El sector carece de cifras que precisen cuántos se emplean en este sector, en su mayoría artesanal; sin embargo, se cree que hay unos 18 mil 600 pescadores, cifra que muestra que el oficio se niega a morir.
El sentimiento de la mayoría es de abandono, no solo del Gobierno, sino de las municipalidades, que ya no hacen esfuerzos para hacer de esa actividad otro motor de la economía.
La situación se hace más crítica con el tiempo, ya que aseguran que lejos de desaparecer, el número de embarcaciones ha crecido cien por cien, porque cada día se integran a la práctica los más jóvenes, además de que llegan, por lo menos a ese puerto, pescadores de otras regiones, lo que causa desorganización y baja en los precios.
“Nos sentimos olvidados. Somos una fuente importante de comercio y alimento”, expresa con preocupación Juan José Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala.
Las cifras revelan que el 57% de los que se dedican al negocio tienen entre 21 y 40 años.
Adversidad
En este pequeño canal de Iztapa, la oscuridad predomina. Son las 5 de la mañana, y las pequeñas linternas iluminan el camino, tanto de compradores directos como de intermediarios que están atentos a los productos frescos que salen del mar.
El rancho en que se ubican refleja deterioro, una parte de su techo ya no tiene lámina y los puestos donde se coloca el pescado no reúnen condiciones mínimas de higiene.
Según los vendedores, además de las condiciones en las que trabajan, se han visto impactados porque hay variedades como el pez dorado y el tiburón que ya no se logran pescar y que eran los de mayor valor.
A eso se suma que esta temporada no es la mejor para las ventas, ya que el consumidor cambia su patrón de compra en la época navideña.
El precio es otro punto en contra
Por Natiana Gándara y corresponsalesSegún un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los mayoristas —intermediarios— venden a pescaderías y detallistas, pero los precios que pagan a los pescadores y los que se cobran al consumidor final son muy distintos.
El documento refiere que en el lugar de venta, los precios suben 50%, pero al llegar a Guatemala se elevan hasta 150%, que varía según el producto.
Para los pescadores de Buena Vista es vital que haya una entidad que regule los precios porque impactan en el gremio, además de que se encargue de difundir las propiedades alimenticias de los productos del mar, lo que les permitiría una mejora.
La falta de infraestructura adecuada en los principales centros de acopio encarece el producto, porque la manipulación, transporte y empaque “resultan caóticos”, baja la calidad e impide una distribución eficiente, resalta la FAO.
Los costos que tienen que absorber también provocan discordia.
“Pagamos impuestos, pero no retornan a nosotros”, expresa Daniel Hernández, pescador por más de 30 años y representante de la Cooperativa Servicios Básicos Champerico R. L.
Comenta que por cada lancha pagan impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con lo cual no están en contra, pero afirma que este año el impuesto de circulación de vehículos marítimos pasó de Q150 a Q300.
Así también deben contar con licencia naval, que cuesta Q50.
Esos gastos, sumados al combustible, dice, no se recuperan en un viaje, que tiene un costo de Q500 y Q600 para pequeñas embarcaciones.
Por aparte, dicen que la falta de dragado y de un malecón adecuado implica que tengan que tardar más días en alta mar, comenta Ramón Sazo, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo.
La situación no es muy diferente en Champerico, Retalhuleu.
En ese lugar también se quejan de pesca escasa y el mayor reto es salir al mar, ya que se arriesgan al pasar por un canal improvisado que hicieron en la dársena pesquera.
“El proyecto fue un fracaso, y desde entonces se corre el riesgo de que las lanchas vuelquen y ocasionen accidentes”, afirma Mario Velásquez.
Sixto Torres, de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Unión, Iztapa, Escuintla, expresó que también sufren porque los ríos se han secado y los arrecifes están dañados, lo que no permite el desarrollo de la larva.
La responsabilidad del sector recae en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
La entidad cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región, y los Q4.5 millones asignados para el 2016 únicamente logran cubrir gastos administrativos, combustible y mantenimiento para los vehículos que utilizan nueve inspectores para todo el país.
El director Carlos Marín refiere que el presupuesto es insuficiente para apoyar al sector y que gobiernos anteriores se enfocaron en regalar artes de pesca y construir centros de acopio que nunca originaron desarrollo.
