El reciente “destape” del Caso TCQ, donde todavía no se hacen públicos datos e información que seguramente el MP y la Cicig expondrán oportunamente, aconseja ser prudentes y no adelantar juicio sobre el mismo, ya que seguramente arrojará muchas sorpresas. Eso sí, las instituciones investigadoras, las judiciales, pro transparencia, la prensa y ciertas bancadas del Congreso hacen su trabajo, algo que todos esperamos, exigimos y agradecemos.

Ya que se está cobrando cierta cuota de responsabilidad al financista del proyecto de modernización en el puerto (IFC), una institución multilateral, considero equilibrado contextualizar el papel de las instituciones de financiamiento de desarrollo en tres aspectos.

Criterios más exigentes. Para los que hemos participado en procesos de compras, contrataciones o licitaciones donde se utilizan fondos de estas instituciones multilaterales, es sabido que los criterios de competencia, transparencia y de integridad son mucho más exigentes que los de compras y contrataciones del Estado, y no me refiero exclusivamente a Guatemala.

Casi me atrevería a afirmar que el común denominador de los funcionarios responsables de aprobar compras y contrataciones en estas instituciones multilaterales es el mismo, asegurarse que se cumplen con las leyes nacionales de compras y los criterios que vienen de su sede en Washington.

Aspectos sociales y medioambientales. Las misiones técnicas de esas entidades que visitan a un país que solicita un préstamo incluyen normalmente a expertos en temas sociales o medioambientales, que orientan sobre los criterios y evaluaciones en estas materias. Incluso a veces se requieren criterios más exigentes que las leyes locales.

Oficinas de integridad y transparencia. Normalmente, estas instituciones poseen agencias encargadas de la investigación de casos reñidos con las normas internas de sus operaciones. Para el Banco Mundial, estas investigaciones se hacen a través del Compliance Advisor Ombudsman (CAO). En el link www.cao-ombudsman.org/cases/ pueden verse todos los casos en investigación o cerrados, incluyendo el del TCQ.

Es lógico suponer que los 184 miembros del IFC del Banco Mundial y la propia administración tomen todas las acciones requeridas para fortalecer el prestigio institucional a través del CAO.

Sin poder opinar con prudencia sobre un proceso judicial que apenas se está iniciando, considero realista concluir en lo siguiente:

1. Todas las instituciones están dirigidas por seres humanos, que por muy buena intención y mecanismos de control efectivos pueden y seguramente se equivocan. El anuario del CAO 2015 brinda ejemplo de casos donde el IFC se ha equivocado en ciertos criterios.

2. Guatemala requiere y seguirá requiriendo de la opción de préstamos de la banca de desarrollo; (BID, Banco Mundial, IFC), sus condiciones crediticias, tanto en el plazo como tasa de interés, no se encuentran en la banca privada. Solo estas instituciones financieras tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo, que seguramente no serían bancables en el sector privado.

3. Estas instituciones generalmente exigen el cumplimiento de criterios de transparencia, ética y competencia mucho mayores que las estipuladas por las leyes nacionales.

4. Poseen mecanismos internos de investigación porque existen casos para investigar. Si todo fuera perfecto, no los tendrían.

5. A lo largo de muchos años, han apoyado de manera efectiva y eficiente a través de asistencias técnicas y financiamiento a muchos países del mundo en sus esfuerzos de integridad y transparencia.

Guatemala y sus instituciones necesitan este apoyo y me refiero específicamente a la modernización de la SAT; seguramente, este caso servirá para plantear una Agenda Nacional de Probidad, Ética y Transparencia y nuevas reglas con la banca de desarrollo.