“En Honduras, desde 1998 existe un programa de merienda escolar, sin embargo no contaba con el marco legal para garantizar que el Estado proporcionara de manera adecuada la ración alimentaria nutricional en todos los centros de educación pública pre-básica, básica y progresivamente en la educación media en el contexto del derecho a la alimentación”, explicó Bendaña.
Con la aprobación de la ley se institucionaliza el Programa de Alimentación Escolar implementado por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Educación (SE) con independencia financiera, puntualizó.
Honduras pasa a integrar junto a Bolivia, Brasil y Paraguay el grupo de países de América Latina que cuentan con leyes específicas sobre alimentación escolar, informó la coordinadora regional en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) del proyecto de Fortalecimiento a los Programas de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, Najla Veloso.
“Es muy importante que los países garanticen por medio de marcos legales el derecho a la alimentación saludable y adecuada a los estudiantes”, resaltó Veloso.
Bajo un modelo sostenible
La metodología del Programa de Alimentación Escolar que se institucionalizará a partir de la aprobación de la ley, se ejecuta bajo un enfoque sostenible que incluye la participación de los padres de familia, maestros, las municipalidades, las comunidades, mancomunidades y la vinculación a las compras locales a la agricultura familiar, manifestó Wendy Carranza, coordinadora del proyecto en FAO Honduras.
Carranza explicó que a partir de la experiencia piloto de Escuelas Sostenibles, desarrollada en cinco municipios del occidente de Honduras, que surge a partir de la experiencia brasileña, el Gobierno a través de la SEDIS, replicó el modelo en 32 municipios del corredor seco, bajo un enfoque de desarrollo territorial, donde la alimentación escolar es una línea de acción en las agendas municipales.
En este proceso, actualmente participan 10 mil agricultores familiares de 83 municipios que abastecen de hortalizas, frutas, huevos y otros productos que se destinan a 1,284 centros escolares beneficiando la alimentación de 72,298 niños y niñas, apuntó.
Agregó que con la aprobación de la ley y posterior reglamentación del Programa de Alimentación Escolar podrá implementarse en todo el país, beneficiando a más de 1.8 millones de escolares.
Garantías de la alimentación escolar
“La ley declara que la alimentación escolar es una prioridad nacional, lo que representa un paso importante para garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada”, manifestó María Julia Cárdenas Barrios, Representante de la FAO en Honduras.
Cárdenas Barrios, explicó que la ley es una construcción conjunta en la cual la FAO brindó la asistencia técnica para la discusión y análisis de la ley, contando con el apoyo del Gobierno de Brasil en el marco del Programa Cooperación Sur-Sur por medio del Programa de Cooperación Internacional.
En el marco del programa Mesoamérica sin Hambre, impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la FAO, se brinda apoyo al Frente Parlamentario contra el Hambre de Honduras, instancia que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Economía y otras instituciones del Estado han tenido un rol fundamental en la elaboración de una ley que responda a las necesidades del país.
En Plan San Celac
El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de CELAC, que en su capítulo primero trata de la Seguridad Alimentaria y Nutricional así como de la Erradicación del Hambre y la Pobreza, dedica en su tercer pilar una línea de acción específica a la Alimentación Escolar.
Según el Plan de SAN de CELAC, los programas de Alimentación Escolar tienen una larga trayectoria en la región y en la actualidad pueden vincularse con diversos objetivos, como la creación de hábitos saludables, la continuidad del ciclo nutricional y el fortalecimiento del acceso a mercados públicos de abastecimiento institucional de alimentos por parte de la agricultura familiar, entre otros.