Una de sus inquietudes es que, según datos del IGSS brindados en una reunión, se han perdido 107 mil afiliaciones en este tiempo.
¿Cuántas denuncias ha recibido el Ministerio de Trabajo durante la pandemia y el primer mes de reapertura?
De marzo a agosto se han recibido 21 mil 523 denuncias. Con la reapertura, del 27 de julio al 27 de agosto se recibieron 3 mil 376 denuncias. Y del 1 al 27 de agosto son dos mil 975.
Las más recurrentes son por despidos sin pago de prestaciones, por despidos masivos, por inobservancia de seguridad ocupacional, por ausencia de reportes de casos covid-19 y algunas otras.
¿Aumentaron respecto a meses anteriores a la pandemia?
El promedio mensual de años anteriores era mil denuncias. En marzo, se recibieron 1 mil 144, pero cuando se abrió el sistema informático para recibir denuncia vía web, nos reportaron que aumentó a 7 mil 718 en abril.
¿Ya se lograron resolver algunas?
De marzo al 2 de agosto, el Ministerio estuvo cerrado al público y los plazos administrativos estaban detenidos. Ya empezamos a fijar audiencias de conciliación y se están efectuando para agotar la fase administrativa. Además, los tribunales de trabajo estaban cerrados.
Implementaron un plan de verificaciones, ¿qué detectaron?
Del 27 de julio al 28 de agosto, se realizaron 548 inspecciones. El plan iba enfocado en la verificación del pago de bono 14, denuncias que habíamos recibido por vía web y verificación de las suspensiones de contratos.
Al 24 de agosto se habían alcanzado casi 175 mil trabajadores con contrato suspendido.
Ya se presentaron cinco denuncias penales porque se estaba utilizando mal el Fondo de protección del empleo y ya nos convocaron en el Ministerio Público. Se detectó, a partir de la suspensión de contratos, que había algunas anomalías, no se había encontrado a la persona o no se trataba de una empresa formal.
El Cien considera que por la pandemia la informalidad crecerá hasta el 80% en el 2020. ¿Qué análisis tiene al respecto?
Nuestras estadísticas son aproximadamente de 1 millón 100 mil trabajadores formales. Lamentablemente, no todos los patronos cumplen con entregar al Ministerio de Trabajo su informe.
Las estadísticas de afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) rondan el 1 millón 300 mil trabajadores.
Se ha dicho a nivel internacional, incluso la OIT, que sí va a haber un descenso de fuentes formales de empleo. Incluso ya se había dado un descenso en la formalidad según los datos del IGSS. En el 2019 estaban por el 19% (de afiliados respecto del total de ocupados). Entonces, yo creo que lo que va a haber es menos del 20% de formalidad, si se parte de la formalidad como pago de sus cuotas patronales y laborales.
¿Ya hay datos del 2020?
Un dato interesante que el IGSS mencionó en la reunión de Coprecovid es que habían hecho una proyección actuarial del impacto que iba a tener.
El seguro social había proyectado que se reducirían en más de Q4 mil millones los ingresos del Instituto y se redujeron en menos de Q1 mil millones. También mencionaron que hubo pérdidas de afiliaciones, pero también hubo nuevas. Hicieron un promedio de que alrededor de 107 mil afiliaciones se habían perdido según datos al mes de julio, que fueron las cifras que presentaron, es decir un balance entre las nuevas y las que se perdieron.
¿Qué opina al respecto de ese dato y cómo recuperar empleos?
El tema de los 107 mil (afiliados perdidos) es preocupante, por supuesto, porque la política debería ser ir incorporando más y no ir disminuyendo.
El panorama es negativo porque se perdieron puestos de empleo formal. Sin embargo, el impacto no fue tan fuerte como se esperaba, lo cual es una buena noticia para la economía nacional.
La mejor noticia hubiera sido que creciera, ellos (el IGSS) plantean que con la reapertura finalmente haya un balance con superávit, no el balance que se esperaba con la proyección inicial del año, pero al menos no va a salir el anual con pérdida.
¿Es necesario fortalecer el ministerio?
En el Ministerio de Trabajo la situación es muy parecida al Ministerio de Salud, instituciones que de alguna forma habían venido debilitándose con el transcurrir del tiempo y que no se habían hecho mejoras.
Nos encontramos con una Inspección General de Trabajo (IGT) que debería ser el corazón del Ministerio, pero solo hay 95 personas que la conforman y de ellas solo 63 están laborando, ya que a partir de la pandemia se redujo ese personal por las restricciones y medidas para población vulnerable porque tienen alguna condición preexistente: son mayores de 60 años o alguna otra situación que los pone con característica de alto riesgo.
En la capital hay 22 personas de inspección que deberían estar viendo audiencias de conciliación, pero solo seis están trabajando por esa misma razón.
Ahora se busca fortalecer la IGT y ampliar la oferta de capacitación. Del monto de entre Q21 millones a Q25 millones de ampliación presupuestaria que se está pidiendo para el 2021, alrededor de Q6.5 millones serían para Inspectoría, Q11 millones para informática, alrededor de Q10 millones para fortalecer la Dirección de General de Empleo y aumentar en 31 el número de técnicos de salud y seguridad ocupacional.
¿Cuál es el presupuesto que están solicitando para toda la cartera?
Estamos en el proceso, y ya se lo hemos comentado a varios diputados, ya que queremos plantear sacar del Ministerio de Trabajo el Programa del Adulto Mayor. Esto, debido a que cuando se creó en 2005 lo ubicaron en este Ministerio porque tiene bajo su rectoría la previsión social. Pero al trasladar el programa, podríamos concentrarnos en la función principal del Ministerio y lo que más nos demanda la ciudadanía, ya que de Q800 millones que tenemos hoy en día en el ministerio, Q600 millones son del Programa del Adulto Mayor. Este tiene su personal técnico que se ocupa de estudiar los requerimientos, trabajadores sociales, abogados, verificación, pero toda la labor administrativa financiera del programa está cargada al personal que posee el Ministerio de Trabajo.
¿Cuándo harán la propuesta?
En lo que queda del año, antes de que se apruebe el presupuesto, ya está la anuencia e instrucción de parte del presidente (Alejandro Giammattei) y la anuencia del ministro de Desarrollo Social de poder recibir este programa.
¿Qué acciones tienen previstas para apoyar el impulso al empleo?
En el Congreso hay iniciativas priorizadas por el gobierno como la legislación para implementar el convenio 175 de la OIT, el trabajo de tiempo parcial.
Para teletrabajo hay una iniciativa (en el Congreso presentada por diputados) pero creemos que hay que mejorarla y tenemos por mandato presidencial hacerle algunas recomendaciones.
Además, para fortalecer la posibilidad de empleo se va a impulsar tener una fuerza de trabajo en la ciudad que dé capacitación a las municipalidades y a las escuelas.
También, el programa de las Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (Vumes) que actualmente son 13 Vumes y dos Centros de Información juvenil, el objeto de estos es la orientación e intermediación laboral.
