El contrato para la rehabilitación, administración y operación de esa obra bajo la modalidad de alianza de inversión público-privado (APP), es el primero aprobado por el Congreso y por el Ejecutivo en los 10 años de vigencia que lleva la ley respectiva (Decreto 16-2010).
Dos recursos legales fueron presentados durante diciembre del 2021, y dos más, este 5 de enero del 2022.
El primero fue promovido por el alcalde del municipio del Puerto San José, Marco Vinicio Najarro, el 10 de diciembre pasado, apoyado por organizaciones de la sociedad civil, en contra del Congreso de la República.
El jefe edil aseguró en esa ocasión que el proyecto no tiene ningún beneficio para los habitantes, aunque dijo no oponerse al proyecto en sí, sino al cobro de peaje porque afectará al turismo, el comercio y a la industria del área.
Javier Reyes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (Stopq), dijo que están en contra de la privatización de la autopista y apoya las acciones legales impulsadas por el alcalde en mención.
En tanto, el 29 de diciembre se presentó el segundo, promovido por Isaac Jacobo Gómez González, Jorge Erick Urías Barrera, José Adán Santos Chanquín y Carlos Orlando Samayoa, también en contra del Congreso, según información de la CC.
Urias, presidente de la sociedad civil de la cabecera de Escuintla, comentó que este es promovido por la sociedad civil del municipio de Escuintla y la denominada Comisión Antiprivatización, que según la fuente entrevistada, tiene vida legal porque nació en el seno de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes).
Añadió que ese proyecto causa un agravio al patrimonio económico de los guatemaltecos y que el impacto negativo sería inmediato principalmente en el costo de la canasta básica. Otro argumento expuesto es que se violenta la autonomía municipal de Escuintla, Puerto San José, Iztapa y Masagua, pues los artículos 63 y 64 del Código Municipal establecen que si se hace alguna obra de trascendencia, se les deberá consultar.
Dos más en enero
Mientras que este miércoles, fue presentado otro recurso por Mario Roberto Ortiz Barranco y Juan Carlos Estrada Herrera, en contra del Congreso de la República.
Ortiz es presidente y representante legal de la Gremial de Transportistas Especializados en Combustible (Gretec), según la información de la CC, y se trata de una acción constitucional de amparo en contra de ese organismo y se pide que se suspenda provisionalmente el decreto 18-2021 que aprobó dicho contrato.
El abogado Rafael Fajardo explicó que al cobrarse peaje por el uso de esa vía, subirá el transporte y el precio del combustible, lo cual incrementará los precios de la canasta básica. Entre otros argumentos se añade que la carretera ya fue construida por el Estado por lo que no puede ser privatizada y que la población ya paga otros impuestos para carreteras por lo que no es procedente el cobro de peaje.
Y horas antes había sido presentado el primer expediente del 2022; en este caso, un amparo promovido por el abogado Rafael Maldonado Flores en contra del presidente de la República y el Congreso. Maldonado indicó que decidió esta acción legal, como vecino residente en Escuintla, pues el proyecto afectará a la población en general de ese y otros departamentos.
Señaló que cuestiona el desarrollo de proceso de formación y sanción del decreto 18-2021 del Congreso que aprobó la autopista y busca que se declare inaplicable el cobro porque se violentan tres principios fundamentales: la prohibición de doble tributación porque los ciudadanos ya pagan el impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV) , el de distribución de petróleo y sus derivados (IDP) y en ambos se destinan fondos para la red vial.
Además, indica que para los vecinos de varios municipios de Escuintla se violenta la libre circulación porque se les forzará a usar la nueva carretera, pagando peaje, aunque había sido creada por el Estado para facilitar la conectividad.
Firma pendiente
Sandro Testelli, director de país de la compañía Marhnos Guatemala, que forma parte del Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), empresa ganadora de la licitación, respondió que la firma del contrato está en un proceso administrativo y no han sido informados de los alcances de estos amparos presentados.
Agregó que estarán atentos a las diligencias y esperan que estos recursos legales no atrasen un poco más el proceso porque ya se tuvo la autorización del Congreso y la firma del decreto por parte del Organismos Ejecutivo. Según el ejecutivo de la empresa la inversión estimada es de US$125 millones -unos Q962 millones-.
La autopista Escuintla-Puerto Quetzal es un tramo de 41 kilómetros que ya existe, pero debe desarrollarse la autopista, e incluye la construcción de siete distribuidores a desnivel, carriles de aceleración de cámaras de seguridad e iluminación en lugares estratégicos y otras mejoras a la seguridad vial, así como la implementación de medidas de mitigación socioambiental, según detalles del proyecto aprobado.
La modalidad de operación será con cobro de peaje de Q15 para los vehículos livianos de un eje, monto que se multiplicará según el número de ejes de cada unidad, por lo que un transporte de carga de cinco ejes pagaría Q75, según ejemplos comentados en ocasiones anteriores.
