Hace una semana, el presidente Alejandro Giammattei nombró como Procurador General a Wuelmer Ubener Gómez González, quien dentro de su responsabilidad está defender los intereses del Estado ante las demandas que se cursan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) con sede en Washington D.C.
El Procurador General es un puesto de alta importancia a nivel local e internacional, debido a la cantidad de litigios relacionados con arbitrajes o disputas con inversionistas, así como los montos que implican, por lo que debe ser una prioridad del funcionario.
Los daños económicos que puede representar para el Estado el hecho de perder las disputas son múltiples, pero una de las consecuencias es que se debe destinar fondos del presupuesto estatal y se dejan en invertir en áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad pública.
De hecho, los procesos de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala ya son considerados como riesgos fiscales y para las finanzas públicas, por el potencial impacto para el presupuesto cuando se conozcan los resultados de los laudos y de ahí, la importancia de que exista una defensa técnica impecable por parte de la PGN. Otra de las perjudicadas es la imagen del país, ya que se pierden posibles inversiones.
Los casos
La PGN informó que se encuentran en curso cuatro procesos en el Ciadi, de los cuales tres son arbitrajes y uno es un caso de anulación; cada uno está en diferentes etapas o estatus y están relacionados con los sectores eléctrico y de minería, que han sido temas problemáticos en los últimos años. Los laudos pueden durar hasta cinco años.
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El pliego de las demandas conocidas por la procuraduría asciende a US$824 millones, que equivalen a unos Q6 mil 344 millones: El demandante Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates (proyecto minero El Tambor), hace un reclamo que va de US$419 a US$449 millones -unos Q3 mil 457 millones-.
En tanto que el Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P. and Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., demandan US$375 millones -Q2 mil 887 millones-. En reserva está el monto que pide Energía y Renovación Holding, que pretendía construir proyectos de generación de eléctrica en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
En tanto que respecto al proceso de anulación, el Estado de Guatemala se encuentra promoviendo la posibilidad de dejar sin efecto de forma total o parcial, el Laudo de Nueva Sumisión del caso Teco Guatemala Holdings.
Al preguntar sobre la estrategia del país, la PGN respondió que la estrategia de defensa de Guatemala se continuará evidenciando ante instancias internacionales, ya que el Estado es respetuoso del Derecho Internacional de Inversiones. Asimismo, que Guatemala brinda a la inversión extranjera un trato conforme a lo regulado en los Tratados de Libre Comercio, y en los Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones.
En años pasados, Guatemala ha pagado dos laudos arbitrales que han representado un monto de US$51.6 millones, de los cuales US$14.6 millones fueron para Railroad Development Corporation en 2013 (caso Ferrovías) y en 2020, a Teco Guatemala Holdings por unos US$37 millones.
¿Se pueden evitar las demandas?
El abogado Alexander Aizenstatd, especialista en derecho internacional y arbitraje, expresó que la responsabilidad internacional del Estado es un asunto importante, sobre todo cuando involucra montos dinerarios y es necesario que no solo la PGN, sino que distintas instituciones públicas, fortalezcan sus equipos internos para cumplir con las obligaciones internacionales que al final, tienen mucha relevancia en temas de inversión, economía y la visión de país.
Al respecto propone la formación de una Política Nacional en temas de Inversión y Arbitrajes, en el sentido de que el Estado no se limite a defender estos casos, sino a prevenirlos.
¿Como se puede prevenir?, se pregunta el experto, quien aclara que el Procurador tiene un papel difícil porque a él le toca defender al Estado de procesos que muchas veces se relacionan con actos de otras autoridades nacionales. “Hay casos que tienen que ver con acciones ministeriales, y otros funcionarios, que al Procurador le toca defender, pero donde no tuvo participación”.
La idea de una política nacional es de prevención, para establecer reglas claras, de manera que los funcionarios tengan conocimiento sobre las responsabilidades internacionales y las consecuencias, recalcó Aizenstatd.
Además, dijo que es importante contar y capacitar a un equipo local que pueda llevar los procesos, pues hay funcionarios en la PGN que conocen del tema, que necesitan el apoyo y la permanencia necesarias.
Ausencia de visión
Al consultar a Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior y atención a inversionistas, asegura que hay un gran problema en la administración central -no solo la actual-, por la falta de políticas horizontales, en el sentido de que el tema de inversión debe ser abordado desde todos los puntos, no solo desde la perspectiva de defensa, sino de la prevención. “Y el conocimiento que se debe tener acerca de las obligaciones contraídas, para no afectar los capitales y poder aplicar una política integrada”.
En todo caso, la PGN actúa como el órgano reactivo, que solo interviene cuando hay algún problema, en lugar de atender temas difíciles como la minería y energía eléctrica, “pero lamentablemente nadie quiere abordarlos porque son demasiado problemáticos. Pero al no tratarlos, no hay normas claras ni conocimiento, por lo que las inversiones están en un hilo”.
A su juicio, hace falta mucha especialización en el tema y la visión dentro de la PGN debe ser legal pero también estrictamente económica para manejar los casos.
Sobre algunos lineamientos de una política integral, Cazali subraya que es importante tener claro el entramado legal; cuáles son los derechos y obligaciones que se establecen; y ante todo, saber con cuáles países hay acuerdos de este tipo “porque los casos, al final de cuentas se dan con los países con los que se tienen tratados comerciales vigentes”.
Y expuso que se debe tener muy claro que, si hay un inversionista, hay compromisos adquiridos por los sectores que se abordan en esa inversión. “El gran problema es que no hay reglas claras”.
A futuro y en la administración del procurador Gómez González, Cazali enfatizó que no hay expectativas grandes sobre el manejo de los casos hasta ahora, tanto por el actual funcionario nombrado, como por el saliente -Luis Donado Vivar- pues no tienen mucho conocimiento del tema como tal.
“Se van a aplicar políticas muy generales en el sentido de responder al socorro en el momento en que tenga algún juicio, pero no hay una política del tratamiento de los casos para los cuales se den instrucciones para negociar. Los juicios se van a pelear con consultorías externa o se van a manejar solamente con el equipo actual, lo que es muy casuístico”.
