Los policías permanecían en resguardo de la hidroeléctrica Sacjá, en el departamento de Baja Verapaz, al norte de la capital del país, por lo que los manifestantes los retuvieron durante tres horas, según había explicado el director de Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Miguel Colop.
Los empresarios, que señalaron que ya van cuatro meses “de impunidad”, dijeron que fue “un grupo criminal” el que ingresó “con violencia” en las instalaciones de la hidroeléctrica para “destruir canales y tomas de agua”, unas acciones que atentan “contra el derecho a la propiedad privada y la libre empresa”.
Ante esta situación, el comité empresarial manifestó que no se pueden tolerar acciones como esta “en momentos en los que la inversión y la generación de empleo son tan necesarios para el desarrollo de todos los guatemaltecos”.
Establecer diálogo
Raúl Aguilar, integrante de la Junta directiva de la hidroeléctrica Sacja, S.A. pidió a las autoridades que tengan comunicación con las personas de Monte Blanco para mantener un diálogo y no llegar a los extremos que se llegaron ayer. Añade que es necesario que las autoridades se pronuncien para que dichas personas, que han atacado la generadora, entiendan que no es la forma de actuar.
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A la fecha dice, no han recibido ninguna solicitud o requerimiento formal de qué desea esa agrupación pero que han aducido que hay un problema de tierras en el Registro de Información Catastral (RIC), pero según Aguilar el RIC ya les ratificó, durante el diálogo que se había instalado, que la hidroeléctrica está en propiedad privada y opera desde hace más de 7 años.
Aguilar insite que los integrantes de la cooperativa Monte Blanco no son vecinos ni colindan con con dichos terrenos. Ellos están a 7 y 8 kilómetros de distancia.
“Hoy está tranquilo, pero pedimos que por favor las autoridades se pronuncien y llamen a un diálogo”.
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