El buque, que llegará el miércoles y partirá el mismo día, trae 400 contenedores de exportación de azúcar, aunque la empresa no detalló hacia dónde se dirige.
Los buques Hapag-Lloyd han pasado hasta ahora más de 20 años frente a costas guatemaltecas “sin poder ingresar a los puertos nacionales debido a la falta de terminales de atraque adecuadas para atender” buques de tales proporciones.
La empresa dice sobre TCQ que esta nueva instalación logística le permitirá “buscar nuevas y adecuadas alternativas de servicio marítimo para atender las crecientes exportaciones de Guatemala, mejorando la competitividad nacional”.
La terminal de TCQ, una de las “más modernas de Iberoamérica”, se inauguró el 19 de febrero último con la llegada de un buque de Hong Kong, mientras sigue empañada por un caso de sobornos no resuelto que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina.
El portacontenedores Safmarine Nokwanda atracó en la terminal de TCQ y supuso la apertura oficial de las operaciones de esta portuaria del Pacífico, adjudicada originalmente por unos US$255 millones.
Durante los últimos cinco años el país ha crecido como país exportador en Centroamérica principalmente en productos como azúcar, banano, melón, piña, mango y vegetales.
Es por ello que la llegada de este navío, “el barco portacontenedores de mayor capacidad que haya atracado en algún puerto guatemalteco en la historia de la industria marítima nacional” , permitirá continuar apoyando ese crecimiento.
La holandesa AP M Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC) , entidad del Grupo Banco Mundial.
Su ampliación empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) , que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
Una red de corrupción supuestamente surgió de este contraro, supuestamente liderada por el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigieron a la empresa TCQ el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para adjudicar el proyecto, de acuerdo con las investigaciones.
La trama tiene en prisión preventiva al ex binomio presidencial, además de a otros funcionarios y empresarios, todos a la espera de saber si deben enfrentar un juicio por esta causa, que se descubrió en abril de 2016.
Varios diputados de la oposición han pedido que se declare nulo el contrato vigente y han exigido que tampoco se apruebe uno nuevo, que está presentado como iniciativa de ley en el Congreso y que ha sido apoyado por el actual presidente, Jimmy Morales.
