El problema consiste en la reducción/eliminación de impuestos de importación, que entrará en vigencia en el año 2023, por lo que Honduras y República Dominicana lanzaron llamados de alerta para que se revisen los plazos y el asunto sea solucionado lo más pronto posible para que los productores locales no resulten perjudicados.
En el caso de Guatemala, se prevé la posible pérdida directa de más de 22 mil 500 empleos y de 30 mil indirectos, afectando a más de 264 mil familias que dependen del cultivo, mientras que a nivel regional la Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz) advirtió que la eliminación del arancel pondría en riesgo de quiebra a más de 62 mil arroceros centroamericanos.
María Antonia Rivera, designada Presidencial y Encargada del Despacho de Desarrollo Económico de Honduras se comprometió a solicitar de carácter urgente una reunión con los ministros de Centroamérica de Economía (Comieco), la cual se estaría llevando a cabo en diciembre próximo.
“Volveremos a solicitar al Comieco la revisión del artículo 3.18 como una prioridad para la agenda de los ministros de Centroamérica, porque es fundamental velar por la seguridad alimentaria de los países”, resaltó Rivera.
Por lo pronto, ayer se sostuvo una reunión con la diputada Sofía Hernández, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo para convocar a funcionarios de los ministerios de Agricultura (Maga) y Economía (Mineco), a la que el sector arrocero deberá presentar un informe o propuesta de lo que puede ser viable.
Mesa sin reactivarse
José Ángel López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) se reunió a finales de octubre con representantes del sector arrocero en Guatemala, y en ese momento, dijo que solicitaría al ministro de Economía, Antonio Malouf, que se vuelva a activar la mesa de revisión Agrícola, ya que el tema se manejaría a nivel internacional. Sin embargo, aún no han enviado la convocatoria para reactivar mencionada mesa.
“Consideramos que el tema no es solo competencia del Mineco, también del Maga porque debe velar por la agricultura del país y no esperar que otro ministerio negocie, sin que ellos estén involucrados”, manifestó Roberto Wong, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Arroz (Arrozgua).
El ministro de Agricultura instruyó a una de sus asesoras para que incluya en la agenda del Ministerio de Agricultura de Centro América para diciembre el tema. “Creemos que ya es una pérdida de tiempo consultar la postura de otros países, quienes están tomando sus propias medidas”, señaló Wong.
Mario Solórzano, presidente de la Gremial de Molineros de Arroz (Gremiarroz) dijo que es importante mantener las reglas claras, pero frente a condiciones de desventaja, ningún país puede competir, por más productivo que sea.
“Podemos tener semillas mejoradas, pero si Estados Unidos sigue con esas prácticas de subsidio no podremos sobrevivir, esto afecta la seguridad alimentaria porque el precio final al consumidor dependerá de otros países, para el tercer grano básico de más consumo en Guatemala”, enfatizó.
El sector arrocero espera una respuesta del Mineco y contar con un mayor apoyo de los diputados, ya que la comisión de revisión agrícola del DR-CAFTA debió cumplir su mandato desde hace dos años, y su apoyo a los productores sería de acuerdo con el interés que muestran los funcionarios de los países involucrados, señaló Solórzano.
El arroz es el tercer grano básico de mayor consumo a nivel nacional y el segundo a nivel mundial. La desgravación por medio del DR-CAFTA, indican los productores, no va a generar una disminución de precios, sino al contrario, generará la dependencia de otros países a largo plazo destruyendo la producción nacional y provocando que empresas multinacionales controlen el mercado local.