somete a un programa que tiene por objetivo sentar bases sólidas para asegurar que sus procesos estén blindados contra el problema creciente de la corrupción y las malas conductas empresariales.
- Auditoría: Se evalúan objetivamente las evidencias sobre el control de documentos y cumplimiento de las acciones previstas en el diagnóstico. Y se asegura de que la empresa cuente con todos los requerimientos de la certificación.
- Certificación: Se otorga con una validez de tres años, la que garantiza las condiciones de integridad empresarial para que una empresa pueda cumplir con estándares y solicitudes de sus clientes.
El PPC está integrado por los siguientes módulos:
- Liderazgo, que se refiere a tener un compromiso claro de la alta dirección y de la estructura de los órganos de gobernanza.
- Riesgos, estructura y planificación, que contempla riesgos identificados, planes de acción para mitigarlos y políticas claras para normarlos.
- Controles, código de ética y políticas, en el cual se construye y revisa el código de ética, valores y políticas generales.
- Y evaluación y mejora, para contar con canales eficientes para indicadores y medición del proceso de mejora.
La firma BDO estará a cargo de la auditoría sobre los documentos que respalden el Sistema de Anticorrupción y cumpla con los estándares GuateÍntegra, explicó Claudio Rodríguez, socio de la firma de República Dominicana.
El costo de la certificación es variable según el tamaño de la empresa y el plazo para obtenerla puede ser de mes y medio a dos meses, si la empresa prevé que está lista y no requiere el proceso de preparación. Si este es requerido, obtener la certificación puede necesitar unos 5 meses, se agregó.
“Las prácticas de integridad empresarial, en un mundo globalizado, competitivo y exigente, deben ser una prioridad estratégica para todas las empresas, sin importar su tamaño o sector, ya que se ha convertido en una característica y requisito determinante para hacer negocios. Estamos comprometidos con consolidar y unir esfuerzos desde diferentes espacios para poder fomentar la cultura de legalidad en todo el país”, expuso Luis Alfonso Bosch, presidente de la Junta Directiva de CIG.
En tanto, Carmen Torrebiarte, directiva de CIG, dijo que la corrupción perjudica y genera daños profundos en los países y tiene repercusiones globales, perjudicando las perspectivas de crecimiento económico, frenando el desarrollo, disminuyendo la productividad y dañando la credibilidad de las instituciones.
