Economía

Industriales piden intervención de fuerza pública para desbloquear carretera

Representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) interpusieron este lunes un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitando al presidente, ministro de Gobernación y Policía Nacional Civil (PNC) la intervención en bloqueos en la Franja Transversal del Norte (FTN). 

La acción legal pretende garantizar la protección de los derechos humanos de las personas afectadas, ya que este lunes se cumplen más de una semana de bloqueos en las comunidades Bella Linda e Ixquisis de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

El presidente de la CIG, Juan Carlos Tefel, subrayó que son más de 15 mil personas de 23 comunidades las afectadas, que están siendo “violentados sus derechos de libre locomoción, libertad y trabajo”.

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“Lo que solicitamos con este amparo es que la CC proteja los derechos de estos guatemaltecos y que insten a las autoridades a actuar prontamente para liberar el paso”, precisó.

Tefel recordó que, desde el 11 de septiembre, un grupo de personas inició el bloqueo en la FTN.

“Tenemos reportado que este grupo de personas están realizando cobros ilegales para permitir el paso, personas de las comunidades se están viendo afectadas para trasladarse hacia sus trabajos, realizar sus actividades de comercio e incluso para acceder a servicios de salud. Este tipo de acciones no hacen más que aislar a las comunidades del desarrollo que tanto necesitan”, recalcó.

Acción inmediata

Tefel afirmó que el amparo presentado ante el máximo órgano constitucional, solicita su cumplimiento inmediato, argumentando la clara violación y amenaza a los derechos de protección a la persona, obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, derecho de libertad de acción, derecho de libertad de locomoción y derecho de libertad de industria, comercio y trabajo.

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Reiteró que, se solicita la intervención del Procurador de los Derechos Humanos y que la CC ordene a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos humanos y preservar el orden público.

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ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.