El Inde expone que no posee competencia legal para realizar negociaciones con la Comunidad La Campana ya que los entes facultados son la Comisión Presidencial del Diálogo, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (Copredeh) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) y como observador la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
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Por ello hace un llamado a las personas de esa comunidad para continuar con el diálogo y que se llegue a una conclusión “satisfactoria para ambas partes”.
Sin embargo advierte que “de no alcanzarse acuerdos en esta mesa de diálogo, el Inde se verá obligado a tomar acciones legales pertinentes para proteger la infraestructura de la Hidroeléctrica” la cual es patrimonio del Estado.
Las generadoras propiedad de dicha institución además contribuyen al aporte para la tarifa social.
Piden que se cumpla con resarcimiento
Los pobladores mencionaron hace dos semanas que decidieron tomar las instalaciones mencionadas como una medida de presión al Gobierno ya que indican, ha incumplido acuerdos logrados con anterioridad para lograr apoyo para sus comunidades.
La semana pasada la PDH hizo un llamado a los pobladores de La Campana y a las autoridades del Gobierno para mantener un diálogo con el fin de solucionar las diferencias.
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Además, indica que es necesario e importante que el Gobierno cumpla con acuerdos adquiridos previamente en mesas de negociación que a la fecha han omitido.
La PDH indica que en noviembre del 2017 el Gobierno y la comunidad firmaron un acuerdo marco de reparación integral pero luego de un año el Estado ha incumplido ya que no ha emitido el Acuerdo que Gubernativo para aprobar el acuerdo en mención.
Derivado de ese incumplimiento las comunidades están manifestando en la hidroeléctrica y pudiera verse afectado el funcionamiento de esta y afectar la generación de energía. Menciona que Chixoy es la más grande del país.
Hace un llamado al Gobierno para dar una respuesta a la comunidad para emitir las acciones pendientes, y a la comunidad para que manifieste de forma pacífica.
En febrero de este año comunitarios también manifestaron de forma similar, amenazaron con quemar la bocatoma de la Hidroeléctrica, si no se aprobaba el acuerdo Gubernativo para que se les pague el resarcimiento por Q34 millones por haber construido el embalse en sus tierras.
La firma del acuerdo de reparación en septiembre del 2017 tiene el objetivo de hacer el pago por pérdidas de uso de la tierra de la localidad, además la población se compromete a mantener el diálogo.
Política de reparación
Con el acuerdo gubernativo 378-2014 El Gobierno aprobó la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy
- Esa política fue firmada entre el Ejecutivo y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocacich).
- Beneficiará a 27 comunidades de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Para la reparación serán invertidos Q1 mil 200 millones por la vulneración de sus derechos.
- El documento establece que la misma se debe cumplir entre el 2015 y 2029.
- En octubre del 2015 se realizó el primer pago pero de forma parcial.
- Se continuó con algunos pagos pero a la fecha hay atrasos en el proceso.
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