La entidad que aglutina a los constructores considera que, aunque el Estado administre por un tiempo corto la Autopista Palín Escuintla sin pago de peaje, tal como lo anunció el presidente Alejandro Giammattei recientemente, debe darle el mantenimiento necesario para que el tramo continúe en buenas condiciones.
Sin embargo, aboga por un proceso de recepción y liquidación adecuado y que se realice un nuevo proceso de adjudicación competitivo y transparente, para que la operación y mantenimiento queden a cargo de una entidad privada.
“Es imperativo poner en marcha un proceso competitivo riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la Autopista Palín-Escuintla a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para llevar a cabo dicho proyecto”, explicó el director ejecutivo de la CGC José Fernando Orellana Wer, al dar a conocer la postura de dicha Cámara.
Minutos después de dar a conocer esa recomendación, el Cacif también se pronunció en términos similares.
Orellana agregó que “el hecho de que termine la concesión y que la autopista vaya a regresar a manos del Estado para su administración y mantenimiento, no es sinónimo de que debe permanecer así por el resto del tiempo”, expresó Orellana.
Y agregó que “instamos al Gobierno central, para que la administración y mantenimiento de la autopista por parte del Estado sea temporal, pero durante ese período (que esperamos que sea corto), es esencial que implemente todas las medidas estratégicas y preventivas para asegurar la calidad de la infraestructura”.
E insistió en que el nuevo proceso para que la operación se adjudique a un ente privado necesita llevarse a cabo con un estricto apego a la legalidad, aparte de garantizar condiciones más favorables para el Estado de Guatemala respecto a los beneficios económicos derivados de un nuevo contrato.
Ello, porque a su criterio, el contrato que está por vencer se negoció hace 25 años, “con ciertas condiciones que ya no se ajustan a las necesidades ni expectativas actuales”, como el pago de 1% de regalías. “Esos son aspectos que deben modificarse para que las condiciones sean buenas para la inversión, pero también para el Estado”. Y aunque no mencionó un porcentaje tentativo de regalías o ingresos, dijo que analizará el tema y le presentarán una propuesta al gobierno.
“Este modelo no es perfecto; el modelo de concesión ha tenido defectos, pero es comparable con la eficiencia en el tráfico y el flujo de vehículos en autopistas en diversas partes del mundo”, añadió.
Durante los 25 años de concesión de la autopista el gobierno de Guatemala percibió Q21 millones 403 mil 74.88 por concepto del 1% de regalías. En tanto del 1 de mayo de 1998 a diciembre del 2022, el concesionario tuvo un ingreso bruto de Q2 mil 442 millones 116 mil 236.76, (el ingreso sin IVA fue de Q2 mil 181 millones 905 mil 905.39, según el “Informe circunstanciado del tramo concesionado Palín-Escuintla con cobro de peaje” de la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Varias opciones
Cacif y la CGC coincidieron también en la necesidad de que se haga un proceso adecuado para la devolución de los bienes y no haya problemas con el contrato.
Referente a la concesión, una opción es licitarla atendiendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y Orellana explicó que con esta figura, el nuevo evento puede dar inicio aunque no haya finalizado el contrato administrativo actual, lo que está regido por el título noveno, que se refiere al capítulo sobre contratos y concesiones sobre servicios públicos en los artículos del 95 al 98.
En este caso, el Ministerio de Comunicaciones tiene que realizar una serie de estudios, se debe considerar el cobro del peaje, las prohibiciones, las formas de terminación y los ajustes de tarifas. El plazo no puede ser superior a 25 años, pero sí puede ser menor, añadió.
La otra opción es una alianza público-privada con la ley específica (decreto 16-2010), y en ambos casos, el proceso debe ser conocido y aprobado por el Congreso, explicó.
Al ser consultado sobre el tiempo de esa aprobación en el Organismo Legislativo, como ya sucedió con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, mencionó que por ser este un año electoral, podría haber demoras, por lo que no se deberían anteponer los intereses políticos a los del país.
En cuanto al proceso de liquidación y recepción, está en las cláusulas décimo quinta y vigésimo segunda del contrato 642-197 de la Dirección General de Caminos, indicando que se debe hacer el proceso de reversión de los activos, en este caso la carretera, y entregarse en condiciones de funcionamiento adecuadas. O por lo menos, en condiciones iguales a como se recibió. Si no es así, el Estado tiene su favor una fianza de conservación de la obra.
Para iniciar el proceso liquidación y recepción se dispone de tres meses y si no se llega un acuerdo sobre el contenido de la liquidación o el concesionario (en este caso, la empresa) no se presenta a liquidar el contrato, el Estado tiene la facultad de ejecutar la liquidación de forma directa y unilateral.
Marhnos reacciona
Por la tarde del martes 25 de abril, la compañía Marhnos, a cargo de la autopista por medio de la Operadora SIVA, divulgó un comunicado donde comenta que cuenta con experiencia en operar la única autopista en Guatemala que cumple con estándares internacionales en infraestructura vial.
Agrega que la Autopista Palín-Escuintla ha funcionado en óptimas condiciones durante los 25 años del contrato y será entregada con un mantenimiento mayor, con una inversión de Q95 millones.
“Los trabajos en la autopista tendrán una duración de 5 meses, y contemplan un fresado completo de la carretera y la colocación de una capa nueva de asfalto. El mantenimiento se realiza bajo las condiciones contractuales actuales y con el aforo normal de modalidad de peaje, lo que podrá afectar su longevidad al convertirse en vía libre por la alta transitabilidad que tendrá la autopista al estar gratuita”, advierte.
Y afirmó que en el plazo de la concesión, la compañía ha generado valor e inversión más de Q1 mil 765 millones, entre canon, impuestos, mantenimiento, operación, construcción de infraestructura y salarios dignos, generando competitividad y desarrollo local.
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