En Guatemala se distinguen cinco fallas que disminuyen la capacidad de la sociedad para responder ante esta crisis.
Un sistema de salud de mercado
Primero, un sistema de salud predominantemente orientado al mercado, con un subsistema público de salud que tiene capacidad de atender a la población guatemalteca que existía en 1970 y con un gasto público estancado en torno al 1.0% del PIB —una de las inversiones más bajas del mundo—.
Esos 50 años de rezago se han traducido en un acceso inequitativo a la salud, insuficiente personal sanitario distribuido en el territorio y un inventario de equipo y material médico por debajo del mínimo para operar, incluso en contextos sanitarios «normales».
Un país sin protección social
La segunda falla es el sistema de protección social casi inexistente.
La administración pública no ha puesto en marcha políticas públicas que garanticen una mejora permanente del bienestar social. Por ejemplo, hay 5.6 millones de trabajadores sin afiliación a la seguridad social, pero nunca ha promovido un programa para adherirlos al sistema. En el caso de la desnutrición crónica —que padece uno de cada dos menores de cinco años— o el de la pobreza, el poder público se conforma con acciones tímidas que no cambian el problema estructural de la desigualdad y la exclusión social.
En el contexto actual, que obliga al distanciamiento social y la disminución de la actividad productiva, solo un programa de protección social masivo y de rápida ejecución podrá salvar al país de la ingobernabilidad democrática y el desorden social provocado por el hambre, como ya se observa en El Salvador y Honduras.
Un mercado interno descuidado
La tercera falla resulta de un estilo de crecimiento orientado al mercado exterior, que ha descuidado el mercado interno, sin interés por sacar de la pobreza a la población, dependiente de remesas familiares, exportaciones e inversión extranjera, con pocos esfuerzos por modernizar el aparato productivo en general y corroído por una competitividad espuria lograda a fuerza de bajos salarios y baja tributación.
El cierre de fronteras y posibles barreras sanitarias que se impondrán en el futuro afectará las exportaciones. La oferta de productos y servicios nacionales podría encontrar suficientes consumidores si los guatemaltecos tuvieran mejores ingresos.
Una política fiscal para sobrevivir
La cuarta falla es una política fiscal diseñada para la sobrevivencia y no para el desarrollo y la democracia. El Estado guatemalteco tiene una de las tres recaudaciones tributarias más bajas del mundo (menos del 10.0% del PIB).
El cobro de impuestos es poco equitativo (paga más el que tiene menos) por lo que la tributación no es un mecanismo redistribuidor de la riqueza. La evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta supera los Q40.0 millardos anuales. Por su parte, el gasto público es mínimo e insuficiente para garantizar los derechos de todos, y con espacios llanos para la corrupción.
Este estilo fiscal promueve una administración pública débil, incapaz de hacerse cargo de lo cotidiano y con pocas posibilidades de atender exitosamente la catástrofe sanitaria y económica que se aproxima.
Una nueva crisis reta al Estado
Cuando el coronavirus Covid-19 vino a Guatemala los enormes problemas para enfrentar el subdesarrollo ya estaban aquí, y el Estado enfrentaba crisis que eran fruto de estas fallas.
Ahora bien, para atender la nueva crisis el Estado, entendido como el conjunto de la sociedad, y el gobierno como ejecutor del poder público, pueden tomar dos caminos: comenzar a arreglar los problemas estructurales o agravarlos.
Suponemos que el camino, sensato y democrático, es arreglar los problemas, por lo tanto la ruta pasa por poner a las personas al centro de las acciones y contar con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo: hoy se requiere evitar la muerte de personas, pero mañana se debe buscar salvar a las personas del hambre, universalizar el agua y drenajes y la atención médica.
Construir un sistema para la gente
Dentro de la protección social frente a la urgencia, toca garantizar que todas las personas tengan los productos básicos asegurados; en el caso de hogares en pobreza general y extrema, toca dotarlos de recursos —un ingreso de emergencia— o entregarles los alimentos.
En el futuro, se deberá construir un sistema de protección social robusto para atender con más prontitud sucesos como la crisis actual sumado a la protección cotidiana de las personas ante los diversos riesgos que enfrentan a lo largo de su vida.
En lo económico, el Estado debe apoyar con préstamos blandos a las micro, pequeñas, medianas empresas —negocios que generan el 80.0% de empleo nacional— y a las grandes que se vean afectadas por la crisis.
La política económica debería encontrar un mejor equilibrio entre la producción para el consumo nacional y para la exportación; promover un cierre de la brecha tecnológica entre las grandes empresas y el resto; aprovechar la necesidad de una transformación productiva a gran escala para buscar la sostenibilidad ambiental.
En lo fiscal, el Estado debe promover un aumento de la recaudación de impuestos, por medio de la lucha contra la evasión y elusión, y avanzando hacia una carga tributaria globalmente progresiva (quien tiene más, paga más). Por el lado del gasto, avanzar hacia su incremento en función de metas de cobertura y calidad que deban alcanzar los bienes y servicios públicos.
Asimismo, construir una cultura de rendición de cuentas y transparencia de toda la sociedad, en especial, de sus gobernantes.
Los grupos de poder
Finalmente, los efectos del Covid-19 provocarán un retroceso en el largo y arduo camino para salir del subdesarrollo y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, esta agenda continúa siendo el norte a seguir.
Ahora bien, la quinta falla es el poder que ciertos grupos particulares —económicos, políticos y militares— ejercen sobre el poder público y que han llevado a Guatemala por el camino transitado. Si la crisis se aprovecha para que el Estado compre seguros privados, elimine impuesto, destruya los fondos de la seguridad social o aumente su opacidad y su control violento de la población, entonces la crisis se exacerbará.
Jonathan Menkos es director ejecutivo del Icefi
