El apartado se denomina “Análisis del efecto del incremento de los costos de transporte marítimo y de los insumos agroindustriales en la inflación”, en el que se plantean tres escenarios de los posibles efectos en la economía guatemalteca del alto costo del transporte de las importaciones, el precio de los fertilizantes y el de los combustibles, considerando que se trata de insumos clave para varias actividades productivas del país.
El documento confirma que en “los últimos meses se han observado una serie de ajustes al alza en los precios de algunos productos importados que son utilizados en el proceso de producción industrial” y eventualmente, esa situación impactará los bolsillos de los consumidores nacionales, así como en los hogares.
¿A qué se debe?
El análisis oficial indica que la pandemia del covid-19 ha implicado una serie de cambios significativos en los procesos productivos a escala global, lo que incide en Guatemala y se reflejó inicialmente en restricciones de demanda y de oferta por las medidas implementadas para minimizar los contagios.
A medida que los países fueron avanzando en el proceso de vacunación, se liberaron dichas restricciones, lo que implicó un incremento acelerado en la demanda de algunos bienes y servicios, que no pudo ser acompañado por un aumento equivalente de la oferta y esto provocó que se observaran “cuellos de botella” en algunas de las principales cadenas de suministro, a lo cual se le adicionaron los problemas logísticos en el transporte marítimo que están ocasionando alzas de precios desde hace varios meses.
Por lo tanto, el modelo indicado mide el impacto total de dichos incrementos de precios en la cadena de valor de la economía guatemalteca, “lo que implica que la incidencia total es un resultado de impactos transmitidos por medio del encadenamiento productivo del país, mediante el efecto en cada industria, entre industrias y en el consumo final”.
El planteamiento
En el escenario 1, se muestra que las referidas alzas en los precios de los productos importados exhibirían un aumento en el nivel de precios de la economía equivalente a 0.53 puntos porcentuales (p.p.), con un impacto más fuerte en el consumo final de los hogares de 0.44 p.p.
En el escenario 2, se presenta un incremento de 0.71 p.p., que afectaría principalmente el consumo final de los hogares, con un aumento de 0.56 p.p.
Finalmente, en el escenario 3, el aumento sería de 1.05 p.p., también con un efecto directo en los hogares, equivalente a 0.89 p.p.
Es importante indicar que los resultados indican que el impacto más representativo en los tres escenarios corresponde al alza en los precios de los combustibles, puesto que estos son utilizados con mayor intensidad de forma directa como insumo en la mayoría de las industrias, así como por parte de los hogares.
Un ejemplo de ello fue el incremento de precios del gas propano, que fue contrarrestado por medio de un subsidio que vencerá en febrero, para lo cual se destinaron Q150 millones.
Interpretación
Guido Rodas, exintegrante de la JM, advierte que en esta ocasión se cree que la inflación es por el lado de la demanda, por un excedente de iliquidez -dinero en circulación- y la política monetaria entra a ser restrictiva a través de operaciones de mercado abierto que recoge dinero del público. Al haber escasez del dinero, baja la demanda y por lo tanto los precios.
Sin embargo, ahora se observan altos precios internacionales de petróleo y el incremento del 300% de los costos marítimos, lo que impacta en los costos de producción, lo que ya es una inflación de oferta y no de demanda.
Recordó que cuando se presenta una inflación de oferta, la política monetaria no puede hacer mucho, sino que ahí entra como refuerzo la política fiscal y la arancelaria, como se hizo en el subsidio al GLP.
En todo caso, remarcó que en varios países la inflación golpeó hasta en dos dígitos y en Guatemala no se reflejó tanto y es probable “que la inflación que se está reportando es la mitad de la que realmente es”. En el 2021 se estima que la inflación cerró en 3.25% indicador que estaría dentro de la meta establecida por la JM; y para el 2022, la proyección es de 3% a 5%.
Al preguntarle ¿quién pagará? Rodas manifestó que será el consumidor final. “El que paga cuando se suben impuestos y los costos de producción, es el consumidor final porque es a quien se transfieren esos gastos; el comerciante paga más caro, pero se lo pasa a los clientes”, aseveró.
Citó como ejemplo, que, al subir el costo del diésel, también sube el costo del transporte de carga, que traslada alimentos del área rural hacia el mercado. Ahí, los productos son comprados por el consumidor final, a precios más altos.
