El arbitraje fue planteado en febrero del 2018 y la empresa demandó una compensación económica por US$117 millones (unos Q900.9 millones), según información brindada por el Ministerio de Economía (Mineco).
La empresa estaba en contra del resultado de una fiscalización efectuada en el 2016 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para verificar la liquidación del impuesto sobre la renta (ISR), agregó la entidad.
“Según la entidad reclamante, se violentaron sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Guatemala e Israel y vigente desde el 15 de enero de 2009, al presentar denuncias penales por fraude tributario y solicitar medidas precautorias, sin agotar el procedimiento administrativo”, expuso el Mineco en un comunicado.
Sin embargo, la Corte de Arbitraje resolvió a favor de Guatemala y condenó a la demandante al pago de las costas del arbitraje por alrededor de US$1.8 millones (unos Q13.8 millones).
El Estado de Guatemala argumentó que la demandante no tenía una inversión protegida bajo el acuerdo con Israel porque había vendido su participación a otras distribuidoras, además que la conducta del Estado no constituye una violación del acuerdo, porque no existe denegación de justicia hacia el inversionista.
El Mineco expuso que en los arbitrajes solo cabe recurso de aclaración o ampliación y lo que procede, si no piden este recurso, es que reintegren a Guatemala parte de los gastos legales.
Primer arbitraje por demanda tributaria
En septiembre del 2019, el entonces intendente de asuntos jurídicos de la SAT, Manuel Mejicanos Jiménez, informó que la acusación contra el Estado pasa por una disminución sobre el valor de acciones, derivado de ciertos procedimientos en el orden administrativo-tributario que luego derivaron en denuncias penales contra Deocsa y Deorsa.
También se indicó que era el primer caso que se conoce internacionalmente contra el Estado por una demanda tributaria.
El plan de fiscalización en el 2016 incluyó verificar la adecuada procedencia de las amortizaciones de activos intangibles que varias empresas estaban realizando de su liquidación del impuesto sobre la renta (ISR). Y, dentro de las empresas que fueron fiscalizadas se encuentran Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), las cuales fueron adquiridas por la entidad IC Power Asia Development LLCC en enero del 2016.
Ese mismo año las distribuidoras pagaron a la SAT US$48 millones (unos Q367 millones) por ajustes tributarios, aunque aclararon que lo hacían bajo reserva en espera de la decisión del tribunal.
En esa oportunidad la empresa informó que el pago por ese concepto podría llegar a entre US$65 millones y US$72 millones.
En el 2017, Energuate volvió a cambiar de propietario. La compañía IC Power decidió vender todos sus activos en Latinoamérica, incluyendo las distribuidoras en mención, a la estadounidense I Squared Capital (ISQ).
