Julio González, integrante del Colectivo Madre Selva, mencionó que la guía impulsada por el Gobierno se basa en la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el caso de las hidroeléctricas Oxec, y lo que hace dicha sentencia es dar lineamientos para efectuar consultas pero de forma manipulada, porque esa metodología no restituye derechos a los pueblos indígenas cuando los proyectos ya han sido efectuados.
“La guía es una cuestión de puro trámite con la que el Gobierno busca legitimar las consultas para favorecer a las empresas”, y no se consultó a la población indígena, añadió.
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundesa
Esa guía aún no se puede aplicar porque no existe una resolución clara como un acuerdo, reglamento o ley para aplicarla, y podría ser objeto de un amparo ante las cortes de justicia porque no es suficiente; por eso es necesario que el Congreso emita una ley.
Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina e integrante de la Asamblea Social y Popular amplió lo dicho por González, y explicó que en la guía se establece que si hay resolución de una corte, esta se tiene que respetar, sin importar si se hizo o no correctamente una consulta.
En la parte de aspectos complementarios del documento divulgado ayer por el Gobierno, que incluye ocho pasos para efectuar las consultas, se establece que “Si por algún motivo la consulta no se hubiese llevado a cabo en forma previa y esté ordenado por un Tribunal o Corte de Justicia, se sujeta a lo resuelto por el tribunal y solo en la medida que sea compatible, se aplicará el procedimiento aquí señalado”, comentó Barrientos.
La consulta puede basarse en los principios de dicha guía y en la resolución de la CC mencionada, en casos en los que un proyecto se encuentre en desarrollo y no sujeto a proceso judicial, y tendrá en cuenta cuestiones de remediación y mitigación para proteger los derechos que pudieron ser afectados, agrega el documento.
Insisten en reglamento
El empresario y presidente de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) Felipe Bosch expuso que la guía se basa en los principios del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la considera documento importante que servirá para ayudar al Congreso a emitir una ley que permita definir procesos de consulta.
Bosch indicó que hay muchos proyectos públicos y privados que requieren una consulta si están en municipios “con alta densidad de indígenas y que sean afectados, incluidos aquellos para mejorar los índices sociales como hospitales y escuelas”.
Sin embargo, advirtió que el país no puede continuar en el círculo vicioso de hacer consulta para crear una guía sobre cómo efectuar consultas según el convenio internacional. “Ninguna inversión pública o privada se podrá hacer en municipios con alta densidad indígena si no se resuelve este tema”, agregó el empresario.
También rechazan la guía el Movimiento Sindical y Popular Guatemalteco, Sindicatos Globales de Guatemala, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, entre otros, en Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango.
Se pidió ampliación de la información a los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo pero no respondieron a la solicitud.
Gobierno defiende guía
Respecto a las versiones encontradas que ha generado la guía operativa, como apoyo por algunos sectores pero rechazo y dudas por otros, el Ministerio de Trabajo (Mintrab) respondió A Prensa Libre que lamentan “que hayan sectores que estén expresando el rechazo a la guía y hacemos un llamado a los mismos a continuar el diálogo que permita fortalecer los instrumentos que el Gobierno esta promoviendo para la participación inclusiva de los pueblos indígenas”.
Agrega que dicho documento es un instrumento de orientación para las instituciones del Estado y para los funcionarios públicos que se encuentren en la obligación de realizar consultas bajo el marco del convenio 169 de la OIT por lo que “no consideramos que sea violatoria a los derechos de los pueblos indígenas, al contrario, consideramos que honra el cumplimiento de la obligación de consultar a los pueblos cuando una decisión administrativa susceptible de afectar sus intereses”.
El Mintrab, aseguró por medio de la oficina de comunicación social, que la guía se construyó de manera participativa mediante diálogos territoriales, sectoriales y bilaterales, tanto con pueblos indígenas, sector privado y la institucionalidad pública, con el acompañamiento de la comunidad internacional.
Además expone que “la guía en si no constituye una consulta, no esta normando ni reglamentando asunto alguno, es únicamente un instrumento de orientación” y que incluye las “pautas para realizar toda consulta a pueblos indígenas en Guatemala”, establecidas en la sentencia de la CC, ya mencionada, la cual a criterio del ministerio y expertos rige en estos momentos en tanto no exista una ley específica.
Dicho ente estatal considera que “la guía fortalecerá los procesos de diálogo comunitario y contribuirá a disminuir la conflictividad, siempre y cuando haya una disposición de los actores para dialogar de manera constructiva y propositivia sobre los aspectos fundamentales de su desarrollo y la del país en general”.
Sin embargo ese ministerio da a conocer su visión de que ese documento “no constituye un punto y final en el tema de consulta a pueblos indígenas” sino el principio de un proceso.
Municipalidades podrían usarla indica presidente de Anam
Los procesos que se encuentran judicializados se refieren principalmente a autorizaciones o concesiones que no son competencia de la Municipalidades, sino del Organismo Ejecutivo indicó el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar.
Sin embargo explicó que para proyectos cuya autorización se competencia de las Municipalidades del país, esta Guía puede ser un instrumento útil que permita la correcta participación de la población indígena en caso una medida les afecte directamente y sea susceptible de Consulta.
“Confiamos en que este paso sea el inicio de una etapa de consensos entre diferentes actores de la sociedad y se encamine a un dialogo constructivo que sin evitar el desarrollo, permita el cumplimiento de la obligación del Estado de la Consulta de Pueblos Indígenas. Desde ya como Anam solicitamos participar en la discusión de la Ley, y aportar nuestro conocimiento de Guatemala y las comunidades a la mesa para lograr avanzar en este tema”, agregó el directivo.
Escobar calificó el documento gubernamental como un instrumento que permita a las autoridades la correcta aplicación del Convenio 169 de OIT, y respecto al rechazo de organizaciones civiles advierte que se podría incrementar la conflictividad mencionando que “no se han hecho esperar las quejas de organizaciones que se oponen a cualquier tipo de instrumento que regule, lo que podría traducirse en el incremento de la conflictividad”.
De igual forma que otros actores, el directivo menciona que la guía es solo el principio del proceso que debe ser completado por el Estado y culminar con una Ley que ponga fin a la incertidumbre generada por falta de reglamentación y critica “el aprovechamiento del vacío existente de parte de organizaciones interesadas en el conflicto”.
Sin embargo menciona que si la verdadera intención del Gobierno es subsanar el derecho de consulta de los pueblos indígenas, se debe tomar en cuenta que no constituye un derecho de veto, por lo que esta guía puede ser un instrumento que permita cumplir con dicha obligación.
“Debido a la falta de reglamentación, los proyectos fueron autorizados en la mayoría de los casos en cumplimiento de las leyes aplicables.
Escobar es de la idea que “el derecho de consulta puede ser subsanado con un instrumento como este, sin vulnerar los derechos de quienes obtuvieron los permisos y autorizaciones de acuerdo con la ley. La omisión es del Estado, quien será el único responsable de cumplir dicha obligación. La guía sugiere su aplicación en casos en los que de forma voluntaria los autorizados con las licencias soliciten a la entidad administrativa que se lleve a cabo un proceso de consulta para determinar las afectaciones de los pueblos indígenas presentes en el área de afectación de un proyecto en operación, esto puede evitar la suspensión de proyectos si es que las cortes del país interpretan que es viable llevar a cabo el proceso de consulta con los proyectos en operación”.
