Por medio de acciones que aún se encuentran en discusión, el Gobierno pretende salir al paso con un nuevo paquete de emergencia que permita moderar los aumentos de precios, preservar la seguridad alimentaria, brindar apoyos sectoriales y conservar las fuentes de empleo, lo que implicará modificaciones en las políticas fiscal, monetaria y de cooperación internacional.
El plan de crisis también incluye un apartado sobre fiscalización, para que no exista colusiones en el mercado y el objetivo es establecer los lineamientos para que la población no resulte impactada por la coyuntura internacional.
El programa emergente ya está en borrador final a nivel presidencial e involucra a varios ministerios y otras entidades de Gobierno y aunque aún se desconoce su contenido concreto, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, indicó que el plan es liderado por el Banco de Guatemala (Banguat) y se encuentra bastante avanzado, aparte de que cuenta con varias acciones que ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, los apoyos focalizados (subsidios).
Desde noviembre del 2021, el Ejecutivo implementó un programa de subvención a los derivados del petróleo, que empezó con el cilindro de gas propano, luego se amplió al galón de gasolina regular y diésel y desde esta semana está vigente para la super. También se amplió el rango de consumo de energía eléctrica para incluir a más consumidores en la clasificación de tarifa social.
“Considero que en un par de semanas estará listo para que se incluya la retroalimentación del sector privado”, pero el plan general será presentado por el mandatario Alejandro Giammattei en los siguientes días.
Desde marzo pasado, el Consejo Económico Social (CES), se había pronunciado en el sentido de que el Gobierno debería estar preparado ante “los nubarrones” venideros, como la tendencia al alza de los energéticos, los precios de granos industriales -trigo, maíz, soya- y otras situaciones que podrían materializarse e impactar a las poblaciones más vulnerables.
Poco contra la inflación importada
Aunque no se conoce de manera oficial el alcance del nuevo plan, diversos analistas y expertos opinaron sobre lo que debería incluir el mismo: Ricardo Rodríguez, de la firma consultora Central American Business Intelligence (Ca-Bi), considera que en este momento sí es necesario un plan de emergencia económica o de acción gubernamental por las alzas de precios.
Esto, porque ya se habla de una potencial escasez de productos o incluso efectos en la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, subrayó que no es un tema exclusivo de Guatemala, ni causado por el país.
“Una parte que se debe visualizar también cuántas armas o margen de acción tiene el Gobierno para solventar un tema que no es causado a nivel interno, pues ante ese escenario no hay mayor maniobra porque en el tema de precios internacionales, Guatemala puede hacer muy poco”.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), señala que más que un plan, lo que se debe hacer es seguir impulsando el que ya existe, con base en la Política Nacional de Competitividad y no caer en la tentación de seguir creando subsidios, sino generar procesos que la ley ya establece para impulsar la reactivación económica.
Y mencionó la necesidad de seguir apoyando la ley anti-trámites, así como aprobar iniciativas de ley que están varadas en el Congreso, como la Ley General de Infraestructura Vial que ayudaría en el proceso de inversión en carreteras y a acercar mucho los mercados. Además, sugirió mejorar varios procesos para los bancos, pues, por ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional tiene un programa de créditos que debería enfocar más hacia la pequeña y mediana empresa.
“Definitivamente es importante implementar la política nacional de competitividad que se ha venido trabajando, pero que va muy lento”, agregó Zapata, y reiteró que “acelerar la inversión en infraestructura es lo único que puede ayudar a mitigar el alza de precios, porque recordemos que Guatemala solo es un tomador de muchos de ellos, como la gasolina, y de alimentos como maíz, trigo y soya”.
Apoyos focalizados
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es de la idea de que el Ejecutivo debe adoptar medidas para atender la emergencia, pero no en el camino de más subsidios o perdón de impuestos, sino en el área de gobernanza, a fin de apoyar a la reducción del consumo de los productos que están subiendo de precio.
“Aun así, tendrá que mantener ciertos controles sobre los precios y potencialmente algunos subsidios dirigidos a las familias de menores recursos”. No obstante, adelantó de que no ese tipo de lineamientos puede causar molestias a la población, por lo que lo más probable es que se quede con los subsidios, ampliándolos a fertilizantes, maíz, trigo y otros, “lo que podrá hacer hasta que le alcance el dinero y no a largo plazo”.
Manifestó que las autoridades deben darse cuenta de que el problema es aparentemente de largo plazo, por lo que los subsidios no lograrán regular la situación. “El apoyo debe focalizarse en la población de menores recursos, incluso con un tratamiento especial al gas propano, al diésel y a la electricidad, mientras se logra el resto de la población cambia sus hábitos y costumbres”.
Entre estos mencionó promover fuertemente el teletrabajo, cambios de horario en las oficinas públicas, empresas privadas y centros educativos, para tratar de evitar los fuertes congestionamientos y evaluar la posibilidad, como ya lo hacen otros países, de implementar la no circulación de cierto número de placas, etc. “Estas son solo ideas, pero que debe evaluar el Gobierno porque no le es posible resolver el problema de largo plazo”, aseguró.
¿Más deuda?
José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), expuso que se deben visualizar varios ámbitos: en el económico, mencionó que Guatemala ha crecido al ritmo esperado y la inflación se ha mantenido relativamente moderada respecto a otros países. Sin embargo, los impactos actuales vienen del exterior y no necesariamente derivan de decisiones internas.
Ante ello, una de las principales posturas del ICE es que los programas de subsidios aprobados no son sostenibles a largo plazo, pero ya se renovaron y ampliaron. “Los precios a nivel mundial no están cediendo y es muy probable que, a corto o mediano plazos, estos precios sigan con esa tendencia, mientras la disponibilidad de caja del gobierno ya se está agotando”.
Entonces, el riesgo el riesgo es que traten de financiarlos a través de endeudamiento interno y externo, lo que Ardón considera inadecuado porque es una solución que causará más problemas en el futuro. “Una alternativa que debería considerar el Gobierno es la suspensión del Impuesto sobre Distribución de Derivados del Petróleo”.
Y coincide con Zapata sobre seguir impulsando la infraestructura vial ya que mejoraría la competitividad y reduciría los costos y tiempos que también afectan de forma indirecta a los ciudadanos.
Año preelectoral
Los analistas también mencionaron la posibilidad de que algunas medidas se puedan prestar para influir en el electorado del 2023 y mover agendas preelectorales. “Eso sí generaría una preocupación porque al final, los políticos se estarían aprovechando de una coyuntura, no para solventar el problema, sino para esos fines”, enfatizó Rodríguez.
La experiencia que se ha tenido en el tema de subsidios es la dificultad para focalizarlos hacia la población más vulnerable y que una vez establecidos, es difícil quitarlos, recordó el analista de Ca-Bi.
Medina Bermejo asume que, en la actualidad, el Gobierno está tratando de recuperar algún grado de popularidad entre la población, sobre todo cuando ya se avecina el período electoral, por lo que la percepción es que están haciendo esfuerzos para posicionarse positivamente en la ciudadanía, de tal forma que, el candidato elegido como oficial, goce de cierto beneplácito por el trabajo realizado.
“Un elemento importante es que disponen de recursos no contemplados en el presupuesto (la recaudación no considerada representará un poco más de Q8 mil millones) que les permite implementar ciertos gastos extraordinarios, como los subsidios y la ampliación al gasto del Ministerio de Comunicaciones, sin aumentar el déficit fiscal y sin contratar más deuda de la presupuestada. Como tal, no es de extrañar que sigan implementando planes que utilicen esos recursos no considerados en el presupuesto”.
En todo caso, apuntó que el problema central del Gobierno es que aun cuando implemente nuevos planes para tratar de paliar la emergencia, esos esfuerzos no resuelven los problemas fundamentales del país y básicamente lo que están haciendo es adoptar posiciones que mejorar la opinión de la ciudadanía.
Visión optimista
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), expuso a Prensa Libre el panorama para el siguiente semestre del 2022.
¿Cómo están viendo el precio del petróleo?
Lamentablemente, vimos un repunte en esta semana que tiene que ver con las sanciones que la Unión Europea le impuso a Rusia. Eso, inmediatamente ocasionó un alza, lo que tiene implicaciones a nivel mundial, especialmente para los países importadores netos de combustibles y sus derivados como Guatemala. Y eso se reflejará en los precios de las gasolinas y del transporte.
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Ahí es precisamente cuando las medidas que se han adoptado en Guatemala en subsidios para las gasolinas y el diésel juegan un papel importante para apoyar, de alguna manera, el bolsillo de los consumidores.
¿Cuál es la expectativa de la economía para el siguiente semestre?
Se ve complicado y estamos viendo reacciones en materia de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU., así como de otras economías avanzadas y eso pone presión a economías como la nuestra.
Por otro lado, cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, se hablaba de uno o dos meses, pero ya se extendió y hoy se ha escuchado que podría llegar al 2023. Eso reconfigura el escenario económico y tiene impactos en los precios del petróleo, fertilizantes, maíz y trigo, pues son productores de esas materias primas.
Si vienen impactos importantes para la actividad económica mundial, por lo que recientemente revisamos el crecimiento a la baja, pero con una expectativa del 4%, que es mayor al año prepandemia (3.8%). Y la economía va bien, con ingreso de remesas aumentando 25%; inflación en abril de 4.62%; exportaciones con un comportamiento dinámico; crédito al sector privado de 15%; y los indicadores de corto plazo también se ven positivos.
