Este proyecto pretende crear un marco regulatorio para garantizar que todos los sectores económicos compitan sin limitaciones ni privilegios y en igualdad de condiciones, por lo que representantes de diferentes sectores han expresado los pros y contras del contenido de la iniciativa.
Ahora, las miembros de las comisiones legislativas de Finanzas y Economía entrarán a los debates y discusiones respectivas, con el fin de lograr el dictamen de la iniciativa, y elevarlo al pleno para su aprobación. Un proceso que puede ser largo, debido a que el país se encuentra en un ciclo político-económico por la realización de las elecciones generales y el último año de gestión de la administración de Alejandro Giammattei Falla.
Guatemala es uno de los países que no cuenta con una ley de Competencia, y es un tema que también remarcan los organismos financieros internacionales, como un compromiso pendiente para lograr la completa vigencia de algunos tratados comerciales.
Empieza el debate
A la iniciativa de ley se le asignó el número el registro 6204 y hasta hace algunos días comenzó a ser comprendida en sus dimensiones y alcances por parte de los agentes económicos, por lo que ya hay observaciones.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), resaltó que es positivo que desde el Ejecutivo se haya remitido una propuesta de ley, y según él, es la primera vez que las autoridades de gobierno envían una iniciativa de este tipo, lo cual es importante, ya que propuestas anteriores surgieron desde agrupaciones políticas que en su momento hicieron oposición en el Congreso y eso no generó el apoyo político necesario para aprobarlas.
Lo segundo es que se retomaron opiniones de diferentes sectores y de inversionistas internacionales, muchos de los cuales están viendo a Guatemala con interés, por lo que, para atraer recursos productivos, es importante contar con reglas del juego claras.
No obstante, señaló dos fallas importantes: una es que la autoridad que regirá todo lo que se actúe al respecto y velará por el cumplimiento de la ley será solo una Dirección que formaría parte del organigrama del Ministerio de Economía, en lugar de ser una entidad autónoma, descentralizada y con una partida presupuestaria propia.
“Si el proyecto se deja como se planteó, siempre existe el riesgo político de que la autoridad de competencia no tenga las capacidades técnicas que necesita”.
Lo segundo, es que solo se deja una semana para que cobre vigencia luego de su publicación en el diario oficial, “cuando es necesario por lo menos un año, para poder adaptar los esfuerzos de preparar los reglamentos y que comience a funcionar bien”. clave
Por otro lado, el diputado Carlos Barreda consideró que esa es una parte débil del proyecto, pues al tratarse de una Dirección de Competencia, “se limita su independencia y autonomía porque sería una dependencia del Mineco y quedaría sujeta a los vaivenes políticos del gobierno de turno”.
Ejemplificó, que una dirección de competencia sería muy similar a la operación de la actual Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), “que es débil y pobre en su funcionamiento. Un funcionario con la categoría de director estará sujeto a un ministro y difícilmente podrá enfrentar a grandes monopolios o cárteles a los cuales tendría que investigar y sancionar”.
Concentración de poder
El doctor en economía Fritz Thomas, afirmó que, en este tipo de iniciativa, por ejemplo, se cita a la ley Sherman Act., de Estados Unidos, que es una normativa antimonopolio que se diseñó para combatir cárteles empresariales e involucra al Departamento de Justicia, de manera que, si se tiene que hacer una acusación y el caso va a tribunales, ya es un proceso que decide un juez competente.
“En cambio, en esta iniciativa solo se menciona una investigación técnica que realizará una dirección de competencia, cuyo director decide. A mi juicio, es un tema complicado: si hay una acusación de que una empresa está realizando prácticas monopólicas o que una empresa se está poniendo de acuerdo con otras para tratar de controlar los precios, es algo que debe decidir un tribunal y no es un tema que una Dirección de Competencia deba investigar, decidir y sancionar”, recalcó.
Sobre las sanciones, recordó que están basadas en salarios mínimos (hasta 40 mil), lo que, al realizar la multiplicación, una multa podría ser de unos Q120 millones, “y eso es demasiado poder para un director. Entonces, el Estado debería hacer la acusación y esta, resolverse en un tribunal, de manera que también se tenga el derecho a la defensa”.
Otra observación de Thomas es que en la iniciativa se crea un departamento de “investigaciones técnicas”, que utilizaría una serie de fórmulas y modelos, lo que puede ser impráctico, aparte de que se necesitaría una serie de permisos, licencias y estudios, con el consiguiente gasto de miles de quetzales.
“Las grandes empresas tienen abogados, contadores y gestores, por lo que destinar Q100 mil para trámites no es problema, pero para un pequeño sí es un problema”.
Iniciativa “diseñada para no funcionar”
Para José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE), la iniciativa presenta grandes falencias estructurales de diseño institucional y que “está extremadamente lejos no sólo de estándares internacionales para un país como Guatemala, sino que es una ley diseñada para no funcionar”.
Al hacer un desglose, manifestó que, la institución no tendría autonomía al estar supeditada al Mineco; además de esto, hay un “consejo técnico” que funciona como una comisión de postulación y que tiene presencia del sector empresarial, lo cual no tiene sentido conceptual ni de fortalecimiento institucional. A su criterio, “esto presenta un grave y claro conflicto de interés”.
Además, señaló que hay algunas prácticas exceptuadas que tampoco tienen un fundamento económico sólido y citó por ejemplo, los acuerdos de distribución y franquicia, ya que en otros países de América Latina con leyes de competencia con estándares de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los acuerdos de distribución y franquicia pueden llegar a ser anticompetitivos bajo el criterio conocido como “regla de la razón” cuando se hacen desde una posición de dominio, porque cierran el mercado a otros productos más baratos y competitivos. “En esta iniciativa de ley esta práctica está exceptuada sin razón alguna”.
Moreria añadió que también están fuera del ámbito de aplicación de la ley, sectores con leyes especiales como energía, banca y telecomunicaciones. “Se pueden reformar esas leyes especiales incorporando consideraciones de competencia, pero esta iniciativa no hace mención alguna de eso”, subrayó.
El proceso administrativo también está mal, a su consideración, porque la misma institución investiga e impone sanciones.
“En países como Chile, se creó un tribunal especializado en competencia que se encarga de dar resoluciones a las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica, que es la autoridad de competencia”.
¿Cómo tener un negocio rentable en tiempos de inflación? Regístrese a la masterclass virtual exclusiva para suscriptores este 15 de marzo a las 18:00 horas.
