Las reformas a la Ley Orgánica de la SAT, el acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales —sobre todo en el servicio— y la creación de la Gerencia de Asuntos Internos para investigar a los altos funcionarios son los mecanismos creados para evitar el surgimiento de estos aparatos clandestinos.
La estructura fue desarticulada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), el 16 de abril del 2015. lo que marcó el destino político del país.
Plataformas
El superintendente Abel Cruz Calderón afirmó que después de la crisis en la cual se vieron involucrados exfuncionarios del Gobierno y de la SAT, en el 2015, se diseñaron los elementos técnicos que pueden detectar y alertar sobre el surgimiento de estas mafias.
“Hoy se cuenta con un acompañamiento y trabajo de coordinación con diferentes agencias internacionales, y existe una ruta estratégica”, aseveró.
Indicó que, por un lado, cuentan con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para la modernización del Registro Tributario Unificado (RTU), y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está brindando apoyo en un proyecto de fiscalización a posteriori —después de auditorías—, que se deriva de la implementación de controles en las aduanas.
Por otro lado, en el servicio aduanero se trabaja con la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y la Ley (INL) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), para la base de valor —que entró en vigencia en el 2018— de las mercancías y el control de cargas, para que luego haya una fiscalización con nueva metodología.
La fortaleza, explicó el superintendente, es que se está trabajando con estas instituciones por medio de un plan.
Cruz Calderón destacó que los años 2017 y 2018 fueron períodos para recuperar la estabilidad, y que ahora empieza la fase de agilizar los instrumentos, que por un lado brinden la facilitación del comercio exterior y una mayor fiscalización.
Comparativo
El consultor fiscal Óscar Chile Monroy, explica que el mejor comparativo para determinar si están operando grupos al margen de la ley debe estar relacionado con la recaudación del impuesto al valor agregado a las importaciones y derechos arancelarios a la importación, que se cobran en el servicio aduanero.
“Si hay una mejora en la recaudación puede interpretarse que, en efecto, se materializó, pero si no se alcanza la recaudación no se corrigió la esencia del problema”, afirmó el consultor.
Por otro lado, explicó, antes de que saliera a luz pública el caso de corrupción se dijo que no se alcanzaba y que existía una brecha atribuida al contrabando y la evasión.
Chile Monroy indicó que uno de los aspectos de la reforma a la SAT fue el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, pero que suspendió de manera temporal la Corte de Constitucionalidad (CC).
“La SAT se quedó sin dientes y colmillos con una herramienta fiscalizadora que era clave luego de la revelación del caso”, enfatizó.
Más autonomía
El exsuperintendente Miguel Gutiérrez considera que en las reformas planteadas en el 2016 a la Ley Orgánica, aprobadas por el Congreso de la República, se brindó más poder al ministro de Finanzas, que es el presidente del Directorio.
Por un lado, dijo, se le quitó el poder político que ejercía el presidente, pero se le trasladó al ministro de Finanzas.
“La SAT necesita mayor autonomía y no depender de los vaivenes políticos”, enfatizó.
En todo caso, recalcó, aún se requiere una reforma extraordinaria que no obstaculice la fiscalización del ente recaudador.
Devolución del crédito fiscal aún se complica
Aunque no vinculada con el caso La Línea, el jefe de la SAT indicó que se descubrió en las investigaciones a otra estructura que operaba la agilización ilegal de la devolución del crédito fiscal a los contribuyentes, a cambio de una comisión.
La estructura creó una presa para acumular los expedientes y así obtener el beneficio económico.
Cruz Calderón dijo que en este caso se asumió transparentar el procedimiento y ahora se publica el ingreso de las solicitudes de los contribuyentes que reclaman el derecho.
“Es una mejora… No podemos decir que estamos al cien por ciento en los casos detectados desde el 2015”, afirmó el funcionario.
Dijo que en el plan estratégico se planteó la modernización, el uso de la tecnología y la agilización, considerando documentos de protocolo de organismos internacionales.
El superintendente señaló que la apuesta es trabajar en la institucionalidad para cortar las posibilidades del surgimiento de estos grupos.
Uno de los cambios puntuales son las evaluaciones del recurso humano, en la mejora de infraestructura para brindar la estabilidad a los contribuyentes.
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