La tendencia de contracción sostenida que ha experimentado el sector desde el 2017 es preocupante, indicó Ricardo Rodriguez analista de Central American Business Intelligence (CABI), durante la presentación del estudio “Impacto económico de la minería en Guatemala 2022”.
Sin embargo, la reactivación de cuatro proyectos de minería metálica -algunos están suspendidos y otros en proceso de permisos- representaría un aporte paulatino de 1.32% al Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivaldría a Q14 mil 213 millones para el año 2027, se indicó.
Además, en los próximos 4 años crecería también el aporte de regalías, impuestos y cánones y la minería llegaría a aportar Q882.14 millones al Estado en ese año, agregó el analista.
Los cuatro proyectos de los que se habla son El Escobal, en Santa Rosa (a cargo de Panamerican Silver), La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico y así como Mayaniquel (en Izabal), y Cerro Blanco (en Jutiapa). Sobre este último, se prevé el próximo inicio de operaciones, según Valery Zurita, directora ejecutiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat).
También está suspendida El Tambor o La Puya (en departamento de Guatemala).
Huella económica
En el 2014 el sector de minas y canteras representó 1.6% del PIB, y al 2022 se situó en 0.6%.
Cabi también estimó la huella económica del sector, que llegó a representar Q20 mil millones en el 2014, el 4.5% del PIB total de ese año. Posteriormente empezó a bajar de forma paulatina, hasta que en el 2021 y 2022 significó Q10 mil millones, el 1.5% del PIB.
Los puestos de trabajo también se vieron disminuidos. En el 2014 a 2016 representaba alrededor de 30 mil empleos directos y en 2022, son 22 mil 500.
Por otro lado, la actividad minera atrajo inversión extranjera directa por alrededor de US$1 mil 306.8 millones del 2011 al 2016 según el dato de flujo acumulado; entre el 2017 y 2018 hubo salida de capitales por falta de certeza jurídica por más de US$150 millones y en los años siguientes se mantiene con menos de US$100 millones anuales.
Si operan los cuatro proyectos en mención el aporte económico inicial podría calcularse en Q4 mil 573.5 millones, que sería 100% más del PIB del sector de minas y canteras en el 2022 y el 62% del total registrado en el 2014, se agregó.
Sin embargo, se deben tomar en cuenta otros comportamientos explica Rodríguez:
- Hoy, aunque se mantiene en 0.6% del total de la economía nacional, la producción minera muestra una leve recuperación en los últimos dos años, impulsado por buen comportamiento de precios internacionales y de los proyectos de materiales no metálicos.
- En el 2022 el sector recuperó dinamismo en el PIB en términos nominales, lo que se deriva del efecto de los precios, pero cuando se quita ese efecto la industria se contrajo en -2.8%, aunque además, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha estado aprobando más licencias y actualmente están vigentes 316: 273 son de no metálicos como materiales de construcción y solo 43 de proyectos metálicos.
- Respecto a los metálicos, en el 2014 la cifra más alta era de oro y plata, a 2022 fue casi exclusivamente hierro y níquel, pero las dos minas suspendieron operaciones entre diciembre del 2022 y febrero de este año.
“Creemos firmemente que la reactivación del sector es posible; en este momento estamos esperando que se puedan levantar las suspensiones a los proyectos suspendidos y también que se pueda activar el que está ubicado en Jutiapa (Cerro Blanco), pues ya está en una fase de obtención de permisos”, expuso Zurita.
Por lo pronto, la gremial trabaja en las bases del trabajo minero, que debe ser responsable, y lo han estado haciendo a través de la búsqueda de alianzas con diferentes instituciones para establecer altos estándares de sostenibilidad, la observancia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la transparencia. “Creemos que algo elemental para llevar a esta reactivación es el diálogo que podemos construir entre distintos actores”, dijo.
El reinicio de un proyecto tarda alrededor de seis meses para producir porque se debe invertir en el equipo, realizar las contrataciones y contactar de nuevo a los proveedores. “Luego de todo lo que ha pasado (suspensiones o atrasos), creemos firmemente que sí es posible una reactivación al momento de levantarse estas suspensiones y se emitan nuevas licencias mineras para exploración, lo cual es fundamental para la reactivación”.
Añadió que también se necesita considerar y atender lo establecido en el reglamento para el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para poder tener una guía clara de cómo realizar los procesos de consulta obligatoria. De reactivarse los proyectos analizados, se produciría y exportaría más níquel, plata, oro, plomo y zinc.
MEM: consultas avanzan
Los viceministros de energía y minas, Luis Ayala (encargado del tema de minas e hidrocarburos) y Óscar Pérez (de Desarrollo Sostenible), explicaron que continúan las consultas comunitarias en proceso:
En el caso de El Escobal (antes conoció como Minera San Rafael), ya pasaron la fase de preconsulta y están en plena consulta, según el cronograma acordado con el Parlamento del Pueblo Xinca y se espera que finalice octubre del presente año.
La consulta procedería, si se tienen las condiciones comprometidas que puedan hacer viable el proyecto. Entonces, el MEM emitiría una resolución mediante la cual se reactiva el proceso minero. “Es decir, se levanta la suspensión de la licencia por decirlo así. El gobierno está haciendo el mejor esfuerzo para que así sea, hemos visto incluso de parte del Parlamento del Pueblo Xinca la voluntad para que así sea, cuyos 59 representantes visitaron por primera vez, junto a sus asesores nacionales y extranjeros, las instalaciones del campo minero”, dijo el viceministro Pérez.
Por aparte, el proceso del derecho minero Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor o La Puya) ha tomado más tiempo del que se esperaba, pues se debe establecer un canal de confianza con la alcaldía Indígena de San José Nacahuil, que representa a las comunidades cachiqueles y xincas que habitan en la zona.
El 13 de agosto (ayer) se tiene prevista una reunión “y es la primera vez que la Alcaldía Indígena y los representantes de las comunidades cachiqueles y xincas acceden a esa actividad”. La mina se encuentra entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; y San José Nacahuil es parte de este último.
En este caso falta afianzar el canal de relacionamiento y comunicación con ellos para asegurar que las reuniones sí se pueden llevar a cabo, atendiendo a principios de transparencia y buena fe. Laura Castañeda, experta en el tema minero expuso que en el sector de minería no solo hay desafíos legales, sino judiciales.
“Tenemos un rezago de 27 años en el tema de la reglamentación de la consulta previa normada en el convenio 169 y es un tema que no se ha resuelto, lo que no solo afecta al sector minero, pues es un tema bastante serio porque corre por porque cualquier resolución administrativa o incluso legislativa”.
Los desafíos judiciales vienen como consecuencia de sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha ordenado no solo a la detención de los proyectos, sino la suspensión de licencias. Como consecuencia, ha quedado alguna jurisprudencia que afecta a todo el sector. A juicio de la experta, solo procede una consulta cuando hay afectación; y que en la fase de exploración, el efecto es prácticamente nula.
El otro tema es la modificación de la ley de minería y por último, están los períodos de moratoria (para aprobación de licencias) que se han establecido en algunos gobiernos. La actividad minera en Guatemala está normada desde el artículo 125 de la Constitución Política de la República, pero también se establece el Estado como dueño de subsuelo.
El tema del impacto económico de la minería en Guatemala, sus retos a nivel general y pasos necesarios hacia la transformación energética, así como el aporte en el tiempo actual fueron abordados en la conferencia organizada por Grenat con motivo del Día del Minero, mientras que las declaraciones de funcionarios y ejecutivos se brindaron por aparte.
El historial
La minería ha experimentado una contracción en el país a partir del 2017 cuando se suspendió el proyecto minero El Escobal en Santa Rosa, hoy propiedad de Pan American Silver, por falta del proceso de consulta comunitaria.
La suspensión de los dos proyectos extractores de níquel en Izabal (Compañía Guatemalteca de Níquel/Pronico, y Mayaníquel), y Cerro Blanco en Asunción Mita en Jutiapa tienen pendiente la aprobación de cambio del tipo de licencia por parte del MEM.
En el caso de Progreso VII Derivada (conocida como La Puya), ubicada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala, sigue sin operar también derivado de denuncias por falta de una consulta comunitaria.
En la actualidad solo hay dos proyectos metálicos operando: El Sastre 1 y El Sastre 2, ubicados en Guatemala y en Zacapa, refirió la ejecutiva de Grenat.
La suspensión de los proyectos de níquel en El Estor (Izabal) ha tenido un fuerte impacto, lo que se reflejará al cierre del año 2023. Probablemente en términos de PIB no va a tener ningún cambio, pero posiblemente sí lo habrá en términos de explotación, producción y exportaciones, añadió.
Entrevista: Se han dejado de vender US$400 millones anuales desde la suspensión de El Escobal
Roberto Velásquez, gerente de Asuntos Corporativos de Pan American Silver, firma propietaria del proyecto minero El Escobal en Santa Rosa, expone sus expectativas para cuando finalice la consulta comunitaria. Las operaciones fueron suspendidas en julio del 2017 a raíz de denuncias acerca de que no se había realizado la consulta a las comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto por parte del Estado.
El Ministerio de Energía y Minas refiere que según el cronograma podría finalizarse la consulta comunitaria en octubre de este año ¿tienen expectativas de que se logre en ese plazo?
Estamos participando en el proceso que es liderado por el MEM, el cual publica oficialmente en su página web todos los avances del proceso y hay un cronograma que validó el ministerio, con el representante del Parlamento Xinca y tiene contemplado terminar en octubre.
¿Cuándo podrían empezar a operar luego de que se finalice ese proceso?
Estamos participando activamente, no hemos dado una fecha de inicio porque depende mucho de la terminación del proceso como tal y después de eso, hay un tiempo en el que tenemos que prepararnos, ya teniendo una autorización para el inicio de operaciones. No tenemos fecha, no queremos generar una expectativa que no sea real, sino que estamos muy concentrados ahora en participar en el proceso, culminarlo de forma positiva, lograr acuerdos con el Parlamento Xinca y con el gobierno que realmente sean de beneficio. Ha habido un proceso de diálogo muy genuino y creo que el resultado va a ser de beneficio para todos.
Al tener la autorización ¿en cuánto tiempo estarán listos para empezar a operar?
Dependemos de varios factores. Un tema es que tenemos parados más de cinco años, entonces hemos estado dando mantenimiento al equipo, pero no es que estén óptimas condiciones. Entonces, entonces algo que tenemos que hacer al momento de tener ya luz verde para operar es volver a evaluar todos nuestros equipos y hacer los pedidos necesarios y acondicionar la planta.
Eso depende mucho de las entregas, después de la pandemia, los tiempos de entregas de equipos y maquinaria estaban muy atrasados, por lo que tendríamos que actualizar ese tiempo. Serán meses, no semanas. Un buen acondicionamiento nos puede llevar bastante tiempo y también hay que contemplar que tenemos un enfoque de empleo local y trataremos de contratar a la mayor cantidad de personas de la zona, para luego proceder a su capacitación técnica en diferentes áreas.
En estos seis años de suspensión ¿cuánto han dejado de producir?
En ventas, unos US$400 millones, que son más de Q10 millones diarios. Y aparte hemos tenemos una inversión anual de mantenimiento y de personal actual de más o menos US$20 millones de anuales.
Este campo minero es considerado una de las cinco reservas mundiales más grandes para plata. ¿Es así?
Eso depende del momento. Cuando El Escobal estuvo operando, sí éramos uno de los cinco principales depósitos de plata a nivel mundial, lo que se volvería a medir al momento de realizar las operaciones y dependerá de qué otras minas han entrado en producción durante los últimos cinco o seis años.
¿Qué se necesita para reactivar el sector?
Creo que lo más importante es enfocarnos mucho el diálogo, escuchar y crear estos espacios (se refiere al foro de Grenat) donde participamos no solo nosotros, sino el gobierno, representantes de sociedad civil, pueblos indígenas, en la discusión de si necesitamos revisar y replantear un enfoque que lleve mayor beneficio a las comunidades. Algo que hemos visto en el proceso de consulta es que el diálogo es realmente el factor determinante de cualquier operación minera en Guatemala.
