Economía
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La ley de competencia se abre camino entre criterios técnicos y políticos
Sectores coinciden en la necesidad de la legislación, pero insisten en que se deben alcanzar consensos.
Los jefes de bloque acordaron una primera plenaria para este jueves 18 de enero. Fotografía: Prensa Libre.
El momento político que atraviesa el país con la llegada de nuevas autoridades al Ejecutivo y al Legislativo abre la posibilidad de promover la discusión de una ley de competencia para regular diferentes prácticas y, a la vez, que sea un mecanismo que promueva el crecimiento económico.
Diferentes actores empiezan a debatir y activarse sobre la necesidad de lograr consensos y crear una relación con la iniciativa de ley de competencia, con miras a que se pueda avanzar y aprobar en el mediano plazo.
En el Congreso, el bloque oficial también ha confirmado la intención de discutir la propuesta con un enfoque objetivo, de manera que no provoque distorsión en el mercado, sino al contrario, facilite la competencia.
En el ambiente hay una coincidencia generalizada respecto de que el momento político y las condiciones entre los organismos Ejecutivo y Legislativo son las adecuadas para crear un nuevo marco legal, o “afinar” la iniciativa 5074, que fue presentada el 17 de mayo del 2016, y cuya discusión avanzó en el pleno, pero no logró aprobarse.
Contar con una normativa de competencia permitiría a Guatemala tener una legislación útil para la economía nacional, en diversas variables, así como el cumplimiento de los diversos acuerdos comerciales suscritos con socios, que demandan esas condiciones en los mercados.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el Instituto para la Competitividad Económica (ICE) y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) han hecho públicas sus posturas.
El presidente Bernardo Arévalo ha reiterado que una de las prioridades es avanzar en legislación, y el presidente del Congreso, Nery Ramos, informó hace algunos días que se integró una mesa técnica para hacer los análisis y generar la discusión.
Espacio de diálogo
Al consultar a Ignacio Lejárraga, presidente del Cacif, acerca de ese planteamiento, expuso: “Estamos de acuerdo con la aprobación de una ley de competencia. La misma puede tener ventajas para Guatemala y los guatemaltecos, siendo una de ellas tenerla como mecanismo de atracción de inversiones, al darle certeza a los inversores de que el país cuenta con condiciones necesarias para invertir”.
“Consideramos que, independientemente de la versión de la cual se parta, lo importante es retomar las recomendaciones que anteriores legislaturas hayan hecho sobre la ley y pueda abrirse un espacio de diálogo donde todos los guatemaltecos que podamos aportar a la misma, desde nuestras particulares perspectivas, encontremos una ley que logre su objetivo”, añadió.
El presidente del Cacif también enumeró algunos elementos sobre los que deben alcanzarse acuerdos.
Para Lejárraga, debe ser “una iniciativa técnica, en la cual existan mecanismos que permitan la competencia, pero que no afecten la libre empresarialidad. Un buen ejemplo es la Ley de Tarjetas de Crédito, que termina de dar un marco técnico que no desincentiva a los emisores de tarjetas de crédito”.
Y, finalmente, reconoció que sí es un buen momento para conocer esa iniciativa, por las implicaciones que puede tener desde la perspectiva de las inversiones.
Si bien el Congreso ha intentado reactivar las más de 200 iniciativas que quedaron de anteriores legislaturas, la priorización de las que pueden hacer la diferencia para Guatemala y los guatemaltecos es necesaria.
Retos por adoptar
Para Javier Núñez, presiente del Consejo Consultivo del ICE y experto internacional en competencia, también brindó una postura sobre la relación económica y productiva, encaminada a una futura discusión de la normativa en Guatemala.
Fundamentalmente, refirió que, en el entorno de negocios, se adoptan mejores prácticas internacionales y que la competencia es un tema cada vez más vigilado, más requerido, para realizar negocios internacionales, así como atraer inversiones, que es un tema de intercambio para generar beneficios para los consumidores. Al respecto, subrayó que en Guatemala se ha discutido por muchos años el tema de competencia, hay muchos antecedentes y no se parte de cero, lo cual es bueno.
Consideró que, sin lugar a dudas, como en cualquier país, el reto es alcanzar acuerdos entre los distintos actores políticos, en un convenio que sea alcanzable y de manera rápida, ya que es una de las promesas de Arévalo.
“Hay que lograr centrar a los diferentes actores y alcanzar acuerdos para beneficio de todos los guatemaltecos”, recomendó.
Proceso de discusión
Núñez también brindó una perspectiva de aprobación de qué es lo que se tiene que hacer para la aprobación de una ley.
A su juicio, es un proceso largo, y lo primero es ponerse de acuerdo en el marco legal y, a partir de ello, crear el organismo encargado de aplicar la ley. Lo cual implica contar con instalaciones, mobiliario, equipo, contratar al personal y designar a las autoridades, formar a los profesionales que van a aplicar la ley, como poder, y revisar siempre las actuaciones.
Se le consultó al directivo del ICE sobre tres mecanismos claves de una normativa de competencia ajustada a los tiempos actuales, y mencionó definir el objetivo y, a partir de ello, se empiezan a determinar las facultades y los poderes que pueda tener una ley de competencia, sin olvidar que el objetivo es mejorar la economía del país, desde el punto de vista de la eficiencia, agregó.
En la actuación de la ley de competencia hay dos aspectos que son fundamentales, mencionó.
Uno es que el organismo tiene que aplicar la ley de manera muy clara, correcta y muy robusta, lo que es de fundamentación. Pero, además, debe ser acompañado de las herramientas y análisis económico que se aplican a esa materia, de tal forma que las decisiones que adopta la autoridad cumplan primero con robustez desde la perspectiva jurídica y desde el punto de vista analítico, todo esto en un sistema que les brinde oportunidad a los agentes económicos investigados de presentar sus alegatos para la defensa.
En su opinión, se debe trabajar rápidamente para dar cumplimiento a la materia, y que sea algo que pueda brindar buenos frutos para la economía guatemalteca, pero teniendo cuidado de que, por las prisas, no se perjudique la producción.
Discusión
Sobre cómo se está viendo una profunda discusión de una ley de competencia en Guatemala, José Andrés Ardón, director ejecutivo del ICE, enfatizó que, de entrada, se sabe que esta es una de las prioridades del Organismo Ejecutivo al Legislativo, y quedó evidenciado con la integración de una comisión para empezar a discutir ese asunto.
Desde el ICE, explicó: “Se tienen muchos años trabajando en capacitar y comunicar la importancia para estar preparados para este tipo, que es, por supuesto, muy trascendental para el país, y creemos que es bueno arrancar con la discusión pronto”.
Remarcó que es de mucha relevancia que se pueda hacer una discusión técnica, en que se involucre a los diputados, aquellos que pueden ser afectados por dicha normativa y que puedan tener retroalimentación.
“Es una política que se tiene que aprobar en el corto plazo, que es importante, y que se toma algunos meses para hacer una buena ley, y hay que tomarse el tiempo”, enfatizó.
Al preguntarle, de las dos iniciativas más recientes que se han presentado, manifestó que la que han visto, la que es más técnica y que tiene más elementos para presentar en los eventos de mejores prácticas y recomendaciones es la iniciativa 5074.
En todo caso, es de la idea de que, si hace falta terminarla “de pulir”, en un proceso de discusión, es importante que se presenten algunas enmiendas, pero que, en general, esa es la que más cumple con los criterios técnicos que se han analizado en el ICE.
Ardón también ofreció una lectura sobre el ánimo del sector privado organizado para entrar a discutir una normativa, y destacó que han pasado ocho años desde la última vez en que se hizo, así como lo importante de la aprobación de la iniciativa de ley. “Creo que el sector privado, las empresas, las cámaras empresariales y los demás están preparados, con ánimo y miras de aprobar esta iniciativa”.
“Están abiertos a lo que nosotros podemos escuchar, a tener esa discusión, siempre cuidando elementos, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la apelación de discusiones, la autoridad que sea eminentemente técnica, y hay mucha preocupación de que pueda ser utilizada como herramienta política”, aseguró Ardón.
Reiteró que, mientras se cumpla con elementos técnicos, con principios, puede ser una herramienta que fomente la competitividad en Guatemala. Pero si es mal utilizada, es aprobada en un contexto de persecución, por ejemplo contra el sector privado, pueda que se incluyan elementos que no son positivos para los consumidores, como para el país.
Acuerdos
Dulce Veras, directora ejecutiva del CNE, declaró que hay necesidad de impulsar una ley de competencia que ha venido desde de hace muchos años, y ejemplificó que no se ha logrado cumplir con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y el año pasado se suscribió un acuerdo comercial con Corea del Sur, por lo que se debe tener una normativa para cumplir con esas obligaciones.
Lo otro, dijo, es que se necesita regular el mercado para abrirse a nuevos sectores. Para empezar, hablar sobre inversión y desarrollo económico, y una autoridad que tenga la capacidad de regular ciertas prácticas competitivas.
Entonces, afirmó que es ahora cuando se abre la oportunidad, con la llegada de un nuevo gobierno, de impulsar la ley de competencia, que tenga la capacidad de regular y hacer un mercado más eficiente.
Incidencias
Al igual que el ICE, el CNE tiene el interés de poner en discusión los elementos fundamentales, bajo los estándares internacionales de contar con una ley de competencia.
Veras recordó que ha habido iniciativas que tienen aspectos rescatables; sin embargo, no se promueve ninguna propuesta en específico, sino entrar a una discusión técnica “de lo que sí se debe contar en una normativa de competencia”.
“Esta es una labor que deben tener el Ejecutivo y el Legislativo, acompañado de la parte de hacer incidencia de los mínimos que debe cumplir una buena ley de competencia, con la capacidad de regular el mercado y convertir una economía mucho más eficiente”, enfatizó.
“Hay condiciones”
La directora de CNE comentó que hay una ventana de oportunidad para impulsar ciertas reformas estructurales, que lleven a un cambio, y la iniciativa de ley de competencia es un mínimo paso que se debe dar para contar con un marco y sistema que es a largo plazo, en un mercado innovador, eficiente, competitivo y productivo, que a largo plazo conllevaría a cambios estructurales.
“Vemos que el Gobierno sale con la necesidad de impulsar esta ley. Está sobre la agenda legislativa y la agenda pública; entonces, es una oportunidad de hacerlo. La discusión está más clara en que se debe contar con una ley, pero el dilema es qué ley queremos y qué debe contener, y ese es el debate que queremos hacer”, dijo.
Agenda legislativa
El diputado independiente Samuel Pérez Álvarez afirmó que el presidente Arévalo lo ha mencionado y se intenta ponerla en discusión desde la legislatura anterior.
Confirmó que sería una nueva propuesta de ley de competencia, pero que tendría como base la iniciativa 5074.
En la parte de la estructura de la iniciativa de ley se tendría que ver varios temas, como la gobernanza, la autonomía de la autoridad de competencia, que es lo fundamental, “porque no puede ser un ente corporativista ni con conflicto de interés, sino que tiene que ser un ente autónomo y objetivo, para no generar distorsiones en el mercado y la economía, entre otros”.
También habría que hacer estudios de información y obtención de datos sobre la estructura de mercado para la toma de decisiones, sobre cuáles podrían ser considerados delitos de competencia, por el hecho de tener una posición dominante o una posición abusiva por esa posición dominante, pero primero se tiene que identificar cuál es esa posición dominante, entre otros temas.
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