Además, el Inab hace ver la responsabilidad que tiene el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que a ese ente también le había informado en el 2016 acerca de que el proyecto no era procedente, y aún así le brindó la licencia ambiental en ese mismo año.
En el informe técnico enviado al MEM por ese instituto el año pasado se expone que “es importante mencionar que es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- dentro de las facultades que la Ley le otorga en materia ambiental, la aprobación o no del instrumento ambiental para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico “Central Rocja Pontila”.
En la conclusión del caso el Inab ratificó al MEM su opinión emitida mediante el 7 de enero del 2016 debido a que se mantienen las mismas condiciones. En esa ocasión se determinó que el proyecto no es procedente y que se detectaron al menos 8 debilidades en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado al MARN.
Entre los efectos que ha determinado el Inab refieren que el Parque Nacional Laguna Lachuá y su área de influencia forman parte de un humedal de importancia internacional denominado por la Convención Internacional de Humedales RAMSAR, por jugar un papel esencial para proveer y mantener la calidad del agua de la Región, explicó Gilberto Cifuentes, Director de Manejo y Conservación de Bosques del Inab, datos que se incluyeron en el informe técnico CEFE-01/2019.
Se explica que el Humedal comprende una red de ecosistemas acuáticos como la Laguna Lachuá, el río Peyán, el río Icbolay y planicies inundables temporales.
El proyecto en mención fue autorizado el 13 de enero del 2020 con el acuerdo 19-2020 firmado por el entonces ministro de Energía Luis Chang, para ubicar su central en la Aldea Rocja de Cobán, Alta Verapaz, y aprovechar el afluente del río Icbolay por 50 años.
La cartera de energía ahora tiene hasta el 6 de marzo para analizar el caso y firmar el contrato, según ese documento.
Inab añade en su documento que uno de los ríos más importantes de la región a nivel biológico, ecológico y para el mantenimiento del recurso hídrico es el río Icbolay.
Se explica que este consiste en una corriente superficial que drena y corre por el sistema hídrico que se encuentra dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá.
A eso se añade “la belleza paisajística que lo caracteriza, incluye las lagunetas del Faisán, donde se sumerge para aflorar en el área comprendida como Reserva Forestal de la comunidad Rocja Pontilá”, se agrega.
En esa área específica del país el Inab entra como un ente coadministrador en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) explica Cifuentes.
El humedal, como El Parque Nacional de la Laguna Lachúa, es un ecosistema donde la cuestión hídrica es muy importante donde hay una serie de ríos confluyen en generan el humedal, y son importantes desde el punto de vista geológico y ecológico para el mantenimiento del ecosistema. En el lugar se desarrolla una serie de vegetación muy importante para mantener esas condiciones, agregó.
Se emite opinión analizando el contexto del sistema que se está protegiendo añadió al explicar que “basados en esto nos manifestamos en su momento manifestando nuestra preocupación porque este tipo de proyecto de alguna manera iba a afectar las condiciones de lo que denominamos el caudal ecológico. Eso significa la cantidad de agua para poder mantener las condiciones sin alterar el ecosistema” referente a la primera opinión emitida en el 2016 y que se ratificó en el 2019.
¿Es vinculante la opinión del Inab y del Conap?
Consultados un ingeniero ambiental y un abogado experto en temas ambientales explicaron que las opiniones, dictámenes técnicos de entidades como el Conap y el Inab son vinculantes y los entes consultores deben respetarlas.
Explicaron que en el artículo 29 del Reglamento de Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental (Recsa) contenida en el acuerdo 137-2016 y sus reformas, se habla de las opiniones vinculantes. Aunque el artículo en mención se refiere a los plazos que podrán ser prorrogados según las circunstancias propias del expediente “tales como opiniones de otras entidades que son vinculantes referidas en el artículo 29 y 30 del presente reglamento”.
- En estos, el artículo 29 menciona al Conap, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), el Inab y el MEM.
- Se agrega que en el caso de los proyectos, obras, industrias o actividades relacionadas a las funciones del MEM, previo a la aprobación por parte del MARN el ente que lo impulsa deberá obtener opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad.
- Si el expediente no tiene esas posturas los entes respectivos, el Ministerio de Ambiente debe remitir los expedientes a dichas dependencias, para que brinden su opinión, añade el artículo en mención.
El abogado consultado indica sin embargo que si luego de darse una opinión desfavorable a un proyecto, en este caso como el Inab, esa institución puede presentar denuncias si se empieza a hacer construcciones del proyecto.
Consultados al respecto del tema tanto el MEM como el MARN indicaron que no se pronunciarán al respecto en este momento porque el expediente se encuentra en Análisis.
El acuerdo con el cual fue aprobado el uso del río Icbolay entró en vigencia el 27 de enero del 2020 y refiere que el contrato deberá firmarse entre el MEM y la empresa dentro de 30 días hábiles.
En la página electrónica de la Central Rocja Pontila se explica que el cauce de 11 kilómetros que intervendrán del río Icbolay para la hidroeléctrica, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros pasa en tierras de la Comunidad Mansión del Norte. La empresa indica en el sitio electrónico que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto. Además sostiene que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.
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