Aunque luego aclaró que posiblemente la iniciativa de ley no se presente durante este año al Congreso, Prensa Libre conversó con Cilia Castellanos, gerente senior de Impuestos en la firma consultora EY, para abordar las expectativas de los diferentes sectores en torno a las reformas y los que impactos tendrían. A continuación, parte de lo conversado.
¿Qué es lo que se sabe hasta ahora sobre la reforma tributaria en preparación?
Lo que sabemos es lo que se ha publicado en medios y lo que en diversos momentos el superintendente de Administración Tributaria ha dado a conocer; pues de hecho, confirmó que actualmente se trabaja en una propuesta de reforma fiscal que sería presentada al Congreso de la República durante el primer trimestre de 2023.
Lo que ha comentado el superintendente es que se busca reformar algunos temas en la legislación tributaria guatemalteca y la intención principal sería solucionar fricciones que existen entre las dichas leyes; aclarar aspectos que durante años han generado conflictos de interpretación en los contribuyentes; y adecuar la normativa legal a los avances tecnológicos y al crecimiento económico que registra nuestro país.
¿De qué manera se pretende lograr ese objetivo con la reforma?
Podríamos resumir el enfoque de la propuesta en algunos pilares: hablamos de aspectos relacionados con comunicaciones electrónicas entre la SAT y los contribuyentes para acelerar o, de alguna forma, agilizar ese intercambio de información. Otra modificación importante y de la que se desprenden diferentes reformas es la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la normativa de precios de transferencia y algunas facultades en cuanto a la fiscalización y la aplicación de la normativa al respecto.
El superintendente también ha mencionado que se busca establecer el marco regulatorio referente a la tributación de compañías que prestan servicios digitales que se utilizan en Guatemala a través de la implementación de lo que han denominado Módulo Deck, específicamente habilitado para que los contribuyentes que no tienen presencia legal en Guatemala y prestan servicios digitales que utilizan usuarios guatemaltecos, puedan reportar impuestos a través de esa plataforma.
¿Además de esos pilares?
Se había hablado también (aunque desconocemos si hasta este momento es algo que continúa), de establecer y regular la figura de beneficiario final e incorporar la obligación de los contribuyentes de revelar esta información, como un requisito fundamental para operar en Guatemala a través de un vehículo de naturaleza mercantil o de civil.
Asimismo, se menciona la creación de un registro de Contadores Públicos y Auditores como una dependencia específica de la SAT, la que fungiría como ente rector y fiscalizador del ejercicio de esta profesión en Guatemala.
También se busca establecer algunos mecanismos dirigidos a reducir transacciones entre entidades de un mismo grupo empresarial, lo que con frecuencia tiene el único propósito de impactar la determinación de la base imponible. Y por último, se modificarían algunos de los hechos generadores del impuesto sobre la renta para ampliar el rango de recaudación.
¿En materia de intercambio de información podría haber cambios?
Tal vez, como un tema especial, las reformas buscarían también establecer el marco regulatorio para habilitar el intercambio de información entre administraciones tributarias de diferentes países. Guatemala ya es parte de un convenio internacional, pero se trataría de implementar todos los mecanismos para entrar efectivamente en ese ciclo de intercambio.
¿Cómo deben interpretar los contribuyentes esta reforma tributaria?
Cuando hablamos de reforma fiscal, generalmente esta implica la modificación de tasas impositivas, regímenes tributarios y muchas veces la posición fiscal que ya tenían los contribuyentes. Pero no necesariamente se limita a eso, sino que puede abarcar otras situaciones. En este caso hablamos de una reforma fiscal porque tiene una incidencia en el cumplimiento y en las posibles sanciones que pueden aplicarse al contribuyente, sin necesariamente entrar a modificar tarifas; este sería el caso.
La SAT ha hecho mucho énfasis en que esta reforma no tiene por objeto modificar tarifas, pero sí, ampliar bases de recaudación e imponibles, sin incrementar tipos impositivos. También aumentar el ámbito de fiscalización y control, lo que definitivamente va a impactar la recaudación.
¿La posibilidad de que se apruebe esta reforma depende de consensos?
De hecho, sabemos que una propuesta de reformas nace de un número importante de mesas de diálogo que realiza la SAT con representantes de los diferentes sectores de la población guatemalteca. Entre estos, las cámaras empresariales.
Sabemos que, de hecho, están muy involucrados en el tema y han estado trabajando con asesores para fortalecer los aspectos técnicos de la reforma y garantizar, de alguna forma, que la propuesta no vaya a vulnerar los derechos o posiciones jurídicas ya adquiridas bajo la actual normativa o que no redunde en perjuicio de la economía.
La historia nos ha enseñado que siempre que entra en vigor una reforma fiscal, hay una curva de revisiones por parte de diferentes sectores de la población y que necesariamente se van a ir desprendiendo acciones legales o constitucionales alrededor de los diferentes intereses.
Independientemente de las posibles reacciones posteriores, ¿Guatemala necesita una reforma fiscal?
Muchas de las reformas son situaciones que a lo mejor ya estaban ocurriendo en la práctica por criterios impuestos a nivel institucional y lo que se pretende es darle certeza jurídica al contribuyente a través de plasmar esos criterios en una norma.
Por ejemplo, los servicios digitales son algo que estamos viendo en la región y no extraña que Guatemala se esté uniendo a ese movimiento y buscando capturar la recaudación que estos contribuyentes debieran estar generando. Depende desde donde lo vea, puede ser necesaria o no serlo.
¿Qué se podría esperar en cuanto al comportamiento de la recaudación este año?
La recaudación tributaria tuvo un incremento del 12.8% con respecto a la meta que se le había fijado a la Administración Tributaria para 2022. Pero eso debe ponerse en el contexto de que, a nivel macroeconómico, durante 2021 y 2022 nuestra economía no solo se mantuvo estable, sino que presentó un crecimiento considerable.
Ahora, cuando analizamos las proyecciones para el 2023, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, el escenario económico no es tan favorable y se anticipa más bien una desaceleración; incluso, muchos hablan de una recesión que en algunos países ya se está materializando.
Entonces, esas proyecciones económicas parecieran no ser favorables para alcanzar la meta de recaudación que se le planteó a la Administración Tributaria para el 2023.
Desde esa perspectiva, naturalmente SAT va a buscar identificar otros mecanismos viables para subir la cobranza, por lo que nos parece que una reforma fiscal es un instrumento que podría favorecer a la Administración Tributaria para alcanzar esa meta e incidir en las medidas adicionales que pueda tomar para incrementar esa recaudación.
