“Nuestra lista es más dura que la de la Unión Europea”, dijo en el semanal “Le Journal du Dimanche” (JDD) Darmanin, la víspera de que el Tribunal de Cuentas publique este lunes 2 de diciembre su informe sobre fraude fiscal.
En la lista negra del bloque comunitario europeo hay ocho jurisdicciones: Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
La OCDE, la otra evaluación que enfrenta el país
En tanto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Guatemala salió en el 2017 de la lista de países no cooperantes en transparencia fiscal, sin embargo, la entidad anunció en ese entonces que las evaluaciones continuarían.
En esa ocasión se indicó que la decisión permitiría al país recobrar su credibilidad internacional y su compromiso a cumplir con los estándares mundiales de transparencia fiscal. El cambio en la evaluación se logró con medidas como la nueva Ley Orgánica de la SAT y la liberación del secreto bancario para fines de investigación fiscal.
Sin embargo, en julio del 2019 la OCDE volvió a catalogar a Guatemala como país “no cumplidor” en transparencia fiscal.
La decisión de la organización se basó en la suspensión temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) en agosto del 2018.
El artículo en mención permite agilizar el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a datos bancarios y financieros de personas y empresas, aunque mantiene la necesidad de contar con una orden de juez.
El 3 de agosto del 2019 se cumplió el primer año de la suspensión provisional, sin embargo días después de la decisión de la OCDE, el 6 de agosto, la CC revocó su decisión.
La implementación de la normativa se retomó hasta esta la última semana de noviembre ya que fue hasta el 26 de noviembre que se publicó la resolución de la Corte en el Diario Oficial.
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