Industria extractiva
Gremial de minas y canteras señala que incertidumbre jurídica aleja inversiones
Ministerio de Ambiente suspendió autorización que hizo el gobierno anterior para cambio de modalidad de cielo abierto en proyecto Cerro Blanco, pero el sector minero indica que se afectan inversiones.
El proyecto minero Cerro Blanco se ubica en Asunción Mita, Jutiapa. (Foto, Prensa Libre AFP).
Luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) suspendiera la autorización que hizo la administración anterior para que la mina Cerro Blanco cambie de modalidad de minería subterránea a cielo abierto, la Gremial del sector pide certeza jurídica para las inversiones.
Valery Zurita, directora ejecutiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), expuso que la información dada a conocer por el MARN pone de manifiesto la falta de una política definida en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables del país.
“Como Gremial demandamos a las autoridades el respeto al principio de defensa y debido proceso, así como el cumplimiento de los procesos administrativos que se han creado para este tipo de solicitudes, los cuales no pueden basarse en criterios que cambian cada 4 años”, señaló.
Además la ejecutiva expresó la preocupación del sector ya esa decisión “demuestra una falta de certeza jurídica que en este momento afecta a las inversiones en el sector minero, pero que en cualquier momento puede impactar a las demás actividades productivas del país”.
Grenat está adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
Acerca del impacto de esta decisión, refirió que las compañías mineras, y en especial las de capital extranjero, toman este tipo de acciones muy en cuenta al momento de decidir continuar o no con sus inversiones.
“Al final es un tema de imagen de país y todas las acciones suman o restan a la certeza que un inversionista pueda tener sobre el destino en donde invertir”.
El proyecto minero Cerro Blanco ha invertido ya más de US$350 millones y tiene proyectado invertir US$600 millones más, explica la directiva de Grenat.
A criterio de la organización, también hay desconcierto en los trabajadores actuales y también en los que están a espera de un eventual inicio de operaciones, la empresa tenía una proyección de generación de empleo de 3 mil personas principalmente del área de Asunción Mita y sus alrededores.
Suspenden inversiones
La ejecutiva indicó que en el caso de las empresas que en actualidad están en Guatemala, por ahora solo tienen conocimiento de la decisión de la suspender inversiones de la firma Volcanic Gold Mines Inc. Esta indicó que han decidido suspender futuras inversiones en el país en espera de avances en los principales proyectos mineros metálicos.
En un comunicado fechado en Vancouver en mayo de 2024, dicha firma y su socio Radius Gold Inc proporcionó información sobre la conclusión de la campaña de perforación del primer paso en el Proyecto Motagua Norte en Guatemala y desarrollos recientes en el país.
Sin embargo en el mismo boletín refiere que en otros acontecimientos en Guatemala, el 12 de abril de 2024 se nombró un nuevo Ministro de Ambiente, añade que “los comentarios públicos iniciales del nuevo Ministro no fueron positivos para la exploración y el desarrollo minero en el país” y que “antes de comprometer más fondos en Guatemala, Volcanic monitoreará los dos importantes depósitos de metales preciosos cuyos desarrollos están en suspenso” mencionando el depósito de oro en Cerro Blanco y depósito de plata y plomo El Escobal, ya que además estas minas podrían emplear a miles de personas.
En el corto plazo, la compañía está evaluando oportunidades de exploración o desarrollo en otros lugares, añade el documento.
Entre otros datos que mencionan acerca del proyecto Motagua Norte, además que Volcanic Gold Mines tiene un acuerdo de opción con Radius Gold Inc. para obtener una participación del 60% en la licencia de exploración Cirilo I y otras licencias bajo solicitud y negociación dentro del proyecto Motagua Norte, así como el Proyecto Holly donde la empresa conjunta ha establecido que hay una reserva de oro a 60 kilómetros al norte del depósito de oro Cerro Blanco.
Contexto del caso de Cerro Blanco
Cerro Blanco posee licencia para explotación de oro y plata en forma subterránea desde 2007 según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pero en 2021 solicitó el cambio para modalidad a cielo abierto.
El cambio fue aprobado por el MEM el 9 de enero de 2024, 5 días antes del cambio de gobierno.
Sin embargo la actual ministra de Ambiente, Patricia Orantes, explicó el viernes 14 de junio que la compañía Elevar Resources, propietaria de la mina Cerro Blanco, solicitó una actualización de su licencia ambiental en 2021, y el estudio de impacto ambiental que presentó indicaba un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto. Sin embargo, según explicó la funcionaria, la empresa aplicó a la figura de actualización, pero que esta no procedía porque el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original.
El ministerio está solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental y presentó una denuncia adicional contra el exdirector de Gestión Ambiental por supuestas irregularidades detectadas, expuso en conferencia.
En tanto Elevar Resources rechazó las acciones tomadas por el MARN con respecto al intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización EIA-329- 2007 para el proyecto minero Cerro Blanco y las declaraciones realizadas por la ministra, expresó la compañía.
Añade que se amenaza la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afecta directamente una inversión de más de US$350 millones.
Además, se reserva el derecho de recurrir a los tratados internacionales de inversión, hará uso de todos los mecanismos legales locales a su disposición para defender su inversión y derechos adquiridos, incluyendo las acciones penales por los posibles delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, entre otros, se añadió en un comunicado.
“Estas acciones son contrarias al Artículo 125 de la Constitución, no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparadas únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con Elevar”.
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