En ese contexto, la CIG, pidió de manera pública a las Cortes trabajar en diseñar mecanismos para una “consulta reparadora” de proyectos autorizados con anterioridad que no se hayan consultado.
Jacobs expuso que en el Ministerio de Trabajo se está haciendo un esfuerzo por crear un mecanismo relacionado a cómo aplicar la consulta de parte del Gobierno en las autorizaciones que se vayan a dar a futuro por lo que “también las cortes deben trabajar con el Ministerio de Trabajo y la OIT en como diseñar si se requiere una consulta reparadora de alguna actividad del pasado que no se haya consultado”.
“La resolución de la Corte tiene que contemplar un mecanismo para dar una homologación a todos los proyectos que están en funcionamiento o en construcción y a los cuales el Estado otorgó una licencia de cualquier tipo, no solo licencias del tema hidroeléctrico sino una licencia municipal, o de impacto ambiental, y no solo de aquí para adelante, sino de aquí para atrás” dijo el vicepresidente de la CIG Juan Carlos Tefel.
La Cámara de Industria, respaldó a la Asociación Guatemalteca de Energías con Renovables (Ager), y sus ejecutivos solicitaron que las sentencias sean apegadas al convenio 169 de la OIT al argumentar que las más recientes impactan la inversión, la economía comunitaria y el empleo (unos 1 mil 600 trabajadores en la construcción de mencionada planta).
Inversión en peligro
El caso específico por el que mencionaron el tema es el peligro que corre la inversión efectuada en la hidroeléctrica Oxec, que llega a US$300 millones, según dijo Alfonso González vicepresidente de Ager.
Este tipo de proyectos tienen financiamiento (con créditos en este caso) por diversos bancos, y aunque Oxec ya lleva 84 días de suspensión por orden de la CC, se deben pagar intereses bancarios, agregaron.
Jacobs añadió que se está castigando esa inversión ya que a su consideración no se respeta por las cortes el espíritu de las consultas comunitarias, mientras que el Estado es el que ha incumplido por 20 años en efectuar las consultas en mención, lo que hace vulnerables de amparos a otros hidroeléctricas, y refirió que tienen información que ya se han presentado entre cuatro a seis recursos de amparo contra otros proyectos.
El ejecutivo refirió que existen instaladas 80 hidroeléctricas (que generan el 50% de la energía que consume el país), y el 80% de esas plantas gozan de alguna autorización que puede ser vulnerable a amparos debido al incumplimiento del Estado.
Datos de Ager indican que los proyectos que enfrentan problemas representan una capacidad de generación de 384 megavatios (MW), aparte de los 86 MW de Oxec.
Diversas cámaras empresariales y organizaciones se han pronunciado a favor de Oxec, y critican la resolución de la CC con la cual se suspendió de forma provisional la fase 2 que ya estaba en operación y se suspendió la construcción de la fase 1. Aún falta el fallo definitivo.
