En ese mismo mes el MEM presentó una denuncia penal en el Ministerio Público por el mismo caso pero en esa no se detallan los nombres de empresas o personas, sino que se indica que es en contra de “cualquier persona o entidad que resultare responsable de cualquier ilícito que pudiera haberse cometido”.
En esa ocasión el MEM agregó que abrió expediente a 18 gasolineras, en tanto que la Diaco presentó denuncias penales contra ocho estaciones.
Este miércoles el presidente de la Gremial Juan Ángel Díaz indicó que hace un mes cada empresa importadora respondió al MEM acerca de la apertura de expedientes y entre los argumentos incluyen que la similitud de precios (finales al consumidor) se debe paralelismo de precios y no a acuerdos entre empresas.
El paralelismo de precios no es una medida ilegal de anticompetencia dijo el experto Juan David Gutiérrez, agrega que se necesitan más pruebas para definir una acción ilegal. El analista presenta un estudio solicitado por la Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos pic.twitter.com/Zn8ClzMp30
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 18, 2018
El abogado de la Gremial, Marcos Palma opinó que los casos abiertos contra los importadores en el ministerio van a ser desestimados porque a su criterio las autoridades se apresuraron a abrir expedientes o denunciar, basados en denuncias que surgieron (en el Congreso) pero no analizaron en forma adecuada, y asegura que el paralelismo de precios no es consecuencia de un acuerdo o concertación de precios “de los agentes económicos sino que es consecuencia de las fuerzas del mercado”.
Hay muchas estaciones de servicio que están compitiendo entre sí y los expendedores deciden el cambio de precios debido a esa competencia, agregó Palma.
El experto, Gutiérrez, explicó que se necesitan más pruebas para definir una acción ilegal, como prácticas que faciliten la colusión, acuerdo de voluntades, no hay explicación económica, si la estructura del mercado es propensa a ser cártel entre otras.
Uno de estos ejemplos es el hecho que las empresas manejen los precios no por competencias del mercado sino porque tengan acuerdos entre ellas y que haya pruebas como un caso, que mencionó de otro país, en el que tenían programas informáticos compartidos con datos de movimientos, precios o variables sensibles de las empresas.
Ejemplificó que si un competidor baja los precios en un área, el resto de establecimientos también lo bajan de forma similar porque si no pierde consumidores que se irán a otra estación de servicio cercana. “Es fácil enterarme que los precios de mi competidor bajaron porque se publican en las vallas” en cada estación.
Por el contrario si alguien sube el precio el resto lo van a subir porque es una manera de tener un mayor margen (de utilidad) ya que “probablemente cuando todos bajaron sacrificaron ese margen y a lo mejor no tuvieron nada de utilidad”. Estas acciones se dan en mercados muy competitivos, como el caso de Guatemala.
La comparación efectuada por Gutiérrez se basan en estudios de casos y fallos de autoridades de competencia de Estados Unidos, varios países de Sur América como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá, e informes de la OCDE de los años 2006 y 2013.
Ven necesaria ley de competencia
Los tres entrevistados concuerdan que es necesaria la ley de competencia en el país, la cual aún no existe ya que la iniciativa de ley se encuentra en discusión en el Congreso.
En esa ley debe estar también el sector de hidrocarburo, coincidieron Díaz, Palma y Gutiérrez. Sin embargo, explican que el sector de comercialización de Hidrocarburos ya tiene disposiciones para regular temas de competencia y sancionar medidas contrarias por medio de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos (decreto 109-97) y su reglamento.
Palma detalla que hay cuatro disposiciones de control en esa ley como el de la responsabilidad civil y penal, cuota discriminatoria, coacción de precio y concertación de precio, contenidas en los artículos del 34 al 38, entre otros.
Los denunciantes
Al respecto el diputado Carlos Barrera, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que no conoce el estudio en mención nila postura de esa organización, el cual tiene previsto que la gremial se lo presente este miércoles. Sin embargo dijo que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos establece las infracciones y sanciones concertación y coacción de precios y en base a esos dos aspectos se lograron recabar en la información sobre la cual se basaron para pedir al MEM, Diaco y otras autoridades a presentar denuncias no solo administrativas sino penales.
A pesar que las gasolineras son distintas hay solo cuatro grandes importadores que controlan el mercado, expresó el parlamentario. Barrera agregó que las autoridades incluyendo a la PDH han investigado los casos ya que pareciera que también hay acciones a las cuales los expendedores se les obligado a colocar los mismos precios.
“En el caso de le MEM esperamos que sigan analizando los expedientes. Las empresas están sujetos a sanciones económicas por temas administrativos de Q3 millones a Q4 millones según la tabla de sanciones” dijo Barrera, quien agregó que la Diaco “sí colocó una denuncia penal basado en acciones del Código Penal que prohíben acciones monopólicas” y está pensado con multas y cárcel.
Ahora las empresas deben presentar sus argumentos al MEM y al MP, agregó. Otras de las empresas denunciadas son las importadoras de gas.
En el caso de la Diaco, se da seguimiento a las denuncias presentadas en mayo pasado contra expendedores y se siguen analizando el comportamiento de los precios de los combustibles, si se observa la necesidad de otras denuncias se presentarán, con base a análisis técnico como se hicieron las primeras dijo Carlos Vásquez, vocero de la Diaco.
Explicó que están atentos a los datos y análisis del MEM y monitoreando los precios internacionales y en el país.
“La mesa de hidrocarburos sigue activa, y se está observando y estos días hubo una baja de precios en el mercado internacional por lo que deberían tener un efecto en el mercado guatemalteco” agregó, aunque el MEM les ha explicado que el cambio no es inmediato, expuso.
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