El subgerente del Inab Bruno Arias explicó que en enero del 2016 emitieron la opinión en contra del proyecto y esa postura se mantienen a la fecha ya que consideran que se afectaría el ecosistema el Parque Nacional Laguna Lachuá y el área aledaña de la cual se alimenta el humedal.
Con el acuerdo ministerial 019-2020 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la autorización definitiva para el uso de bienes de dominio público para dicha generadora con capacidad de 40 megavatios, con lo cual podrá usar el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.
Arias es quien elaboró y firmó el informe del Inab con la opinión desfavorable al proyecto en el 2016, cuando ocupaba de forma interina el cargo de Director de Manejo y Conservación de Bosques de ese mismo instituto.
Sin embargo, en el 2014 y en el 2019 la Dirección Regional II de Las Verapaces e Ixcán emitió dos documentos indicando que dos áreas que se usarán para el proyecto no ameritan cambio de uso de suelo y la empresa los presenta en su expediente como una aprobación de parte del Inab.
Tanto el funcionario como el coordinador de la regional, Ulicer López, explican que con esos documentos no se está aprobando el proyecto, sino que respondieron a dos consultas específicas que le hace la empresa al Inab.
Expusieron que la Ley Forestal establece las licencias de cambio de uso de suelo, pero que estas se requieren si el terreno o área donde se efectuará algún proyecto tiene cobertura forestal. Como Inab, se tiene la obligación de responder ante esas consultas, si no hay árboles en el terreno no se debe tramitar una licencia de cambio de uso independientemente de cuál sea el proyecto, agregaron, al explicar porqué emitieron esos dos oficios mencionados.
Inab y empresa difieren por impacto
Respecto a autorizaciones y posible impacto, directivos de la empresa argumentan que el río Icbolay, en el cual se instalaría la hidroeléctrica, no alimenta la Laguna Lachuá, no entra en área protegida ni área declarada como Ramsar y que proyectos aledaños que proponen no causan efectos negativos.
Agregan que debido a ello no se necesita una opinión del Inab acerca del proyecto como tal ya que el ente rector del tema ambiental es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Ante la opinión negativa del Inab y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en el 2016 y la suspensión judicial de la licencia ambiental emitida por al MARN en ese año, la empresa decidió solicitar de nuevo la licencia ambiental.
Para ello, entre otros trámites, actualizó su expediente y agregan un segundo documento del Conap emitido por Dirección Regional de Las Verapaces que aprueba el proyecto y refiere que usar el río en mención no producirá impacto negativo. Si embargo la postura institucional del Conap sigue siendo desfavorable y en las oficinas centrales de la entidad se indicó que se encuentran analizando qué sucedió con la emisión del documento que contradice su postura.
La empresa también agregó a su expediente la opinión de la Dirección Regional del Inab de Las Verapaces e Ixcán emitida en el 2019. Ejecutivos de la compañía explicaron que en el 2016 con el informe emitido por la sede central de esa institución no se les aprobó el proyecto, pero cuestionaron que no se realizó una visita de campo para emitir tal opinión, por lo que en el 2019 solicitaron una evaluación en el sitio.
Sin embargo, López, coordinador de la regional mencionada, insistió que con el documento efectuado en el 2019 no se está aprobando el proyecto, sino que se refieren a que no es necesario un plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo, pero para el proyecto de restauración que propone la empresa y con el cual pretenden reforestar. El proyecto y solicitud de evaluación les fue planteado y consultado por la empresa.
La compañía propietaria del proyecto afirma que algunas entidades sostienen que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, pero según la empresa eso no es posible porque la laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay está más abajo en 161 metros sobre el nivel del mar. “Esta más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe” dijo el director técnico de la empresa Aurelio Asturias.
Consultado Arias, acerca de qué impacto podría tener el uso del río Icbolay en el cual se instalaría la hidroeléctrica expuso que, aunque el proyecto busque usar un río que no está en zona protegida ni declarada Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional), el Inab opina que se afectaría el Parque Nacional Laguna Lachuá porque el ecosistema y los flujos internos superficiales y manto subterráneo son los que conforman el humedal.
Agregó que en la propuesta del Estudio de Impacto Ambiental (IEA) del proyecto se incluye dentro de las acciones de mitigación el manejo del agua no solo en el área superficial del río sino en los sumideros que existen en una parte de este.
Además, explicó que la empresa plantea el sellamiento de sumideros (fuera del área del parque nacional) que causan una inundación natural del área, esto lo proponen porque si el agua se va en forma subterránea hacia ese sumidero no llega a la represa, expuso. Pero agregó que se trata de un ecosistema. “E tema es que a la hora de que haya una interrupción en el ciclo natural de ese ecosistema seguro que habrá un efecto secundario”, expuso el subgerente del Inab.
Argumenta que la opinión de la empresa y de Inab son diferentes porque la compañía se concentra en mencionar que no se afectará la Laguna Lachuá y que el río mencionado no la alimenta. Sin embargo, la postura del Instituto se basa en el riesgo que corre todo el parque nacional que lleva el mismo nombre, y el cual está bajo su administración.
Añadió que en el informe del año pasado se mantiene la postura del 2016 respecto que el río Icbolay es afluente del parque nacional de forma directa. “El agua del río no puede subir directamente pero el proyecto estaría afectando la dinámica de los humedales y de las especies, puesto que además de diques y sellamientos (de sumideros) planean evitar las inundaciones naturales que ocurren cerca del poblado denominado Faisán II, ubicado en el área”, dijo el subgerente del Inab.
“El impacto sería directo porque se interrumpe el cauce superficial del río” argumentó.
“El Inab se pronunció porque lo que iban a hacer a la vecindad nos afectaría como parque. De parte del Ministerio de Ambiente nos pidieron una opinión de parte del MARN, que es el ente rector sobre el tema ambiental. La consulta hacia nosotros no fue tanto por nuestro expertise ambiental sino por ser los guardianes del parque”, agregó el funcionario.
Ejecutivos de la empresa, como el director Edgar Sandoval, el director técnico Aurelio Asturias y el representante legal Carlos Lemus, explicaron esta semana a Prensa Libre que esas obras complementarias no afectarán, porque incluso la misma comunidad de Mansión del Norte les ha pedido el manejo del agua del cauce del río para que no ocurran inundaciones, pero también para que en la época seca mantengan agua, ya que en la actualidad sin existir las obras, baja mucho el caudal.
Los directores de la compañía agregaron que están a la espera de la firma del contrato con el MEM, ya que cumplieron todos los requisitos, incluyendo la licencia ambiental del ente rector en esa materia como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
- La licencia ambiental se aprobó la primera ocasión en el 2016, pero fue suspendida definitivamente por un juzgado en el 2017.
- La empresa expuso que a pesar de eso no se suspendió el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que retomaron los trámites, subsanaran requerimientos y con lo cual se aprobaron otras dos, una en el 2018 y otra en el 2019 cuando la empresa efectuó la actualización del expediente.
- Con la licencia ambiental emitida por el MARN en diciembre del 2019, se aprobó luego la autorización definitiva del MEM para el uso de bienes de dominio público, como el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.
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