José Fernando Orellana, coordinador de Comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad, informó que de acuerdo con el reporte que evaluó a 129 países, Guatemala obtuvo un puntaje en el IPRI 2022 de 4.02 sobre 10. Con este resultado, el país registra un deterioro de su calificación por sexto año consecutivo. La media mundial de este indicador es de 5.19 puntos.
El IPRI es un estudio comparativo acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de propiedad en el desarrollo económico de los países y evalúa tres aspectos: el entorno político y legal, los derechos físicos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual. La escala general de calificación del índice es de 0 a 10.
Deterioro permanente
Con la nota obtenida este año, Guatemala se ubicó en el puesto 103 de los 129 países evaluados. En 2021, ocupó la posición 95, en relación con el mismo número de naciones estudiadas.
Según Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio, la puntuación del país se deterioró por sexto año consecutivo, y de 2017 a 2022 cayó 1.06 puntos: En 2017, el IPRI fue de 5.08; en 2018, 5 puntos; en 2019, 5.01; en 2020, 4.96; mientras que en 2021, 4.72.
Y detalló que en el componente relacionado con el entorno político legal, que analiza la independencia judicial, el estado de derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción, el puntaje fue de 3.37.
En derechos de propiedad física, que evalúa la protección de esta, el registro de propiedad y el acceso a financiamiento, la puntuación fue de 4.57. En materia de derechos de propiedad intelectual, relacionada con patentes, derechos de autor y marcas, la calificación obtenida fue de 4.13 puntos de 10.
Caso de estudio
Durante la presentación del Observatorio de Derechos de Propiedad, se dio a conocer el primer caso de estudio de Guatemala en el IPRI titulado “La Crisis Oculta de los Derechos de Propiedad en Guatemala: Un Problema de Falta de Acceso a la Justicia, Certeza del Sistema de Registro de la Propiedad y Crimen Organizado”.
La investigación identificó y comprobó la falta de acceso a la justicia en el país, ya que determinó que entre 2017 y 2021, el Ministerio Público (MP) reportó 20 mil 596 denuncias penales por delitos relacionados con invasiones de propiedades. Esto representa un promedio anual de 4,119 en esta materia, rango que se ha mantenido durante más de una década.
En cuanto a la incertidumbre en el sistema de registro, en Guatemala han proliferado estructuras criminales dedicadas a realizar actividades de robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro de la Propiedad. En estas estructuras operan notarios o imitadores, quienes autorizan contratos fraudulentos y tramitan las inscripciones anómalas. Entre 2016 y 2020, se presentaron aproximadamente 566 denuncias anuales por estos delitos.
Otro factor identificado, entre los que vulneran el derecho de propiedad es el crimen organizado, por lo que la entidad analizó y comparó información del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado de Guatemala para verificar que en 7 de 22 departamentos, coincide la correlación entre las usurpaciones, el robo de energía eléctrica y el narcotráfico.
Otto Kuhsiek, integrante del Consejo Económico y Social (CES), opinió que resolver esos “cuellos de botella” que tiene el sistema de justicia es un serio problema que obstruye el desarrollo económico del país. “Para un inversionista extranjero, estos datos son importantes porque nos ubica en el contexto de las naciones con o sin certeza jurídica para su inversión”, indicó.
“En concordancia con la política criminal del Estado, se han tomado las acciones pertinentes creando una unidad especializada para investigar este tipo de delitos, así como una fiscalía que conoce los delitos de usurpaciones. El trabajo se coordina con otras instituciones, pero las pericias, por la naturaleza científica, necesitan tiempo para dar resultados y en otras ocasiones, nos encontramos con el obstáculo de no contar con los elementos idóneos para realizar las comparaciones”, dijo Carmen Maldonado, agente fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.
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